Avanza la estatización de los sindicatos

Bolivia: Evo convoca a acto el 1 de mayo sin tomar en cuenta a la COB

Desconociendo en los hechos a la Central Obrera Boliviana (COB), el gobierno del presidente Evo Morales dio un nuevo paso en su propósito de dividir a la fuerza laboral y domesticar al sindicalismo revolucionario, al convocar a los trabajadores para que marchen bajo sus banderas el próximo primero de mayo.

Morales, que quiere alinear a los sindicatos en la defensa de su gobierno, llamó a los trabajadores a festejar esta fecha en la céntrica Plaza Murillo, sede del Palacio de Gobierno, donde anunciará “la aplicación de medidas favorables para el sector laboral”, confirmó el viceministro de Trabajo, Miguel Angel Albarracín.

La COB, que tradicionalmente organiza de manera unitaria esta histórica movilización para reivindicar los derechos laborales, repudió la convocatoria oficial por “divisionista” y convocó a los trabajadores a defender la independencia de clase con relación al gobierno de turno.

La concentración de los trabajadores y sindicatos que siguen a Morales será en la Plaza Murillo, mientras que la organizada por la COB se realizará en los predios de la ex Estación central, en uno de los barrios más populares de La Paz.

La manifestación oficialista tendrá el sello del festejo, celebrando al gobierno indígena que aplica una fuerte retórica antiimperialista y antineoliberal, pero que mantiene en pie todas políticas privatistas y pro-transnacionales que hunden en la pobreza a dos tercios de la población. La de la COB será, por ello, de protesta ante la negativa absoluta de Morales para expulsar a las transnacionales, nacionalizar sin indemnizar el gas y el petróleo y acabar con el dominio del neoliberalismo y los terratenientes.

En sus primeros 100 días de gobierno, Morales ha dejado en claro que el Estado no se hará cargo de explotar las ingentes riquezas naturales del país en reemplazo de las transnacionales, que el libre mercado y la libre importación seguirán vigentes y que los empresarios grandes y pequeños deben ser los protagonistas centrales del crecimiento y desarrollo económico. Ni más ni menos, lo que el neoliberalismo aplicaba y defendía en los últimos 20 años.

Pese a ello, el gobierno de Morales cree que con la asunción de un indígena a la Presidencia y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que no irá más allá de lo que proclama el MAS, los trabajadores sí tendrían motivos para dejar la protesta y sumarse a la algarabía de los gobernantes.

En el festejo oficial habrá música y baile, anunció el viceministro Albarracín, que confirmó la presencia de los principales aliados del gobierno: mineros cooperativistas, campesinos leales al Movimiento al Socialismo (MAS), trabajadores de varias fábricas de La Paz, cocaleros del Chapare y Yungas, además de colonizadores, empleados públicos, transportistas, jubilados y grupos de gremiales.

En cambio, en la concentración de la COB se anuncia la presencia de mineros asalariados, maestros urbanos y rurales, universitarios, campesinos, trabajadores de salud, desocupados, grupos de jubilados y gremiales, fabriles, juntas vecinales y otros.

Según el dirigente de la COB, Jaime Solares, se convocó a sus afiliados en la ex Estación Central para “para evitar la confrontación” e ir marchando hasta la plaza San Francisco donde se realizará una concentración sindical.

“Si el gobierno decide hacer su concentración, está bien, nosotros vamos a ir por otros lugares porque no queremos chocarnos con ese acto neoliberal. Pero quiero advertir que ahora no vamos a ser tolerantes como el pasado viernes (cuando grupos de choque del MAS neutralizaron la movilización de la COB) y si la gente del MAS nos provoca, no lo vamos a permitir y será de exclusiva responsabilizar del gobierno”, advirtió.

Desde hace tres semanas, el gobierno desarrolla una ácida campaña contra los sindicatos y la COB, intentando fracturar las organizaciones sociales, neutralizar a los más radicales y establecer alianzas y acuerdos orientados a aislar a los contestatarios. Junto a ello, inició una campaña de difamación contra los sindicalistas (acusando a algunos de estar financiados por la Embajada de EEUU, tal como dijo el ex senador del MAS, Román Loayza), otra de desinformación y uso de los medios del Estado (distribución de cargos públicos a sindicalistas) y una tercera usando al autodenominado Estado Mayor del Pueblo para practicar el paralelismo sindical, sustituir dirigentes por otros afines al gobierno (como la elección de un diputado del MAS como líder de la Confederación de Campesinos, en sustitución del “Mallku” Felipe Quispe) y frenar la protesta social organizando y utilizando grupos de choque.



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