La barbarie ilustrada se cree dueña de la Universidad

El tema de conversación, por estos días, ha pasado a ser las ridículas pruebas presentadas por el gobierno de Uribe Vélez ante la OEA, acusando a la Patria de Bolívar de ser refugio de las Farc, hasta el número exacto de guerrilleros en nuestro territorio dice tenerlos el tóxico de Uribe: 1.500, establecidos en 87 campamentos cuyas coordenadas de ubicación las tiene el gobiernillo tóxico y según, las tomó de Google Maps, se imaginan ustedes estimados lectores y lectoras, y nos preguntamos: ¿por qué no tienen las coordenadas de ubicación de los cerca de 30 mil combatientes establecidos en su propio territorio?, ¿complicidad?, ¿ineficiencia?, ¿conveniencia?. Con esa denuncia o nuevo falso positivo, el tóxico de Uribe tapa un escándalo mayor que se le avecina, el descubrimiento de la fosa común más grande hasta ahora conocida en nuestro continente, con cerca de 2 mil cadáveres, certificada por una delegación internacional encabezada por seis eurodiputados, quienes deploraron que "el ejército asesine a su pueblo", al respecto, la senadora Piedad Córdoba, del Partido Liberal, dijo que se trata de la fosa "más grande de América Latina", y pidió a la comunidad internacional que atienda ese caso para que las autoridades de su país investiguen lo ocurrido en esa región. A la par que salía a la luz pública tamaño genocidio, la Fiscalía colombiana abría investigación sobre una modalidad de asesinar de los paramilitares, a finales de la década de los noventa, por los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de desaparecer a sus enemigos “de cualquier manera”, para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crecieran de manera desproporcionada en las zonas urbanas, que tuvo en Medellín y el área metropolitana una de las expresiones más crueles de la guerra paramilitar: LA UTILIZACIÓN DE HORNOS CREMATORIOS.

Auswitch, el holocausto judío, renacía en el recuerdo de la humanidad, esta vez en el gemelo de Israel en nuestro continente: Colombia. Pero Uribe, haga lo que haga tendrá que pagar sus crímenes de Lesa Humanidad, creemos que el Gobierno Revolucionario debe dejarse de tonterías y acusarlo ante la OEA de ser el mayor narcotraficante del planeta, y dar las coordenadas del palacio de Nariño para que se le ubique y detenga. Y así, como deploramos la barbarie colombiana, no podemos dejar menos que despreciar, el apoyo político que tiene esa acción criminal contra la humanidad, por parte del oposicionismo apátrida reunido en la MUD (AD, Copei, Primero Justicia, Podemos, Un Nuevo Tiempo, Consejos Universitarios, Asociaciones Profesorales y Estudiantiles de las universidades autónomas, Conferencia Episcopal, Fedecámaras, Globovisión, Rctv, El Nacional y El Universal, entre otras y otros agentes financiados por el imperio estadounidense). Todo nuestro respaldo a la ruptura plena con el gobiernillo de Uribe!!!

Así como actúan sus gobiernos de referencia, los apátridas reproducen en sus espacios de dominio político similares prácticas. Por estos días, en nuestras universidades el tema son las vacaciones; la ineficiencia administrativa, que comienza a evidenciar el camarada Edgardo Ramírez al frente del Mppeu, ha dejado sin el pago del Bono Vacacional a las trabajadoras y trabajadores universitarios, quienes apenas recibieron un pequeño anticipo del mismo; igualmente, a la fecha, sigue sin aprobarse el Crédito Adicional con el que se cancelarían las deudas derivadas de la Normativa Laboral firmada en octubre de 2008. Desde mayo, se inició su tramitación y es la fecha que la Asamblea Nacional no recibe los recaudos completos que permitan darle curso al mismo, mayor prueba de ineficiencia, imposible conseguirla en otro organismo público. Con tamaña muestra de burocratización de sus funciones, no hay garantía de triunfo en la batalla que, actualmente, se libra contra la corrupción universitaria (caso: Fondo de Jubilaciones y Pensiones).

Las vacaciones están consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Naciones Unidas, en el año 1948, se establece en su artículo 24 que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a vacaciones periódicas pagadas. Este Acuerdo suscrito por nuestra República Bolivariana adquiere rango constitucional en el Artículo 90: “Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descanso semanal y vacaciones remunerados en las mismas condiciones que las jornadas efectivamente laboradas…” La Ley Orgánica del Trabajo regula estos principios en el Capítulo V, De las Vacaciones, artículos 219 al 235, aunado a los beneficios adicionales que hayan obtenido los trabajadores/trabajadoras por la vía de la Contratación Colectiva, derecho consagrado constitucionalmente.

El objetivo de las vacaciones no es otro que asegurar a los trabajadores y trabajadoras un período continuado de descanso que les permita recuperar las energías consumidas en el período anual de trabajo; así como, interrumpir la prestación de servicios y el cumplimiento de las obligaciones que de ella se derivan. Cuando hablamos de vacaciones, estamos hablando de la supervivencia de seres humanos, de su salud, de su vida; por lo demás, está súper comprobado que el período de vacaciones, afecta positivamente el rendimiento de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, que mientras más satisfechos se sientan, su disposición para el trabajo será positiva, mayor compromiso tendrán con la institución, y su productividad aumentará en beneficio de ambas partes.

