Una batalla frontal con más de dos siglos de espera

El mal de la corrupción en la vida republicana venezolana (I)

En fecha reciente la derecha venezolana ha escenificado un fuerte debate ante la intención del Presidente Nicolás Maduro de solicitar a la Asamblea Nacional, una Ley Habilitante para combatir con todos los medios las diversas formas de corrupción, las cuales socaban los fundamentos de la construcción del Estado de Justicia Social y Derecho, proceso que va de la mano de la formación de un hombre y mujer nuevos cuyo soporte es la ética bolivariana y socialista, esto es humanismo, solidaridad, transparencia, valores y principios estrechamente vinculados con el compromiso social a favor de la igualdad, justicia y desinterés . Es encomiable que el Presidente Maduro quiera dar la pelea frontal y bien vale la pena cerrar filas en torno a ese cometido y asumir el reto. La corrupción es una hidra anciana de mil cabezas, contraria al principio constitucional que establece como un fin último del Estado: la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. En nuestra historia desde tiempos coloniales se pueda rastrear su huella hasta nuestros días, de forma que es no es cualquier batalla la que libraremos. Repasemos brevemente algunos capítulos de esa historia menos contada y que va olvidándose en el tiempo.

1.En el papel de trabajo del investigador Cristián Camacho, El Aprendizaje social de la corrupción administrativa en Venezuela: una explicación desde el punto de vista de la psicología se narran los siguientes casos de corrupción durante los últimos años de la colonia. Desde fuentes mantuanas narra el Marqués del Toro, refiriéndose al gobierno de Caracas, que organismos débiles y hombres sin talento otorgaban cargos conforme a recomendaciones y compadrazgos. En otro documento, el Marqués insiste en señalar las influencias que se manejaban desde la Real Audiencia para otorgar cargos públicos: “Ya deja ver el uso que (...) habrán hecho de la primera autoridad (..) cual es conceder los empleos y judicatura (...) en razón de la mayor cantidad que les presentan. Las gentes sensatas y el mérito son rechazadas, despreciadas y despedidas de esta casa”. Se refiere a la conducta administrativa cuestionable de los oidores “cuya vida, reputación, y costumbres, no es fácil describirlas ni yo me atrevería a hacer a V.M. un manifiesto que le será tan doloroso (...) sus delitos me impelen, y me avergüenzan, al contemplar tantas maldades en hombres en quienes sólo debíamos ver el modelo de nuestras acciones”. Refiriéndose al “primer Ministro de Vuestro Real Erario”, lo acusa de “gravísimos daños (...) pensando únicamente en saciar su hidrópica sed de oro (...) ningún medio ha omitido para contentar esta pasión: gracias exclusivas, testaferros, cerrar y abrir los puertos según lo pedían los intereses, todo, todo, lo hemos visto practicar en favor de su engrandecimiento, y en aniquilación de vuestros leales vasallos”. En un documento de José y Martín Tovar Ponte, otro conocido mantuano, se denuncian manejos irregulares de parte del hijo del Capitán General en complicidad con terceros. Mediante manejos inescrupulosos, planeaban obtener beneficios utilizando el poder de la Capitanía, dejando sin provisión de carne a la población de la Provincia de Venezuela para contrabandear con las Antillas y así obtener buenas ganancias. Por este caso se denuncia a José Ignacio Casas y a Lino de Clemente como los perpetradores. “El objeto según la voz pública era conducir dieciocho mil arrobas de carne a la isla de la Guadalupe”. La negociación ilícita, aunque fue descubierta y paralizada, revela el bajo nivel de solidaridad social y el afán de lucro, tanto de sectores del grupo dominante como autoridades políticas, dispuestos a emprender negocios lucrativos aun siendo ilegales. También denuncian al Capitán General como vendedor de tenientazgos y licencias de comercio, así como de otorgar los grados militares a quien sirviera en su casa y se prestara para sus negocios. Sobre este mismo asunto, agregan: “Se sabe, que los Regidores Diputados para el abasto del público, no celan ni obran con exactitud, porque Don Juan de Casas luego que entró en el mando, reprendió a los primeros regidores de mes por haber quemado el pan de harina corrompida que se vendía en la plaza, diciéndoles que esto no perjudicaba ni hacía daño a la salud; para que las harinas que estaban estancadas(...) no se desacreditasen, ni las perdiesen los interesados, cuyo estanco lo sostuvieron firmemente el Gobernador, y el Intendente, a pesar de haberlo resistido el Cabildo”.

Sostiene el autor del ensayo que, este tipo de conducta hizo que valores como el trabajo y la honradez al no ser socialmente premiados y mas bien, vistos con indiferencia por parte de las autoridades, hacía que la gente fuese poco estimulada para actuar con rectitud en la prestación de servicio y menos aún, para guardar lealtad administrativa al monarca español que estaba lejos de estas tierras.

