Lima, mayo 29 - El estado de emergencia en la provincia centroandina de Espinar, tras
dos civiles muertos a manos de la policía, y una movilización a favor de
un resistido proyecto minero Conga, genera hoy alta tensión en Perú.
El primer ministro Oscar Valdés y los titulares del Interior, Energía y
Minas y Ambiente, anunciaron anoche el estado de emergencia, bajo el
cual se prohíben las concentraciones y marchas, luego de las muertes de
dos manifestantes en el octavo día de una huelga general.
El objetivo, dijo el primer funcionario, es garantizar la seguridad de la población y el libre tránsito.
Valdés y el ministro del Interior, Wilver Calle, culparon de las
muertes a los manifestantes, que rechazan la presencia de la empresa
canadiense Xstrata Tintaya, acusada de contaminar los ríos, tras haber
exigido inicialmente solo que controle el problema y pague más
dividendos a la comunidad.
Los gobernantes acusaron a los
campesinos de Espinar de causar destrozos, usar bombas incendiarias de
fabricación casera y atacar con piedras a los policías, que según la
versión repelieron la andanada y sufrieron 30 lesionados.
Los
dirigentes del Frente de Defensa de Espinar, por su parte, acusan a la
policía de haber disparado a matar, ultimando a dos civiles e hiriendo a
una veintena. El fiscal de Espinar, Héctor Herrera, quien había sido
retenido por los manifestantes, que quemaron su vehículo, fue dejado en
libertad a las pocas horas sin sufrir daños, según informó el
Ministerio Público.
En Lima, en un encuentro con graduados de
medicina, el presidente Ollanta Humala tributó un minuto de silencio a
los caídos y culpó de las muertes que atribuyó a quienes, indicó, están
alejados del diálogo.
Entretanto, este martes en horas
vespertinas habrá una marcha a favor de las inversiones y a favor del
proyecto aurífero Conga, en la ciudad de Cajamarca, a 840 kilómetros al
noreste de aquí, lo que ha dado lugar a alertas por la posibilidad de
graves enfrentamientos.
Organizaciones sociales mantienen
bloqueado el proyecto con protestas desde noviembre de 2011, y Valdés
aseguró que, tras nuevas exigencias sociales y ambientales del gobierno
al proyecto, la empresa, de capitales norteamericanos, tiene garantías
para seguir adelante.