Entonces, claramente, se evidencia que las vacaciones no sólo favorecen al trabajador o trabajadora, sino también a la compañía en la que prestan sus servicios. No solo los efectos benéficos de las vacaciones tienen que ver con el trabajador/trabajadora sino que se expanden a su núcleo familiar con quienes disfrutará de ese período de tiempo dispuesto en nuestra legislación para su satisfacción. Así, como esto es más que obvio, también lo es, para que se cumpla con la condición del disfrute de las vacaciones, es requisito sine qua non que las mismas sean pagadas, valga decir, que el trabajador/trabajadora antes de salir de vacaciones reciba los beneficios económicos correspondientes (Bono Vacacional, tiquetes de alimentación, y otros beneficios correlacionados), es imposible disfrutar unas vacaciones si el trabajador/trabajadora no dispone de recursos monetarios para cubrir los gastos que le implican un viaje a un sitio de esparcimiento o de descanso. Por ello, la LOT coloca como condición determinante la cancelación de esos beneficios antes del inicio del período vacacional (Artículo 222).

El caso en cuestión, ocurrió en nuestra querida UCV, en la que una de sus Facultades, ante la proximidad de la fecha planificada para iniciar el período vacacional, devino en arbitrariedades hacia su personal. Ya previamente, el Decano y representantes sindicales se habían reunido y prevenido que esa situación, el no pago completo del Bono Vacacional, podría alterar la fecha de inicio. Pues bien, llegada la fecha: 20 de julio, aún los recursos para completar el Bono no llegan a las universidades, el equipo de apoyo del Decano es convocado para estudiar la situación y presentar alternativas, el sindicato tenía su decisión tomada: no salir de vacaciones hasta la cancelación completa del Bono, como dictamina la Ley. Esa posición del sindicato, induciría en el equipo de apoyo del Decano, que sus pasiones se desbordaran; ratificándole al Decano que la salida de los trabajadores/trabajadoras sería en la fecha señalada, salga sapo, salga rana; o por las buenas o por las malas. De inmediato, activaron la mensajería de texto indicándole a los trabajadores/trabajadoras de mayor confianza que las vacaciones se iniciarían el 20 y tendría que reintegrarse el 6 de septiembre, de manera muy sutil se le ordenaba que debieran irse de vacaciones. El propio 20 de julio, ya aquellos/aquellas amables profesoras/profesores que tenían hacia el trabajador/trabajadora un respeto y trato muy propio de los hombres y mujeres de Ciencias, se tornó brutal, la orden era cerrar los espacios de labores, cambiaron cerraduras de puertas. En aquellas oficinas en que hizo presencia el trabajador/trabajadora se encontró con un coordinador/coordinadora que le manifestaba que se iba de vacaciones o si no, lo pondría bajo las órdenes de personal; en fin, aquella figura bonachona del profesor/profesora desapareció por completo, y toda su carga de odio hacia el trabajador/trabajadora se hizo más que evidente. Ese 20 de julio, quedó a la luz de todos/todas que ese concepto de la universidad igualitaria y democrática, no es real; si de algo se dejó evidencia, fue de la profunda brecha social que separa al sector profesoral del resto de los trabajadores/trabajadoras (empleados y obreros), el profundo resentimiento social que tiene una parte del sector profesoral, que para infortunio de la comunidad universitaria, hoy dirige parte de nuestras universidades.

El 20 de julio, ambos factores componentes del Estado: el Mppeu y la UCV, como el resto de las universidades nacionales, se unieron para concretar una violación masiva de los Derechos Humanos de sus trabajadores/trabajadoras, en lo concerniente a sus derechos a tener vacaciones y pagas. Aunado al hecho, que las autoridades de dicha Facultad desconocieron una de las conquistas históricas que el movimiento de los trabajadores/trabajadoras obtuvo a través de sus años en lucha por su sobrevivencia: los sindicatos. Pues bien, así como les desconocían su derecho humano a las vacaciones, igualmente cuestionaban la existencia del sindicato, con señalamientos como: quién era el sindicato para definir las vacaciones?, desconociendo las figuras de representación local establecidas en la Contratación Colectiva. Urge la intervención de los órganos del Estado con competencia en la restitución de los Derechos Humanos lesionados de los trabajadores/trabajadoras universitarias, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo; así como del Minpptrass. Es inadmisible en un Gobierno, que se proclama Socialista, permitir que hechos como los aquí narrados puedan ocurrir, si algo ha caracterizado -en esta década de Revolución Bolivariana- al Gobierno Revolucionario, es el respeto absoluto a los Derechos Humanos y Laborales de todos/todas las venezolanas.

Hoy, cuando el Gobierno Revolucionario les ha otorgado ciudadanía universitaria a los trabajadores/trabajadoras, urge tomar conciencia de lo ocurrido ese 20 de julio; por eso lo comparamos con lo ocurrido el 27 de febrero de 1989, un sacudón de la conciencia universitaria, eso fue lo ocurrido. El trabajador/trabajadora universitaria debe asumir su rol en el proceso de cambios que reclaman nuestra instituciones universitarias, para colocarse a tono con una Patria en permanente cambio; la ciudadanía universitaria implica responsabilidades inéditas, y la primera de ellas, es la de colocarse en la vanguardia de los cambios, para que otro “20 de julio” no vuelva a repetirse nunca jamás. De ahora en adelante, las vacaciones deben fijarse tomando en consideración la opinión de los trabajadores/trabajadoras universitarias, de común acuerdo, dialogando y concertando, al romperse el mismo, allí están las Inspectorías del trabajo para hacer valer la opinión de los trabajadores/trabajadoras de la Patria.

La barbarie debe ser desterrada de nuestras instituciones universitarias, expropiadas por decadentes oligarquías profesorales apátridas, Constituyente Universitaria debe ser nuestra respuesta!!!


henryesc@yahoo.es


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Henry Escalante


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