2. En otro trabajo de investigación, el profesor y abogado Elio Gómez Grillo en un trabajo de investigación titulado, El Libertador de América, Simón Bolívar, ante la Corrupción Administrativa señala que la postura del Libertador Simón Bolívar frente a la corrupción administrativa siempre fue clara y sin dobleces, considerándola un mal que carcomía el Estado por ser contraria al interés general de la sociedad y a la virtud que debe caracterizar el desempeño de la función pública. De hecho fue partidario de aplicar duros castigos, contemplando incluso la pena capital para quien cometiese tales actos. En diversas ocasiones así lo puso de manifiesto. En 1813 durante el sitio a Puerto Cabello, dictó un Decreto contra los empleados que defraudaran con la renta del tabaco; fuente de ingreso público de gran importancia para sostener económicamente la causa patriota. Con frecuencia se ha citado el artículo 1 de ese Decreto que establecía pasar por las armas y embargar los bienes de quien defraudara, dilapidara, robara o manejara de forma ilícita la renta del tabaco, haciéndolo extensivo a las autoridades y jueces que no aplicaran la ley por “…conveniencia, parcialidad u otra cualquier causa”.

La postura de El Libertador ante la corrupción administrativa se basaba como se ha dicho, en la convicción del interés superior encarnado en la República. Por eso que, “ Yo sé que las penas capitales participan de la crueldad; pero la existencia del Estado es preferente a todo. Así no he vacilado en mostrarme severo contra los delincuentes que se alimentan de la sangre de sus conciudadanos”. En una carta escrita en 1827 escribió en forma dramática que, “Las malas leyes y una administración deshonesta han quebrado la República; ella estaba arruinada por la guerra; la corrupción ha venido después a envenenarla hasta la sangre y a quitarnos hasta la esperanza de mejora”.

El peculado y a la corrupción administrativa los enfrentó no sólo con acciones punitivas, sino también mediante la prevención. Fue así que dictó la primera normativa que reglamentaba la carrera administrativa en un Estado en formación.

Ante el tráfico de influencias, El Libertador dictó un Decreto de fecha, 16 de septiembre de 1824, mediante el cual responsabiliza a los funcionarios superiores del Estado por la incompetencia de los subalternos que han obtenido sus cargos mediante recomendación. Esto lo fundamenta en el siguiente criterio: “ las funciones públicas pertenecen al Estado; no son el patrimonio de los particulares, ni algunos que no tenga probidad, aptitud y merecimientos es digno de ellas”

 

En una intervención ante el Congreso peruano anunció la aplicación de “penas terribles contra los agentes del tesoro que contribuyan a defraudar las rentas públicas” . En 1824, Bolívar dicta una disposición referida a los empleados de aduana, resguardos, capitanías de puertos o cualquiera otro destino en la Hacienda Pública. De acuerdo a esta normativa, sanciona tanto la comisión de fraudes contra el patrimonio nacional como su ocultamiento. En ambos casos, el culpable “quedará sujeto a la pena capital que se le aplicaría irremisiblemente” . Poco después en 1825, desde el Cuzco nuevamente argumenta que “la mayor parte de los agentes del gobierno le roban su sangre, y esto debe gritarse en los papeles públicos y en todas partes” . Y tres años después, en carta a Mariano Montilla, escribe: “ruéguele usted, por Dios al Señor Ucrós, que penetre hasta el último arcano de los fraudes, para limpiar de sabandijas esa aduana y de broma esa bahía; y de zánganos y sanguijuelas toda la costa”.

 

El 12 de enero de 1825 estando en Lima en ejercicio de los poderes dictatoriales sanciona un Decreto, en el cual ordena que: “…al funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos para arriba, queda sujeto a la pena capital” que se aplicaría igualmente a los jueces “a quienes según la Ley compete este juicio, que en su caso no precedieren conforme a este decreto” . Y en 1827, en Caracas, repite la fórmula contra el funcionario que sustraiga para sí bienes del Estado, “ por pequeño que sea el montamiento incurrirá en la pena de muerte y confiscación de todos lo bienes si no tuviere hijos y la del tercio y quinto si los tuviere, indemnizando además el montamiento de las costas procesales y la cantidad sustraída”.

 

Esa actitud pública de lucha a ultranza contra la corrupción administrativa la complementa e ilustra Bolívar con su conducta pública y privada. A Santander le había escrito el 27 de noviembre de 1823 refiriéndose al Congreso del Perú: “Se me olvidaba decir a usted, que me han señalado cincuenta mil pesos de sueldo, pero yo he contestado que no los admito, porque no es justo, ni noble, que yo me ponga a sueldo del Perú pudiendo, con mil onzas que pueden gastarse aquí, librar de esta mancha al jefe de Colombia. Y apenas poco más de un mes después, el 9 de enero de 1824, se dirige al presidente del Congreso de Colombia, expresándole: “ renuncio, desde luego, a la pensión de 30,000 pesos anuales que la munificencia del Congreso ha tenido la bondad de señalarme; yo no lo necesito para vivir, en tanto que el Tesoro Público está exhausto” .

