Por ser la última oportunidad, la Constituyente 2017 debe interpelar a los jefes, directores y gerentes de organismos públicos

Muchos personeros importantes del proceso bolivariano, entre ellos el propio presidente Nicolás Maduro, interpretando el mensaje que lanzó o la determinación que asumió el Pueblo Patriota, Bolivariano y Chavista el pasado 30/Ag., han señalado que esto no es otra cosa que un llamado de atención a la Revolución para atender y resolver los problemas que, sin ser consecuencia de la acción directa de la derecha, en la misma proporción están afectando altamente la estima a los ciudadanos en general, esto es el excesivo burocratismo en las instituciones públicas y en muchos inescrupulosos funcionarios en todas las instancias del Estado.

De igual manera cabe destacar la expectativa positiva que ha logrado la Asamblea Nacional Constituyente en una mayoritaria parte de la población venezolana, por supuesto, dada la clara justificación expuesta por el camarada Nicolás Maduro, destacándose en ella la lucha contra el burocratismo y la corrupción, así como la atención pronta y efectiva de los problemas sociales que nos aquejan a todo/as tales como los relacionados con alimentos, medicina o salud, seguridad ciudadana o impunidad y justicia, servicios públicos en general, ante los cuales se ha orientado con toda precisión para el dictamen de normas constituyentes como actos, decretos, leyes y la propia nueva constitución.

Siguiendo con el tema del burocratismo y el daño que este causa, la Asamblea Constituyente, amén de la gran tarea histórica para refundar el bolivarianismo, tiene una obligación moral que no debe esperar mucho tiempo, pues, este viene haciendo estragos de la manera más insensible, logrando frustración y desencanto en los usuarios de los distintos entes de la administración pública, no me referiré a la razones que pudieran tener cada funcionario, sea de alto, medio o bajo nivel, pero lo que si es cierto, es que ante la impunidad con que actúan o eluden su obligación, la Comisión de la Verdad tiene que actuar con la misma contundencia que está anunciada ante otros problemas de injusticia que socaban la paciencia de los ciudadanos.

Me permito exponer un ejemplo en carne y sensación de frustración propias: En la SUNAVI o Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda de Carabobo, donde funcionan varias dependencias nacionales relacionadas con tierras urbanas y viviendas, en el local de Valencia, además de los afiches alegóricos por doquier, en pleno patio central está colocada una pancarta gigante que presenta una foto a todo color del Comandante Chávez, diciendo algo así como: "es una institución nueva nacida del propio Poder Popular" asimismo, cumpliendo la orden de Diosdado, hay cartelitos por todas partes con sus "aquí no se habla mal de Chávez"; cualquiera que haya ido a esas dependencias en búsqueda de una solución habitacional y seguramente haya visto tales publicidades, teniendo incomprensiblemente que esperar casi toda una mañana y parte de la tarde para una respuesta generalmente a largo plazo o negativa, al relacionar la publicidad referida y el desempeño de lo/as funcionario/as más visibles, se asume con el derecho a pensar que se trata de una burla inmerecida tanto al Comandante y hacia el pueblo usuario, como al presidente Nicolás Maduro, si se toma en cuenta la arremetida opositora e imperial, que es lo mismo, en la presente coyuntura.

Particularmente en función de mi profesión de abogado, acudí al Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU) para solicitar una liberación de venta preferencial de inmueble, habiendo entregado mi respectiva carpeta, pensé ilusamente que con suerte, en las manos del mismo jefe Ángel Cuevas, éste me comunica que lo remitiría al departamento jurídico, hace aproximadamente tres meses. En búsqueda de la respuesta del jefe me presenté de nuevo dos semanas después a eso de las 08:00 am, esta vez encontré una cola casi con las mismas características de enredo y número de personas como las que se hacen en los mercados en procura de comida regulada; luego de sortear el tiempo de dos horas, logro entrar pero sigue la cola para hablar con el funcionario subalterno a quien llaman Benito encargado del Intu, allí me tocó conocer las frustrantes experiencias en boca de otras personas; éste funcionario parando el trabajo intempestivamente a cada momento, sin afirmar que a su antojo, pero sin explicación alguna, hace que la cola parezca interminable y el tiempo arrollador e inclemente. Cuando me tocó el turno con Benito me hace firmar lista de atendido/as para las "benditas estadísticas"; al plantearle mi caso busca en una lista y me dice que no está la respuesta, le riposté que el jefe me había informado que lo remitiría a jurídico, éste me comunica que la abogada Heydi estaba de reposo o vacaciones, no recuerdo, que volviera en dos semanas más. No me quedó otra que salir con la primera frustración.

