La recurrente conducta política inconstitucional del gobierno venezolano con respecto al adelanto en las fechas de las elecciones, indica que realmente no existen en Venezuela condiciones legales confiables, ni un organismo electoral con independencia, para competir y derrotar al chavismo.
Todo está consumado. Las instituciones como Fuerzas Armadas, Tribunal Supremo de Justicia y Asamblea Nacional, las maneja el ejecutivo como le de la gana y cuando le salga del forro.
Mientras la oposición se diluye en sus apetencias individualidades, sin perspectivas ni visión de alcanzar el poder político en un tema tan importante como la urgente necesidad de unirse en torno a una candidatura para optar a la presidencia de la República, el PSUV y el gobierno nacional tienen trazada y ponen en práctica la estrategia de llamar al proceso electoral para el año 2023.
El PSUV inició la movilización de su militancia, las dádivas, dólares y ayudas momentáneas, son el instrumento para aglutinar a una población cansada de tanta retórica aislada de la realidad social y el sufrimiento de las mayorías.
El PSUV trata de evitar la catástrofe que se les avecina ante una inminente derrota electoral que por inmenso descontento popular le propinaría a Maduro y al chavismo, como un severo castigo por su ineptitud y la utilización de la mentira para prolongar su mandato.
Maduro y su gabinete sabe muy bien que, al unirse totalmente el sector opositor contra su gobierno, este recibirá la peor lección política de su historia y además tendrían que rendirle cuentas a la justicia y a la ciudadanía.
Hay que denunciar el desorden y la anarquía impuesta por el chavismo en el país. El caos es una herramienta favorable a los de Miraflores y no se debe permitir que se violenten otra vez los lapsos establecidos para las elecciones presidenciales.
¡ Cosas veredes que non crederes !