 

En términos semejantes se dirigió al Constituyente del Perú en 1825, cuando acordó otorgarle los honores de presidente de la República y erogar en su beneficio un millón de pesos. Bolívar, al no aceptar este dinero, le dice al Constituyente que, “ sería una inconsecuencia monstruosa si ahora yo recibiese de manos del Perú lo mismo que había rehusado a mi Patria” .

 

De nuevo en carta al general Francisco de Paula Santander, del 22 de febrero de 1825, le hace saber su decisión sobre la actitud que asumiría con la compañía británica que se había creado para iniciar las obras del Canal de Panamá: “ He visto la carta de usted —le escribe a Santander— en que se propone sea yo el protector de la compañía que se va a establecer para la comunicación de los dos mares por el istmo. Después de haber meditado mucho me ha parecido conveniente no sólo no tomar parte en el asunto, sino que me adelanto a aconsejarle que no intervenga usted en él. Yo estoy cierto de que nadie verá con gusto que usted, y yo, que hemos estado a la cabeza del gobierno, nos mezclemos en negocios puramente especulativos”.

 

La desesperación del Libertador es tanta, ante las abrumadoras evidencias de corrupción administrativa en los países liberados por él, que con claridad, en una carta dirigida al general Rafael Urdaneta fechada el 24 de diciembre de 1826 escribe: “Parece que se quiere saquear la República para abandonarla después. Cada día me convenzo más por lo que veo y oigo en todo el país, que la hermosa organización de la República ha convertido al país en otra gran Sierra Morena. No hay más bandoleros que, en ella. ¡Esto es un horror! y lo peor de todo es que, como otro mártir, voy a batirme por sostener la santidad de nuestras leyes. Entiendo y aún lo veo, que los pérfidos o más bien los viles que han manejado los créditos contra el gobierno, han robado a la patria cruelmente ¡Benditas leyes!...” En este país —concluye diciendo— “…está prohibido el comercio lícito y sus habitantes no son más que contrabandistas y los empleados del tesoro bodegueros”.

 

En síntesis Bolívar nunca ocultó su rechazo y el profundo desprecio personal que sentía contra los corruptos. Podemos apreciarlo en la correspondencia que dirige al presidente del gobierno del Perú, Dr. Unanue, el 25 de noviembre de 1825, en la cual insiste, "...la clemencia con el malvado es un castigo del bueno; y si es una virtud la indulgencia, lo es, ciertamente, cuando es ejercida por un particular, pero no por un Gobierno, porque los malvados no tienen honor ni gratitud y no saben agradecer, sino temer”.

 

3.Para El Libertador, los legisladores y magistrados deben ser ciudadanos virtuosos que ejerzan la función pública con moralidad y justicia. En el discurso de Angostura, la concepción de Bolívar acerca de la corrupción se contiene como apéndice a la Constitución en la propuesta del Poder Moral (11 de agosto de 1819). Allí se expresa que la Cámara Moral tiene como atribuciones, el castigo de los vicios con el oprobio y la infamia, a la vez que premiar a las virtudes públicas con honores y gloria (art. 1). Asimismo en la Constitución de 1821 en Cúcuta, con la cual se integra la unidad político-territorial de la Gran Colombia , se establece que los miembros del Congreso gozan de inmunidad en sus bienes y persona, excepto en los casos de traición u otro delito calificado de grave contra el orden social (art. 66).

 

Esta idea de nuevo se presenta en el discurso ante el Congreso Constituyente boliviano en el cual se expone el proyecto de Constitución el 25 de mayo de 1826, en el cual se contempla la creación de una tercera Cámara en el cuerpo legislativo, la Cámara de Censores que ejercerían la potestad moral de condenar a los usurpadores y criminales y concederían honores públicos a los servicios y virtudes de los ciudadanos, debiendo tener una vida virtuosa y en caso de delinquir serían acusados hasta por las faltas mas leves.

 

4. Una vez separados de la Gran Colombia, a lo largo del siglo XIX abundan las anécdotas de todo tipo acerca de manejos fraudulentos de la hacienda pública, por parte de Presidentes de turno y autoridades, cuando no el abuso de poder para obtener ventajas o el manejo de los recursos públicos como fortuna personal. Al General Páez se le ha señalado el haber hecho buenos negocios con la compra de los haberes militares, suerte de título de propiedad de la tierra dado a los soldados que pelearon en la guerra de independencia, como justo reconocimiento por los servicios prestados a la República. Pues bien, los adquiría a precio devaluado y así concentraba la propiedad en grandes haciendas y fundos. También se señala al ministro de su gobierno Pedro José Rojas, quien entre otras cosas negociaba con armamentos y vestuarios, el arreglo de calles, la extracción de sal, el acueducto y hasta la construcción de un faro en los Roques.

