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El mundo se sigue moviendo con hidrocarburos. Los países de la OPEP
poseen el 81,5 % de las reservas; los países productores no integrados
en la OPEP apenas el 18,5% de ellas. Venezuela tiene el 24,8% de las
reservas de la OPEP: más que el total de aquellas de las que disponen
los productores no OPEP. Estas magnitudes difícilmente se modificarán:
mientras la demanda sube en forma persistente, baja el número de
descubrimientos de reservas y la cuantía de éstas: para 2012 hubo
2.478 nuevos descubrimientos con 30 millardos de barriles; para 2017,
apenas 555 nuevos hallazgos, con sólo 6,7 millardos de barriles. Vamos
hacia un mundo en el cual los hidrocarburos serán cada vez más escasos
y valiosos. Desprenderse del control sobre la explotación de la más
importante reserva global de ellos sería el más grave error político,
social, económico y estratégico del siglo XXI.

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Para empujarnos a cometer ese error los imperios asestan todos sus
arsenales. Desde insistentes campañas para acusar al oro negro de
todos nuestros males ("el excremento del Diablo"; "el Minotauro del
petróleo"), hasta la fábula de que ya no tiene valor, de que el
mercado está inundado, de que los productores deben pagar para que se
lo lleven de sus depósitos. Desde persistentes intentonas de golpe de
Estado e invasión militar, hasta la tentativa de quebrar a las
empresas productoras con un dumping que a partir de 2015 inundó al
mercado con la reactivada producción de Irak, el levantamiento del
cerco contra el petróleo iraní; la sobreproducción de Arabia Saudita
para comprar armamento, y sobre todo el desesperado intento de Estados
Unidos por lograr la autonomía energética mediante el fracking de
esquistos y lutitas a costa de la destrucción de su medio ambiente.
Señalé que dicho diluvio de petróleo barato no era sostenible, porque
implicaba la quiebra de las principales productoras no OPEP, cuyo
costo de producción ronda los setenta dólares por barril, y en efecto
no tardó éste en colocarse de nuevo por encima de la cota de los cien
dólares.

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A tales ofensivas añade el imperialismo una constante agresión contra
las empresas petroleras estatales para: 1) Desacreditar su necesidad y
la competencia del sector público para gerenciarlas 2) Sabotear su
capacidad productiva y cargarlas de deudas que las hagan parecer
inviables 3) "Salvarlas" comprándolas a precios irrisorios para
rematarlas al mejor postor o recuperarlas para obtener beneficios
escandalosos a costas del público y del país. Estas estrategias operan
a veces con la complicidad de políticos locales o funcionarios
internos. Todavía no hay un informe completo y concluyente que
establezca la responsabilidad de cada uno de estos factores en el
proceso que llevó a Petróleos de Venezuela S.A. de una producción de
3.254.000 barriles diarios en 2007, a otra de 335.000 barriles en
2020.

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A gallina de los huevos de oro en aprietos nunca faltan degolladores.
En la entrega 42 de sus Crónicas en Cuarentena, Juan Martorano
denuncia que "La reestructuración de PDVSA planteada por todos los
expertos de Guaido propone en esencia una privatización de la
industria, mas no de la empresa. Es decir su plan se basa en quitarle
a la empresa su rol activo y por lo tanto el control y el componente
político para así limitar sus poderes". Su plan se resume en
"privatización, inversión extranjera y menos o ninguna regulación
estatal de la industria. La gente de Guaido propone remover el
elemento político, es decir transferir nuestra soberanía a las
potencias extranjeras bajo la cobertura de la privatización haciendo
de nuevo a Venezuela un peón del juego geopolítico de los poderes
facticos y en particular de los EEUU".


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Al respecto, circula en internet desde marzo de 2020 una PROPUESTA DE
REESTRUCTURACIÓN PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. sin firmas de personas o
funcionarios que se responsabilicen por ella, suscrita por una
"Dirección Ejecutiva de Planificación", pero no por la Presidencia de
la estatal. (http://petroleumag.com/wp-content/uploads/2020/04/W20-428-PDVSA-reestructuracion-11.pdf.
) La anónima "Propuesta" usa en forma intensiva y exhaustiva la
palabra "negocios" para referirse a las actividades de PDVSA, hasta
completar 39 menciones. También emplea en forma generosa términos en
inglés, tales como "governement take" para aludir a la participación
del Estado, la cual debe ser llevada "a un monto lo suficientemente
atractivo para la inversión privada", es decir, disminuida. A tal fin,
se ordena para las empresas mixtas participantes la amnistía
tributaria para los grandes capitales propia de todo plan neoliberal:
"• Reducción permanente de la Regalía y del Impuesto Sobre la Renta, •
Eliminación definitiva de la Contribución Especial sobre Precios
Extraordinarios y Exorbitantes, • Eliminación definitiva de Impuestos
y Contribuciones Marginales, • Regulación por Ley de los Impuestos
Municipales". ¿De qué nos serviría entregar el tesoro de los
hidrocarburos a empresas que no pagaran impuestos?

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La "Propuesta" anónima además exige la "modificación del artículo 22
de la Ley Orgánica de Hidrocarburos", el cual pauta que "Las
actividades primarias indicadas en el artículo 9 de esta Ley, serán
realizadas por el Estado, ya directamente por el Ejecutivo Nacional o
mediante empresas de su exclusiva propiedad". Pues el citado artículo
9 dispone que "Las actividades relativas a la exploración en busca de
yacimientos de los hidrocarburos comprendidos en esta Ley, a la
extracción de ellos en estado natural, a su recolección, transporte y
almacenamiento iniciales, se denominan actividades primarias a los
efectos de esta Ley. De conformidad con lo previsto en el artículo 302
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las
actividades primarias indicadas, así como las relativas a las obras
que su manejo requiera, quedan reservadas al Estado en los términos
establecidos en esta Ley". La propuesta derogatoria de este artículo
permitiría excluir al Estado y las empresas de su exclusiva propiedad
de la exploración, recolección, transporte y almacenamiento de
hidrocarburos.


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La anónima "Propuesta" asimismo exige derogar el artículo 57 de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos, según el cual la comercialización de éstos
sólo podrá ser ejercida por empresas "de la exclusiva propiedad del
Estado para realizar las actividades establecidas en esta Ley y
adoptar para ellas las formas jurídicas que considere convenientes,
incluida la de sociedad anónima con un solo socio". De derogarse dicha
norma, la comercialización podría ser ejercida, no sólo por empresas
que no sean de la exclusiva propiedad del Estado, sino por empresas de
la exclusiva propiedad de particulares. Se entregaría así a
capitalistas privados la comercialización, la fase más rentable de la
explotación de hidrocarburos. La exploración, la explotación, la
refinación, el transporte, implican riesgos y exigen pesadas
inversiones. La comercialización se reduce a vender un producto ya
elaborado por otros y cobrar por él un precio superior al que se pagó
por obtenerlo. Hasta el presente han sido inútiles los esfuerzos del
Estado por regular o moderar los precios que el sector privado impone
a la ciudadanía. Nada autoriza a pensar que un sector privado
distribuidor de hidrocarburos sería la excepción.

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Cada párrafo de las propuestas destinadas a entregar la industria de
los hidrocarburos al capital privado debe ser minuciosamente analizado
por cada constituyente, cada candidato a diputado, cada venezolano. El
destino de PDVSA es el de todos. No incurramos en el más grave error
político, social, económico y estratégico del siglo XXI.