El Gobierno de Israel suspendió oficialmente las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a miles de prisioneros palestinos, una decisión que ha sido calificada por organizaciones humanitarias como un intento de ocultar abusos sistemáticos en las cárceles.
La orden fue firmada por el ministro de Defensa, Israel Katz, y afecta a detenidos incluidos en una lista confidencial. Desde el inicio de la ofensiva militar en Gaza, el número de palestinos encarcelados ha aumentado en más de 6.000.
Según el comunicado oficial, permitir las visitas del CICR "pondría en riesgo la seguridad del Estado".
La decisión fue adoptada tras una recomendación del servicio de inteligencia Shin Bet, luego de que Hamás entregara los restos equivocados de un rehén israelí y tras una serie de bombardeos sobre Gaza que violaron el alto el fuego y dejaron al menos 91 víctimas mortales.
Denuncias de tortura y condiciones carcelarias
Diversas organizaciones humanitarias, entre ellas la ONG israelí B’Tselem, han denunciado el deterioro de las condiciones en las cárceles, incluyendo:
Maltratos físicos y psicológicos
Aislamiento prolongado
Privación de sueño y alimentos
Negligencia médica
La Sociedad Palestina de Prisioneros (PPS) condenó la medida y señaló que fue anunciada horas antes de que el Tribunal Supremo revisara una solicitud para reanudar las visitas del CICR, suspendidas desde el inicio de la ofensiva
Legislación punitiva y reacción internacional
La PPS también denunció que esta decisión coincide con la aprobación preliminar en la Knéset de leyes que permitirían la ejecución de prisioneros palestinos y la creación de tribunales especiales sin garantías judiciales.
Por su parte, Hamás calificó la prohibición como una violación flagrante de los derechos humanos y pidió a la comunidad internacional intervenir para detener las políticas represivas de Israel.