ALAI-AMLATINA 24/05/2005,La Paz.- Los medios de comunicación combinaron el componente informativo con llamados a la paz y el diálogo, los establecimientos educativos han sido autorizados por la autoridad sectorial para suspender las labores cotidianas de aprendizaje, los bancos y empresas comerciales y de servicios optaron por un cierra puertas y, Roberto de la Cruz, uno de los más
caracterizados dirigentes de la ciudad de El Alto, al momento de redactar esta nota (16:00 hora de La Paz) fue detenido por la policía y luego dejado en libertad por acción directa del Comandante General de la Policía, “como me han detenido, me han dado más fuerza para continuar”.

Todo esto ocurre mientras la Plaza Murillo que alberga las sedes de los poderes legislativo y ejecutivo, está rodeada por un doble círculo policial y campesino-minero, el primero que busca impedir el paso hacia el núcleo del poder político boliviano y el segundo que pugna por ingresar y coparlo.

El debate de los últimos meses acerca de la ley de hidrocarburos, la exigencia para que se convoque a una Asamblea Constituyente con claro apoyo de los movimientos sociales, y las demandas de autonomías departamentales lideradas por el comité cívico hegemonizado por empresarios de Santa Cruz que han determinado una auto-convocatoria para un referéndum autonómico, han originado una máxima polarización, en la cual se ha llegado hasta el nivel de exigir la renuncia del presidente Carlos Mesa y el cierre
del Congreso.

La iniciativa está claramente en manos de la oposición. Evo Morales lidia con las dirigencias más radicales de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores que abiertamente se han manifestado a favor de un militar patriota, “necesitamos un coronel Chávez” ha dicho Jaime Solares, máximo dirigente de la COB.

Los empresarios cuestionan la pasividad y la ausencia del gobierno. Los voceros gubernamentales responden que sólo han dispuesto ausencia de balas, que no se quieren enfrentar con el pueblo y que esa es la diferencia con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada que reprimió las movilizaciones de Febrero y Octubre de 2003 por lo que finalmente debió renunciar.

En esta situación, todo indica que los actores políticos y sociales ahora sí están dispuestos a llegar hasta el final y se preparan para ello.

Más de diez mil campesinos y mineros están en la ciudad de La Paz y difícilmente volverán a sus lugares de origen. El día de ayer dieron un plazo de 4 días para que se modifique la ley de hidrocarburos y se convoque a la Asamblea Constituyente. Los empresarios continúan presionando por una mano fuerte que neutralice a los movimientos sociales. El gobierno y el parlamento cada día tienen menores espacios de negociación.

Probablemente nunca como hoy el diálogo ha sido tan difícil en Bolivia. Waldo Albarracín, Defensor del Pueblo y otras instituciones de defensa de los derechos humanos no abandonan los esfuerzos por establecer canales de mediación para que los actores políticos y sociales busquen una salida negociada a la crisis; pero, esta parece cada vez más difícil.

A pesar de las reiteradas negaciones de los voceros presidenciales acerca de una renuncia del presidente Mesa, esta es una carta que no dejará de estar presente, así como tampoco podrá eximirse de esta posibilidad el propio Congreso.

La política nuevamente se trasladó a las calles, los barrios y las carreteras de Bolivia y, de no progresar los esfuerzos para el diálogo, serán las calles quienes definirán el futuro inmediato. En cualquier caso, todo indica que no habrá solución al margen de los marchistas, al margen de los movimientos sociales.