El superpoder recurre a las armas afiladas del capitalismo

Conozco a unos jóvenes guevaristas, hoy sumados a la APR, que siempre tienen una frase del Che en las teclas de sus redes. Una en especial, y que sirve para justificar su rechazo a este gobierno: “las armas melladas del capitalismo”. Me apresuro a aclarar que no soy guevarista. No es del caso decir ahora por qué. Sólo me sirvo de esta alusión para referirme a la reciente “Ley anti Bloqueo” que ya será aprobada por el Poder supraconstitucional, y decir que, para salir del atolladero económico y social al que nos han conducido, el bloque militarista-populista ha tenido que recurrir a las armas del capitalismo que, al parecer, no están para nada melladas. Es decir, en cierta forma le estoy dando la razón a los amigos marxista-leninistas de la APR, aunque con mis matices, claro, cuando acusan al gobierno de aplicar el mentado y supuestamente herrumbroso arsenal económico.

No es nada nuevo ni exclusivamente venezolano. Hasta el paradigmático poder soviético de los tiempos del Lenin gobernante, tuvo que recurrir a las armas de la acumulación del capital y el lucro privado para salir de un barranco económico: la famosa NEP. La guerra mundial y la civil habían destrozado a Rusia y, después del provisional “comunismo de guerra”, terrible, los dirigentes bolcheviques decidieron llamar a los propietarios de tierra a enriquecerse. China nunca, ni en los tiempos ultrosos de la Revolución Cultural, cuando se perseguía a las personas con lentes porque tenían rasgos de “intelectuales burgueses”, se dejó de recurrir al mecanismo de mercado para mantener una imprescindible agricultura para darle de comer a los miles de millones de chinos. Ni que hablar de los actuales modelos de “capitalismo comunista” (que conste que el papel lo aguanta todo) chino y vietnamita, donde crece una clase de multimillonarios que hasta tienen sus representantes en el Comité Central del Partido Comunista (insisto: el papel lo aguanta todo). Es más, en Cuba hace poco, tuvieron que hacer una “apertura” por la cual se permitían “emprendimientos privados” (con sus lógicos beneficios), amén de reimpulsar la entrada de capitales internacionales, que ya tienen décadas explotando las bellezas naturales de la isla, incluyendo a las cubanas, en una industria de turismo tan golpeada por el COVID 19.

Por supuesto, las circunstancias y los dirigentes son distintos. Aquí no se trata de un proyecto político y social de largo aliento, como lo es el “socialismo de mercado” o “al estilo nacional” de los chinos y vietnamitas. La “Ley Anti Bloqueo” se plantea como un recurso provisional, de máxima necesidad, para enfrentar las consecuencias de las sanciones financieras norteamericanas. Conserva la verbosidad con olor a inciensos revolucionarios que marean un poco durante varios artículos y que doran la píldora hasta casi hacerla invisible en medio de ese terreno tan enmontado. Por supuesto, allí está la denuncia (justa, por lo demás) de las sanciones, su significación de política de chantaje del imperialismo, los nefastos impactos en la vida de los venezolanos y venezolanas. Pero se trata de una Ley y de una Ley “constitucional” además; un invento de Escarrá (supongo) para designar a algo así como una Ley marco de otras leyes que pronto vendrán, y el lenguaje debiera ser claro, directo, sin tantas vueltas.

No estoy diciendo que los artículos de la Ley comentada no tengan alguna sustancia, sino que son de tal generalidad que no pasan de ser expresión de deseos muy loables, no lo discuto. Pero, a partir de los artículos 17, 18, 19 y 20, comienza la candela. En virtud de ellos, se le otorga al Ejecutivo Nacional el poder de “desaplicar” las leyes que fueran necesarias para hacer lo que tiene que hacer. O sea, se dota al Presidente de la República de un superpoder supralegal: todas las leyes pueden ser desaplicadas por voluntad del Presidente. Pero ¿para qué? La cosa sólo se va aclarando por ahí por el artículo 23, donde dice:

“El Ejecutivo Nacional podrá proceder a la organización y reorganización de los entes descentralizados con fines empresariales, dentro y fuera del país, en procura de su modernización y adaptación a los mecanismos propios de la práctica mercantil del Derecho Internacional Privado adecuados al objeto y fin del respectivo ente, mejorando su funcionamiento, relaciones comerciales, financieras o la inversión del Estado venezolano. La organización o reorganización debe garantizar primordialmente la salvaguarda del patrimonio de la República y sus entes”.

De nuevo nos topamos con ese lenguaje oscuro, leguleyo; pero no nos asustemos. Primero, esos “entes descentralizados con fines empresariales, dentro y fuera del país” indudablemente que es una manera enredada de referirse a las empresas estatales, incluida PDVSA y las empresas básicas de Guayana, y todas las demás, grandes y pequeñas. También la frase amerita traducción al criollo. Eso de “modernización y adaptación” ya suena conocido, y más cuando se señala que serán “adaptadas” al “Derecho Internacional Privado” ¿Cómo? ¿Acaso se está diciendo que las empresas del Estado venezolano ahora se regirán por las leyes internacionales en lo que rige a las empresas privadas? No soy abogado, ni siquiera un intelectual arrechísimo como Luís Britto, pero ¿qué puede significar esto que no sea la privatización, con capitales internacionales, de las empresas del Estado Venezolano, que además se someterán a las leyes, y por tanto, a los tribunales internacionales, para su gestión “modernizada”, cuestión que gente respetable como Luís Britto ha criticado tantas veces?
La cosa se confirma en los artículos subsiguientes: en el 24 se afirma que el superpoderoso ejecutivo podrá “modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior”. El artículo 25 le abre la puerta a la venta de acciones en las bolsas del mundo, así como el refinanciamiento de las deudas con mecanismos “modernizados” como el cambio de deuda por propiedad, cuando reza “se podrá elaborar e implementar operaciones de administración de pasivos, así como de administración de activos, mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales”. De paso, ya ha habido experiencias en ese sentido, con una empresa canadiense en el Arco Minero.