Vuelvo en esas dos semanas pero sigue la frustración porque la abogada no fue a trabajar ese día, no supe ni me importó mucho si la causa era o no justificada. Así pasaron los días martes y miércoles de varias semanas que justificaron el ausentismo administrativo en ocasión de los actos terroristas en la Av. Bolívar Norte de Valencia, donde está ubicada la SUNAVI.

La perseverancia y responsabilidad con la encomienda hacen que me presente otra vez al Intu en procura de respuesta, por supuesto, con mi respectiva cola por delante. Oooh, sorpresa, conseguí a la abogada Heydi, una linda y amable joven, pero de inmediato el desencanto, me informa que el jefe Ángel Cuevas, no le había pasado nada. Lamentablemente el jefe no estaba pero según llegaba a las 12 m., estando cerca de esa hora decidí esperar. Al fin llego y lo abordo, este me atiende apurado porque según, algunos empleados él tenía que ir a buscar a los hijos al colegio. Después de afirmar que no se acordaba de mi caso ante mi explicación me dice que la carpeta la pasó a jurídico pero sin ninguna constancia, con esto noté que en esta institución no existe ninguna formalidad de entrega interna como debe hacerse en cualquier institución pública o privada que se respete como prueba irrefutable, al fin y al cabo quien paga esta irresponsabilidad es el débil jurídico, o sea, el usuario, o más bien, el pueblo sin doliente.

La abogada, con toda responsabilidad le dice al jefe que a ella no le pasaron mi carpeta, cuestión que me lleva a comunicárselo al jefe, éste un poco molesto pero con disimulo cambia la versión y dice que lo pasó a su asistente Carelis o algo así. Ella, después de buscar en sus carpetas sin encontrar la mía, tratando de exculpar a su jefe me ofrece que tramitaría mi caso pero que debía entregarle otra carpeta con los recaudos. Así lo hice una semana después porque la primera la botaron.

Pasaron los días de trancas violentas de la oposición en Valencia y marchas hacia Caracas del chavismo, así como las elecciones del 30/Ag., me presenté otra vez al Intu en busca de mi solicitud. Me toca otra vez hablar con Benito, este me indica que es hora de almuerzo y debía esperarme hasta la 01:30 pm, logro decirle que me informara si habían hecho el documento para esperar con esperanza cierta, me remite a la abogada pero al no estar ésta en su oficina, busco a Carelis poco antes del mediodía hora sagrada para el respectivo almuerzo; la encuentro en su oficina y me dice cual pelota de pin pon que le pregunte a Benito, le riposto que yo, como ella me sugirió le había traído y entregado una carpeta nueva y que solo debía informarme si la trabajó o no, me insistió que esperara a Benito y le preguntara, le insistí sobre la carpeta entregada en sus manos y el destino que ella le había dado, ella, igual insistiendo, reiteraba que era Benito quien debía saber. Por último le pregunté si ella tenía alguna constancia de haberla entregado o remitido a Benito u otro funcionario, la respuesta fue igual de negativa como la anterior de su jefe.

Agotando toda la paciencia y a riesgo de crearme fama de busca peo y malponerme con los funcionarios, busque al jefe y lo encuentro en un pasillo le informo lo sucedido, este sin detenerse me pregunta cuánto tiempo tiene el documento de la casa, le respondo que se trata de una casa que tiene entregada más de 20 años pero el terreno apenas meses pero que lo que se quería hacer es una permuta o trueque en la misma zona, éste, como tabla de salvación me responde con aire de incolumidad que no puede liberarla porque eso podría llevarlo a la contraloría y sancionarlo, ante eso le dije, ah, está bien, tres meses en busca de una respuesta y me la das sin haber visto siquiera la justificación de la solicitud, dónde está la oportuna respuesta que deben ustedes y cómo queda el derecho de los ciudadanos a recibirla; este llamado director del Intu, de manera irresponsable me responde que esa es tarea de la abogada.

Estas y seguramente más son razones suficientes para pensar y creer que esta institución, nacida del Poder Popular para atender las necesidades del pueblo en deseos del Comandante Chávez, lamentablemente está tragada por un burocratismo inmisericorde, dejando en su corta vida una estela de injusticia y frustración en la ciudadanía, por lo tanto la Asamblea Nacional Constituyente 2017 y la Comisión de la Verdad y la Justicia debe interpelarla con toda justificación.
 



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Gustavo C Vásquez


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