La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia dejó incólume la condena de 30 años de prisión impuesta a una pareja hallada culpable de los delitos de trata de personas y asociación para delinquir. Quedó probado en juicio que los acusados captaban a mujeres jóvenes con fines de explotación sexual.
Tal decisión está contenida en la sentencia N° 493 redactada por la magistrada Elsa Gómez y respaldada por sus colegas Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno Pérez.
Los condenados a 30 años de prisión están identificados como Iverson Steven Rodríguez y Stephany Andreína Aranguren. Mientras que una condena de 14 años de prisión le fue impuesta a Jean Carlos Morillo Sequera, acusado en el mismo expediente, pero por los delitos de inmigración ilícita y tráfico ilegal de personas y asociación para delinquir.
Los hechos que condujeron al enjuiciamiento de Rodríguez, Aranguren y Sequera quedaron plasmados en una sentencia emitida el 2 de noviembre de 2023 por el Tribunal 5° de Juicio con Competencia en Materia de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Allí se dejó establecido que los tres acusados formaban parte de una organización o red destinada a la trata de personas en la cual Iverson Rodríguez era el que se encargaba de captar a las víctimas, tal como fue el caso de Josneidi la cual fue abordada en Caracas y trasladaba hasta Colombia, "lugar en el cual se degeneraría su explotación sexual en la localidad de la Ceiba del Norte".
Asimismo, en el juicio quedó probado la participación de Stephany Aranguren como la persona que facilitaba el teléfono móvil para la captación de las víctimas. Es decir, Stephany le daba su teléfono móvil a Iverson a los fines de que el mismo captará a las víctimas, dice la sentencia del mencionado tribunal de juicio.
El otro acusado
Con respecto a Jean Carlos Morillo, era el encargado de recibir a las víctimas en un terminal de pasajeros ubicado en San Cristóbal (Táchira) para su posterior envío a Colombia, refiere la sentencia. Las condenas contra Rodríguez, Araguren (pena máxima) así como la de Morillo (14 años) fueron ratificadas el 15 de noviembre de 2024 por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital.
En razón de ello, los defensores de esas personas acudieron a la Sala Penal del TSJ para tratar de revertir dichas condenas. Los acusados plantearon varias denuncias explanadas en un recurso de casación, interpuesto por sus abogados. Una de esas denuncias señala que el tribunal de juicio "no indico el lugar de la supuesta red (trata de personas) como tampoco el tiempo desde que existe… porque no existe tal asociación".
Los defensores de Rodríguez, Aranguren y Morillo, justificaron en el recurso de casación la captación de mujeres (adolescentes) "motivado a la crisis económica del país… sin que en ello vaya implícitamente un interés en explotarles sexual, laboral o económicamente".
Los magistrados analizaron esa y las restantes cuatro denuncias encontrando en ellas un patrón común: el deseo de que la Sala Penal efectúe una nueva evaluación de lo ocurrido en el juicio realizado a los tres acusados.
Al respecto, los magistrados recordaron que ese planteamiento no es el que corresponde presentarse en un recurso de casación, en razón de lo cual lo desestimaron "por manifiestamente infundados". En consecuencia, la Sala Penal dejó incólumes las condenas de 30 años y 14 años impuesta a Rodríguez, Araguren y Morillo.