 

Bajo el gobierno de José Tadeo y José Gregorio Monagas hubo señalamientos de corrupción. La picaresca criolla enfiló sus baterías a Luisa Josefina Oriach esposa de José Tadeo y cuentan que en abril de 1858, durante la semana santa se quemó un Judas Iscariote que la representaba con unos papeles de crédito en la mano y un bolsillo abultado que semejaba estar lleno de dinero. Quizás uno de los mas gobernantes mas señalados del siglo XIX es el Ilustre Americano Antonio Guzmán Blanco, quien se enriqueció por largo tiempo. Entre otros negocios se menciona el ferrocarril francés, que dio buenas comisiones para su instalación en Venezuela. Pero además reconocido por su ego enorme, dado a la lisonja y adulación como nadie, cuentan que una vez, un personaje a quien no terminaban de nombrar cónsul en las Antillas entró a su despacho, Guzmán lo miró de soslayo y apenas lo dejó hablar y ante el gesto de disgusto del Presidente, mientras se retiraba cabizbajo de la oficina, dijo en alta voz, hasta en eso se parece usted al Libertador, mi General. Al día siguiente estaba designado en el cargo.

 

Una práctica extendida entre los funcionarios de mediana jerarquía era tomar los bienes públicos cuando un equipo de gobierno salía. Así narra Friedrich Gerstacker hacia 1868 que, se llevaban casi todo, desde papel, sobres, plumas de escribir, alfombras y hasta las sillas. El que llegaba tenía entonces que ingeniárselas hasta conseguir todo de nuevo. Un testigo de excepción, el abogado Pedro Núñez de Cáceres narra como una alfombra adquirida para el Senado fue a parar a la casa particular de Joaquín Herrera, quien era Presidente provisional. Narra asimismo como desaparecieron candelabros de plata y globos geográficos que estaban en la casa de gobierno.

 

Iniciando el siglo XX, el largo periodo de gobierno del General Juan Vicente Gómez en nada mejoró la situación analizada, por el contrario la sola expresión que Gómez manejaba a Venezuela como su hacienda, da la idea de la apropiación de lo público como privado. Al punto que la fortuna personal del dictador llegó a ser una de las mas grandes de América Latina, siendo calculada alrededor de 150 millones de bolívares de aquella época.

 

5.Durante el puntofijismo la corrupción ha tenido largo historial, baste señalar algunos ejemplos. Comencemos por mencionar la compra del famoso barco frigorífico del Sierra Nevada en 1979 por la Corporación Venezolana de Fomento, negociación hecha con sobreprecio de 8 millones de dólares y cuyos indicios inculpaban al entonces Presidente Carlos Andrés Pérez, quien resultó libre de responsabilidad por el Congreso Nacional de la época. El segundo con toda la seriedad del caso resulta hasta tragicómico. Se refiere a la corruptela del gobierno adeco de Jaime Lusinchi, famoso por sus borracheras en Palacio y sus amores con su secretaria privada, Blanca Ibañez, el poder real detrás del sillón presidencial. Pues bien, ante los desmanes y triquiñuelas en el otorgamiento de divisas preferenciales a través de RECADI, sistema que benefició entre 1983 y 1989 a grandes empresas privadas vinculadas a connotados apellidos venezolanos, personas particulares y altos funcionarios públicos, se llevó a cabo una investigación en 1989 que involucraba a 14.000 empresas, pero de la cual sólo resultó un culpable que la televisión en blanco y negro de la época mostró una y otra vez como un trofeo, mientras conducían al centro de detención; un ciudadano de nacionalidad china de nombre Ho Fuk Wing; a quien la burlesca criolla que no pierde una, bautizó con el nombre del chino de RECADI. Todo esto ocurrió en 1989 con el telón de fondo del Caracazo y el estallido de la rabia de un pueblo hastiado de tanta corrupción y desgobierno, en medio de la exclusión y abismal pobreza en un país rico.

En esta etapa de dolorosa de vida republicana, un aspecto importante es el débil desarrollo de instrumentos legales que enfrentaran el flagelo de la corrupción. La Constitución de 1961 apenas contiene un par de referencias como la circunstancia de prohibir expresamente que un funcionario público pueda celebrar contrato con el Estado o la creación de la Contraloría General de la República como ente vigilante. Otras normas jurídicas son el Código de Ética para el Funcionario Público (1997) y la Ley Aprobatoria de la Convención Americana contra la Corrupción (1997) y un Instructivo Presidencial del Código de Conducta de los Servidores Públicos (1998).

frlandaeta@hotmail.com



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Francisco Rodríguez L.


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