El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela debe darles el mismo trato a los colombianos que huyen del país vecino por persecución del gobierno o de la justicia, que le da el gobierno de Colombia a los que huyen de la persecución judicial y del gobierno en Venezuela.

Lo primero es perdonarle la violación de las leyes de migración, y uso de documentos falsos. Lo segundo es ante la solicitud del derecho al asilo, otorgarle ese estatus político al cruzar la frontera e instalarse, protegerla, permitirle el libre tránsito, y el derecho a la nacionalidad.

El artículo 14 de la declaración universal de los derechos humanos dice que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de la ONU.

Nunca el gobierno colombiano a pesar de la solicitud formar de ex tradición, ha arrestado al empresario Pedro Carmona Estanca, a la ex Fiscal Luisa Ortega Díaz o al Diputdo Julio Borges que huyeron de Venezuela ni por violar las leyes de inmigración ni por usar documentos falsos pero mucho menos por violar las leyes en Venezuela. Todo lo contrario han sido protegidos.

No tiene moral ni el gobierno ni la justicia de Colombia para solicitar la ex tradición de ningún colombiano a Venezuela por ser parte de la trama internacional para tumbar el gobierno legitimo de Nicolas Maduro y porque no han respondido la solicitud de extradición que ha hecho Venezuela.

Carlos Carmona Estanca está acusado por el golpe del estado contra el ex presidente Hugo Chavez en el 2002. El Diputado Julio Borges está acusado de traición a la patria, homicidio, financiamiento al terrorismo, y asociación para delinquir. Y la ex Fiscal Luisa Ortega Díaz, y su esposo German Ferrer están acusados por actos de corrupción en Venezuela.

No hay nada nuevo en la denuncia de Ayda Merlano sobre la compra de votos y las mafias políticas y empresariales para delinquir y robar en Colombia. Es una denuncia conocidas por todos los colombianos. Lo nuevo es que da a conocer muchos nombres de las mafias que gobiernan este país que ha provocado reacciones de indignación entre los colombianos y que la justicia debe investigar aún se quede a vivir en Venezuela.

Ese concierto para delinquir y de corrupción electoral donde acusa al ex candidato presidencial Vargas Lleras y al ex fiscal Néstor Humberto Martínez de que a través de otras fiscal le implantaron pruebas para condenarla a 15 años de carcel o esa trama de hacer que se escape para secuestrarla, ademas de las violaciones y los maltratos fisicos, es percata minuta comparada con los cientos de dirigentes comunitarios y miembros de las FARC asesinados.

Pero aun así, no deja de tener importancia por sus implicaciones mafiosas. Razón por la cual la ex Senadora de Colombia Ayda Merlago debe ser liberada con o sin medidas cautelares y protegerlas del gobierno asesino y criminal de Iván Duque porque sus denuncias no solo han comprometido penalmente este gobierno, a Uribe y a Santos sino a muchos empresarios, a candidatos presidenciales, a fiscales y a funcionarios y políticos colombianos.

Eso de cambiar a los venezolanos refugiados que están en Colombia por los colombianos que están en Venezuela, ya es muy tarde para considerarlo. No es necesario el restablecimiento de relaciones diplomáticas para ejecutar la ex tradición se puede hacer de gobierno a gobierno. Pero estaría violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos que está por encima del acuerdo de ex tradición sobre todo porque este último no se aplica a los delitos políticos.