La polémica por los "petrocontratos" hizo rodar ayer la cabeza del titular de YPFB, Manuel Morales Olivera, hasta hace poco hombre de confianza de Evo Morales. En su lugar quedó Guillermo Aruquipa, hasta ayer viceministro de Exploración y Explotación de hidrocarburos y uno de los artífices de la ley de hidrocarburos presentada por el MAS, ahora en el poder, al Parlamento en 2005 y considerada un antecedente del decreto de nacionalización de 2006. Esa medida, principal fuente de la popularidad del mandatario socialista quedó bajo un manto de dudas al salir a luz una cadena de desprolijidades que tiene a Morales Olivera como principal responsable.

En un nuevo capítulo de la crisis, el ex ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, había puesto en duda la legalidad de los convenios "por no haber sido aprobados por el directorio de YPFB", al tiempo que el ex titular de la petrolera estatal, Juan Carlos Ortiz, afirmaba que se habría negociado sin su conocimiento la flexibilización de los contratos originalmente suscriptos con la brasileña Petrobras. Estas dos revelaciones dieron nuevos argumentos a la oposición —que controla el Senado— para mantener congelados los contratos mientras avanza la investigación parlamentaria. Muchos analistas creen que esto puede poner en riesgo el aumento de los volúmenes de exportación a Argentina ya acordados (VerGas...).

El embrollo actual tiene varios flancos: los contratos que llegaron al Congreso no son los mismos que los firmados el 28 de octubre de 2006. Se confirmó que existieron negociaciones reservadas con las petroleras luego de esa fecha para flexibilizar los anexos que determinan el reparto de la renta entre YPFB y las firmas privadas. Y, finalmente, se supo que el entonces "asesor" Morales Olivera —con escasa experiencia en el área— operó a espaldas del presidente y del directorio de YPFB, y del propio ministro de Hidrocarburos Carlos Villegas. Más tarde, Morales Olivera ascendió a presidente de la petrolera estatal y ayer dejó el cargo en medio del enojo presidencial.

"El único contrato que yo tengo conciencia de haber firmado con Petrobras es el original. Yo no autoricé ninguna renegociación", disparó Juan Carlos Ortiz ante los senadores. Villegas también se había desmarcado de la renegociación, en tanto que Soliz Rada apuntó más arriba: "El origen de la responsabilidad está en el presidente de la República, por haber permitido que fuera un asesor el encargado de negociar con las petroleras".

En medio de la pelea con la oposición, Morales Olivera admitió que estudios de abogados de Nueva York —pagados por la venezolana PDVSA— habían participado en la redacción de los contratos.

Pese a todo, desde el gobierno destacan que los ingresos del Estado boliviano pasarán de US$ 200 a 1.200 millones anuales gracias a las nuevas reglas. Aseguran que en los denominados "campos grandes" —controlados por Petrobras, Repsol-YPF y la francesa Total— el Estado recibirá, por impuestos y regalías, el 82% del valor de la producción, pero esto está en duda ya que los diferentes anexos firmados establecen distintos modos de calcular los "costos recuperables" de las empresas. Se agrega un debate conceptual: como YPFB deberá absorber parte del riesgo de las inversiones algunos críticos consideran que no se suscribieron contratos de operación sino de producción compartida.

Un último golpe de la guerra mediática comandada por la derecha, vestida con renovado traje patriótico, había incluido ayer fotos de Morales Olivera y su equipo técnico en playas y bares de La Habana, adonde fueron "para capacitarse". Ahora Aruquipa tiene una tarea inmediata: lograr que la semana próxima la cámara alta apruebe los contratos. Y una de mediano plazo: restaurar la credibilidad de la política petrolera nacionalista de Evo Morales.