El delito del secuestro de personas y de vehículos en Maracaibo y en el Estado Zulia en general, se ha convertido en una verdadera calamidad publica. Es una terrible realidad que mantiene a gran parte de la población en estados alterados de zozobra y angustia permanente. Créanme que es alarmante el número de personas que hemos sido victimas del secuestro o robo de nuestros vehículos, pienso que es muy probable que en una estadística realista el número de victimas de este delito supere en grande a quienes hasta ahora han tenido la suerte de salvarse. Convencido estoy que el desbordamiento de esta situación esta mayormente asociada a la penetración del fenómeno paramilitar colombiano que tanto daño nos ha causado y ha trastocado nuestra paz y tranquilidad colectiva. Considero también que a raíz de la implementación del DIBISE si bien pueden mostrarse logros importantes en la disminución de estos delitos, hay que aceptar que estos siguen ocupando un nivel muy alto, quizás y así lo considero, las comunidades no han logrado un nivel de conciencia y organización tal que permita su incorporación en las tareas de inteligencia social, que permita alcanzar un buen nivel de profilapsis social que nos beneficiara a todos por igual.
Es anormal el grado de agresividad y praxis criminal en el cual actúan estos monstruos criminales que en forma inhumana, cruel y despiadada asesinan sin piedad y a mansalva a quien se resista. Escribo estas reflexiones fundamentado en mi propia vivencia, en el año 2009 fui victima en dos oportunidades del robo o secuestro de mi cacharro del año ’85, la primera vez estacionado y por lo cual pague BsF 3500 por su rescate. Esta experiencia me obligo a contratar el servicio de vigilancia satelital. A los 2 meses siguientes, fui victima nuevamente, esta vez a decir policial: “a cañón” con mayor perdida por cuanto me robaron también una laptop, celular, caja de herramientas, caucho de repuesto, gato, etc. . Esta vez, gracias a la tecnología, a las 3 horas el vehiculo fue ubicado y recuperado por la policía regional (PR) y pensando ingenuamente que todo terminaría felizmente, vino el matraqueo, la amenaza de pasar el caso a Fiscalía por lo que hube de pagar BsF 450 para que me fuera devuelto. En base a esta experiencia personal y otras tantas de familiares, amigos y conocidos, creo que es urgente modificar el protocolo vigente de actuación en estos casos el cual facilita la practica corrupta que muerde doblemente a quienes somos victimas de este delito.
En modo general en este tipo de delito se cumple el mismo protocolo: tan pronto ocurre el hecho, el ciudadano notifica inmediatamente al 171 y quien disponga del servicio satelital informa también a su proveedor, se activa de inmediato el rastreo y ubicación de la unidad, los empleados de la empresa satelital acuden a la autoridad policial solicitándoles la recuperación, una vez cumplida èsta, el caso queda en manos policiales y es cuando en muchos casos se produce la intimidación, la amenaza de pasar el caso a Fiscalía o bajarse de la mula. No podemos caernos a mentiras, todo ciudadano que haya pasado por el vía cruzis del proceso de la Fiscalía prefiere cien veces caer en el pago al funcionario corrupto por cuanto lo otro representa por lo menos: 2 o 3 meses de espera; el pago de grúa, estacionamiento en el deposito judicial, el desgaste físico, emocional y la impotencia por lo absurdo y engorroso del procedimiento y al final, seria un milagro que tu vehiculo te lo devuelvan intacto. Vale la pena preguntarnos: por amor de Dios, ¿porque el ciudadano es afectado doblemente, una, por el delincuente que te robó y puso en peligro tu vida, y otra, por el Estado ineficiente que te castiga con mala praxis administrativa?.
Por último, para acabar con este procedimiento 4to. Republicano, obsoleto y propicio para corruptelas, propongo se implemente con la celeridad que las circunstancias y el alto índice que de estos delitos siguen ocurriendo, la siguiente practica: Una vez recuperado el vehiculo, haya sido notificado o no previamente su robo al 171, independientemente que la autoridad policial haya completado su bitara obligada de su actuación y completar los documentos que su reglamento, normas y leyes le sean obligatorios evacuar, se otorgue un lapso de 72 horas contadas a partir de la recuperación, antes de canalizar el proceso de pasar el caso a Fiscalía, este tiempo le permitirá al legitimo propietario previa presentación de los documentos que comprueben su legitima propiedad, la recuperación de su vehiculo y evitarse el engorroso y traumático proceso judicial. Transcurrido este lapso y no haberse presentado el propietario, la autoridad policial procederá a pasar el caso a Fiscalía. Ojala que estas ideas caigan en tierra fértil, es tiempo de demoler vetustos procedimientos obsoletos y propicios para practicas corruptas, es tiempo de avanzada ¡hay que arreciar la marcha, la Patria nos exige eficiencia, Patria Buena Socialista o Muerte, estamos obligados a VENCER¡
(*) Militante del PSUV/JUBILADO PETROLERO
MAYO 2010
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