Cabe destacar que estas disposiciones, y otras en la misma línea, afirman atenerse al artículo 303 de la Constitución Nacional, la misma norma que reserva al Estado la totalidad de las acciones de PDVSA, aunque (y aquí ha sido insistente en su crítica Luís Britto): “exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.”. No está mal. Se atienen a la Constitución Nacional, al tiempo que le abren las puertas a todas las empresas extranjeras que quieran explorar, extraer, refinar y mercadear nuestro petróleo ¡Bienvenidos rusos, chinos, iraníes, turcos y ¿por qué no? Ingleses, norteamericanos, franceses, europeos en general, para cuando Biden afloje lo que Trump ajustó para ganarse los votos de Florida!

El artículo 27 autoriza al superpoderoso Ejecutivo a estimular y favorecer la inversión privada. El siguiente párrafo del mismo artículo es intrincado, pero es claro que deja abierta la puerta para que los anteriores dueños de las empresas estatizadas en años anteriores, reclamen sus derechos como propietarios: “se respetarán los derechos de quien demuestre ser su legítimo propietario conforme a la legislación vigente, procurando priorizar su participación en la respectiva alianza o a través de acuerdos con el Estado para la restitución de sus activos cuando ello implique la pronta puesta en producción de dichos activos mediante un plan debidamente sustentado”. Se confirman así las denuncias de Ricardo Adrián y otros jóvenes guevaristas de la APR al señalar la tendencia privatizadora del gobierno, específicamente, la privatización de las empresas que estatizó Chávez.
Quiero aclarar otra vez que no soy guevarista. Ni siquiera marxista leninista en el sentido en que lo decretó Stalin en su horrible librito de 1932. No creo, para nada, que las armas del capitalismo estén melladas. Las experiencias de economías completamente estatizadas y con planificación absolutamente centralizada del siglo XX, fracasaron una tras otra. La práctica de recurrir al lucro privado y a los “mecanismos de mercado”, ha sido común en determinadas situaciones de apuro profundo en la construcción de eso que se llamó “socialismo”. Hoy incluso hay modelos chinos y vietnamitas, que son los máximos defensores del “libre comercio” neoliberal global, frente al proteccionismo de la derecha patana estilo Trump. En fin, el mundo ha cambiado. El capitalismo mundial sigue muy bien, con todo y sus crisis recurrentes que, al fin y al cabo, es su modo normal de funcionar. No existe hoy alternativa de conjunto al sistema. Esto es un hecho.

Por supuesto, esto amerita una larga discusión que no voy a resolver en las pocas líneas de este artículo. Prometo que lo iré abordando en textos sucesivos. Pero sí quería destacar el cariz que está tomando el “madurismo” como gobierno. Por supuesto que Maduro es la continuación propagandística del chavismo, pero también es su crisis y discontinuidad, y en ese sentido es otra cosa. Ha matado la Constitución del 1999, al consagrar superpoderes que se llevan por delante todas las leyes. Ha cometido error tras error en su gestión económica, desatando y avivando la hiperinflación, la parálisis productiva y la dolarización compulsiva. Ha asumido el militarismo como ideología y el oportunismo geopolítico como tabla de salvación. Y ahora va a una privatización total, envolviéndola en lenguaje “patriótico”, “popular” y “antimperialista”.

Esto no tiene nada de izquierda. Con razón (la suya, claro) el gobierno acusa a la APR de “infantil, trasnochada, ultrosa”, por tratar de mantener cierta consecuencia con el pensamiento marxista leninista. El gobierno no es ni ML, ni socialista, ni revolucionaria. Se alegará: “son medidas de urgencia en tiempos de guerra; son provisionales, mientras resolvemos”. Pero, bueno: ¿No quieren hacer negocios con las empresas estatizadas? ¿No quieren que entren inversiones en el país? ¿No quieren que los chinos y los rusos se encarguen de extraer, procesar y negociar el petróleo, así como producir aluminio, hierro? ¿Extraer oro, coltán, etc.? La única manera de hacer realmente negocios con los capitales globalizados es garantizándoles permanencia, estabilidad legal y política. La necesidad de enmascarar las verdaderas intenciones con una fraseología nacionalista sirve para la galería interna, quizás hasta para los “constituyentes” y “cuadros medios”, pero no sirve para los nuevos socios. Ellos quieren sacar sus beneficios y acumular capital por todo el tiempo que les sea posible ¿Van a estar con esa ambigüedad a la hora de firmar contratos, hacer negocios, reestructurar el esquema accionario de las empresas? ¡Por favor!
Otro tema serían las perspectivas: ¿Adónde va este militarismo capitalista populista? Paciencia. En otro artículo trataremos eso.



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Jesús Puerta


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