La Paz, abril 10, 2006.- El gobierno indígena de Bolivia inició este lunes en La Paz una ácida campaña en contra de los sindicatos y organizaciones sociales que luchan por reivindicar sus derechos más elementales.
Usando la ley y el garrote, la administración gubernamental de Evo Morales emprendió frontalmente contra los trabajadores del sistema de salud, contra los maestros y estudiantes normalistas, decretando como ilegal el paro de los primeros, tratando de dividir y enfrentarlos con la población a los segundos y apaleando a los terceros.
En horas de la mañana de este lunes, el viceministro Alfredo Rada anunció que el Gobierno declarará ilegal el paro de 48 horas de los trabajadores de salud previsto para el martes 11 y el miércoles 12 de abril.
"Este es un sector acostumbrado a los paros (...) se está dando una vacación adelantada, porque después de su huelga comienzan los feriados de Semana Santa", dijo Rada al asegurar que los salubristas no tienen justificativo para la huelga, tras que el Gobierno del líder indígena Evo Morales les otorgara un incremento salarial del siete por ciento, que sería el más alto de los últimos años.
Este aumento, sin embargo, ha sido rechazado por "insuficiente" y "miserable" por los trabajadores que salud, ya que significa tan sólo un promedio de ocho dólares al mes (66 bolivianos). "Este gobierno se burla de nosotros (...) Dicen que no hay dinero, pero siguen dejando que las petroleras se lleven todo para afuera", cuestionó la dirigente Sofía Ríos, quien confirmó el paro y las movilizaciones en todo el país, a pesar de la presión gubernamental.
Otros que recibieron las andanadas oficialistas fueron los maestros y trabajadores de la educación que anunciaron una huelga en reclamo de un mayor aumento salarial. El ministro de Educación y Culturas, Félix Patzi, acusó este lunes a la Confederación de Maestros Urbanos de La Paz y a la Federación de Estudiantes de la Normal Simón Bolívar de presionar a los profesores y estudiantes, para que participen del paro movilizado por 24 horas, previsto para este 21 de abril
"La dirigencia de los maestros urbanos utiliza el fuero sindical de manera perversa para obligar a los profesores a participar de esas medidas de presión", dijo el ministro, mientras su colega, el viceministro Rada, negociaba y movilizaba a las Juntas Escolares para impedir y/o quebrar el paro del magisterio. La intención gubernamental es usar a los padres de familia y estudiantes para dividir y enfrentar a los maestros.
Pese a ello, los dirigentes del magisterio anunciaron que no retrocederán en sus demandas y exigieron el cumplimiento de las promesas electorales de Morales de nacionalizar los hidrocarburos y triplicar el salario mínimo de 55 dólares a 187. Así, la profesora Vilma Plata aseguró que hasta la fecha el gobierno no cumplió con ninguno de los puntos del pliego petitorio y explicó que el aumento del siete por ciento al salario mensual era insuficiente para cubrir el costo de la canasta familiar. En promedio, los maestros y trabajadores en salud perciben un ingreso mensual que no supera los 100 dólares, con los que sólo pueden mantener a sus familias en los umbrales de la miseria, la desnutrición y el descontento.
"El gobierno quiere acallarnos y mantenernos en la miseria, mientras regala nuestros recursos naturales a las petroleras (...) Los maestros no vamos a renunciar al derecho a comer", dijo al cuestionar la intención de Evo Morales de asociarse con las transnacionales en vez de avanzar a la estatización de esta industria.
La dirigencia de los maestros y trabajadores en Salud anunciaron, además, que acatarán la huelga y las movilizaciones decretadas para el 21 de abril por la Central Obrera Boliviana (COB), que exige la expulsión de las transnacionales y el total control estatal sobre las reservas de gas y petróleo de Bolivia, valuadas en más de 150 mil millones de dólares, y que permitirían que el Estado atienda satisfactoriamente las demandas más premiosas de la población.
Pero mientras esto no ocurra, la actual administración gubernamental, al igual que sus antecesoras, con escasos recursos económicos y casi siempre al borde de la bancarrota fiscal, parece condenada a reprimir a la población, tal como ocurrió este lunes cuando cientos de estudiantes fueron gasificados, golpeados y dispersados por carros antidisturbios en el centro de La Paz .
A estos estudiantes normalistas de El Alto, que reclamaban por mejores condiciones de estudio y normas adecuadas para desarrollar sus actividades, el Gobierno les dio palo, mientras que simultáneamente desacreditaba y escarnecía a los estudiantes de La Paz.
Así, sin pruebas ni respaldo, el ministro Patzi de Educación denunció que la Federación de Estudiantes de la Normal Simón Bolívar de La Paz estaba cobrando 100 bolivianos (12 dólares) a los estudiantes que no participaron de sus movilizaciones anteriores y que ahora estaban presionando para que se sumen a las movilizaciones del 21.
"Ese es un acto indigno que no se puede hacer con los estudiantes. Voy a coordinar inmediatamente con la Dirección de las Normales para que prohíba a esa federación de estudiantes a realizar cobros o recurran a presiones para que participen de las estas movilizaciones", dijo.

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