La condena a 26 años de prisión al general Rito Alejo del Río, por su responsabilidad en la muerte en 1.995,
de un campesino del Urabá Antioqueño, cuando ejercía el mando de la
XVII Brigada de Infantería del Ejército de Colombia, es una confirmación
de la responsabilidad del Estado colombiano como responsable de
violaciones graves del Derecho Humanitario y los Derechos Humanos de la
población civil y, por ende, una sindicación moral y judicial contra los
altos funcionarios del Estado como responsables, por acción y omisión,
de los crímenes de Guerra y Lesa Humanidad que las bandas paramilitares
al servicio de la oligarquía narcotraficante colombiana y a las empresas
transnacionales bananeras, ejecutaron con impunidad,
sevicia y extrema crueldad, contra los campesinos y trabajadores del
Urabá antioqueño.
Los
actos criminales del General Rito Alejo del Río, tan defendido por
quien fue gobernador de Antioquia para la época y luego dos veces
consecutivas presidente de la República de Colombia,
Alvaro Uribe Vélez, no pueden ser juzgados como delitos personales sino,
como decisiones y actos de Estado que hacen parte de una
estrategia militar, basada en la alianza con las bandas paramilitares,
para acabar con la lucha de los trabajadores sindicalizados contra la
explotación de las empresas transnacionales bananeras, desplazar a las
familias campesinas que ocupaban esas fértiles tierras apetecidas por
los jefes paramilitares y sus aliados latifundistas y derrotar, “con los medios que fueran necesarios”, las
estructuras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –
Ejército del Pueblo, FARC-EP, que operaban en esa región.
Hay
suficientes evidencias extraídas de las confesiones de los jefes
narco-paramilitares, como Salvatore Mancuso, “Jorge 40”, “Don Berna”, “El Alemán”, “Martín del Llano” y otros, acerca de que la alianza entre
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para que se produjeran las
masacres en las zonas de control o influencia del movimiento
revolucionario en armas, no fueron decisiones particulares de los jefes
militares y policiales en el campo de operaciones, sino una política que
se desarrollaba al margen de los procedimientos oficialmente
reconocidos pero cuyos resultados el Estado asumió como victorias contra
la insurgencia; legitimando con ello las masacres,
desapariciones, detenciones ilegales y desplazamientos
masivos de población civil cometidos por agentes del Estado. en alianza
con estructuras criminales, apoyadas por la burguesía rural y sectores
del mundo político.
Por
eso es que, la pretensión de la Judicatura colombiana de enjuiciar
algunos altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional,
como los Generales Maza, Naranjo, Santoyo, Uzcategui y ahora Rito Alejo
del Río, como responsables personales de algunos delitos cometidos en
actos de servicios, sin poner en el “Banquillo de los Acusados” la
responsabilidad moral y política del propio Estado Colombiano y, en
particular, a sus gobernantes y Jefes de sus Institutos Militares y
Policiales, es una posición que, además de reforzar la impunidad de
estos delitos que prevalecen en Colombia, favorece la
continuidad del conflicto social y armado que desde hace más de 50 años
desangra
al pueblo colombiano, impide a ese país desarrollar sus enormes
potencialidades de desarrollo y de bienestar y afecta el proceso de
plena integración, pacífica, democrática y solidaria de América del Sur.
y, por ende, de toda América Latina y el Caribe.
Dada la complejidad de las causas y las terribles consecuencias del conflicto armado en la República de Colombia, será difícil que felizmente culminen pronto los evidentes movimientos políticos del gobierno de Juan Manuel Santos, del Secretariado de las FARC-EP y el Consejo Central del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para propiciar un acuerdo de Paz, porque dentro de esos temas estará la amnistía para quienes, en el caso del general Rito Alejo del Río, mejor calificado como “El Carnicero De Urabá”, como en los casos de las bestias de las dictaduras sangrientas de Nuestra América, no podrán beneficiarse de tales medidas porque, como se ha dicho y demostrado, sus acciones son imprescriptible e imperdonables Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
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