El departamento de Córdoba, en el Noroeste de Colombia, es una unidad político administrativa de la república de Colombia, configurada como departamento de la nación en el año 1951, bajo la influencia de reconocidos gamonales conservadores asociados con el régimen fascista de Laureano Gómez (1950-1954) de ingrata recordación para los colombianos por las prácticas violentas de poderosos gamonales y terratenientes acostumbrados a tener ejércitos privados de paramilitares para subyugar a miles de campesinos, particularmente en ese territorio de la Costa Caribe, la matriz de las Autodefensas asesinas de Carlos Castaño y los ganaderos de Montería.
En Córdoba y su capital Montería, viven 2 millones de personas repartidas por sus 30 municipios y caseríos; lo hacen en condiciones espantosas de pobreza y de una aberrante concentración de la riqueza ganadera y de la tierra. La casta política de ese departamento es una de las más corruptas de todo el país, vinculada a las poderosas roscas de Bogotá, Medellín y Barranquilla; ahí tiene su hacienda el señor Uribe Vélez; el expresidente Santos está muy conectado con la maraña electorera de las casas electorales de allí; y los Char de Barranquilla proceden de esas tierras.
Ciertamente, el presidente Gustavo Petro, es oriundo de uno de sus municipios, Ciénaga de Oro, siendo la mejor y más auténtica expresión del movimiento popular y la resistencia social de la región; resistencia que ha tenido diversas manifestaciones en las últimas décadas con un papel destacado de los comunistas (del heroico partido comunista colombiano) y de las organizaciones maoístas, algunas de las cuales fueron cooptadas en su momento por el paramilitarismo hasta degradarse por la derecha como ha ocurrido en otros lugares del planeta.
Córdoba está viviendo desde la noche del 6 de febrero del 2026 una gigantesca tragedia invernal que afecta a casi 80 mil familias (350 mil personas) que lo han perdido todo (cultivos, viviendas y microempresas) por las inundaciones ocasionadas por las torrenciales lluvias propiciadas por un Frente frio que llega del ártico, que son corrientes frías de aire que desplazan el aire cálido, provocando lluvias, vientos fuertes o tormentas, lo que ha alterado radicalmente el cauce y el caudal hídrico de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete, verdaderos ecosistemas del "hombre anfibio" del que nos habló tanto el inolvidable Orlando Fals Borda en su memorable producción sociológica sobre la resistencia en el rio San Jorge, en la historia doble de la Costa Caribe (ver https://sentipensante.red/letras/historia-doble-de-la-costa-tomo-1/ ) para resaltar la grandeza de la civilización precolombina Zenu reconocida por su avanzada ingeniería hidráulica ancestral (de canales y ciénagas), la orfebrería y la tejeduría de caña flecha, que bien se puede recuperar en el Museo del Banco de la republica en Cartagena. Hoy los Zenu son como 310 mil personas, representando el 20% de la población indígena nacional con un creciente protagonismo político por sus luchas contra los terratenientes y ganaderos.
Esa población indígena y campesina es tal vez la más afectada por la tragedia climática en desarrollo que se ensaño entre la población ribereña del Sinú, San Jorge y Canalete, también alterado en su régimen hídrico por la presión de la apertura de las compuertas de la represa de Urra, cuya infraestructura administrativa está penetrada o secuestrada por los poderosos clanes latifundistas y ganaderos de Córdoba, lo que hizo que el presidente Petro le pidiera la renuncia inmediata a su gerente, punta de lanza de los más oscuros manejos de la mafia eléctrica colombiana.
Desafortunadamente esta aterradora tragedia sorprendió el actual gobierno en condiciones de una aguda debilidad institucional en la infraestructura organizada para asumir estos fenómenos asociados con el cambio climático; pues, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo de Adaptación (creado en el 2011 a raíz del fenómeno de la Niña) han sido socavados en su capacidad preventiva y de intervención por recientes escándalos de corrupción (Olmedo Lopez y compañía), burocratismo y tráfico de influencias que sus dos principales líderes (Carlos Carrillo y Angie Rodríguez) quieren corregir con gran empeño y compromiso con el presidente Gustavo Petro y la comunidad cordobesa.
El presidente Petro ha dictado un nuevo decreto de Emergencia económica para atender toda la problemática del departamento de Córdoba y de las otras regiones atrapadas en este descomunal diluvio provocado por las intensas lluvias desatadas tanto por el "Frente frío" como por el "fenómeno de la Niña" con su enfriamiento anormal de las aguas ecuatoriales del Océano Pacífico Tropical, que influencia las condiciones climáticas en muchas partes de Colombia, especialmente en la cuenca del pacifico.
Ojalá el odio ultraderechista de los golpistas de la Corte Constitucional no malogre el esfuerzo fiscal del presidente para que las grandes fortunas aporten de sus riquezas 8 billones de pesos que se requieren para atender la calamidad climática en curso.
En todo este proceso de intervención del gobierno será esencial contar con la participación muy activa de las comunidades con sus comités de control social, con las veedurías ciudadanas, con las Auditorías comunitarias y las Audiencias públicas comunales, para que vigilen y protejan la inversión gubernamental y eviten lo que está ocurriendo con los planes de recuperación de la Mojana, atascada en la maraña burocrática y en el extenuante trámite que aplaza por años (van casi 15) las soluciones requeridas por las comunidades en lo relacionado con la vivienda, la rehabilitación ecológica, los hospitales, las vías terciarias, las escuelas, los centros comunales y el tejido productivo.
Al respecto, Cesar Estrada Jaramillo, en Moñitos, ha registrado en la Personería municipal (ley 850 del 2003) la Veeduría ciudadana "Por los derechos ambientales y climáticos de las comunidades del Sinú/2026", que se propone convocar la movilización ciudadana en Córdoba para demandar la intervención prioritaria del Estado central y blindar los recursos correspondientes para que no vayan a ser capturados por los conocidos contrataderos de Montería como la Asociación de Municipios del Sinú (ASISCO) o la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), unos sórdidos trapiches de las mafias contractuales que se han robado miles de millones de pesos en el sector de la agricultura, las Regalías e Invias.
Lo cierto es que la transparencia y el acceso a la información junto con los datos de las agencias concernidas en estas inundaciones es fundamental para garantizar la integridad de los recursos apropiados para atender de manera urgente a mas de 350 mil personas de Córdoba, Sucre y la Mojana acorraladas por la furia de los ríos y la indolencia burocrática gubernamental.
En todo caso, en la coyuntura es prioritario resignificar el Sistema Nacional de Atención de Desastres para reforzar su capacidad preventiva, de la mano con las comunidades, las organizaciones sociales y de los grupos de valor que conforman la red de pequeñas, medianas y grandes empresas no vinculadas a la criminalidad del paramilitarismo latente en los fondos ganaderos y las asociaciones de comerciantes manipuladas por la ultraderecha uribista.
