Maduro lanzó su propuesta al tiempo que mantiene el estado de excepción y las más variadas restricciones a las libertades democráticas. ¿Cómo sería realmente una Asamblea Constituyente Libre y Soberana?
Una Constituyente a medida para sostenerse en el poder
Como señalamos en un artículo reciente, la propuesta de Maduro, con la que busca retomar la iniciativa política, es una especie de huida hacia adelante para buscar tiempo o condiciones favorables para mantenerse en el poder, no deja de ser parte de la profundización de su orientación bonapartista, porque mantiene en pie todas las restricciones antidemocráticas que ha impuesto hasta ahora desde el Ejecutivo.
Elías Jaua, quien preside la comisión designada, deja claro que las elecciones quedan para luego: "Uno de los temas que busca la Constituyente es crear condiciones de estabilidad para ir a los procesos electorales regionales, municipales y presidenciales. ¿Alguien cree que aquí se puede ir a unas elecciones cuando la Asamblea Nacional está en desacato o que el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía entran en desacuerdos?". Por otra parte, todo indica que las parámetros de elección y composición de la misma se harán de una manera que el gobierno pueda garantizarse la mayoría, mediante el control territorial y estatal de muchas instancias "comunales" y de "poder popular".
Maduro dice que será "una Asamblea Nacional Constituyente de carácter territorial y social sectorial, que complete el abanico de los sujetos sociales protagonistas del siglo XXI. Una constituyente que vaya más allá de la base burguesa y representativa y vaya a la democracia verdadera de carácter social", así como de "carácter comunal". Sigue sin presentar en concreto el contenido de esto y anunció ayer (02/05) que "las bases comiciales (las presentará) en muy breve lapso" una vez que sean "debatidas". Ya en el pasado reciente el gobierno modificó las proporciones de la representación en algunos estados y municipios para favorecer aquellos donde tenía mayor peso, esta vez, con el argumento del "carácter comunal" y "territorial", puede tratarse de un salto en este sentido, buscando sobrerepresentar las zonas del país donde tiene mayor apoyo, en detrimento de otras.
A su vez, todos sabemos que lo que el gobierno llama "poder popular" no son más que instancias estatizadas o semiestatizadas, controladas casi exclusivamente por el PSUV y los partidos aliados del mismo. En este sentido, el carácter "sectorial" que propone, lejos de ser un giro hacia algún tipo de poder verdadero para los trabajadores, campesinos y sectores populares, puede ser no más que la colocación de representantes filtrados a través de estas instancias del chavismo.
¿"Poder constituyente originario" bajo estado de excepción, restricción de derechos democráticos, proscripción de partidos e impedimento de elecciones sindicales?
El gobierno dice que esta Constituyente sería una expresión de mayor democracia y del poder constituyente originario, sin embargo, en el país vivimos bajo un estado de excepción permanente impuesto por el gobierno, lo que implica recorte de libertades democráticas y ampliación de las potestades de actuación de los cuerpos represivos. Además, hay regímenes particulares que prohíben y proscriben derechos elementales como asambleas, huelgas o cualquier otra medida de lucha en determinados lugares, como el Arco Minero del Orinoco (12% del territorio nacional) y las varias zonas económicas especiales, es decir, rige un estado de excepción contra la clase obrera.
Se mantiene en pie todo el entramado de leyes que criminaliza las luchas y restringen el derecho a huelga, leyes que son parte del legado de Chávez y que la derecha en la AN ha dejado intactas (claro, les servirán contra los trabajadores en caso de volver al gobierno). A partir de esto, hay cualquier cantidad de trabajadores a nivel nacional que han sido enjuiciados, condenados a libertad condicional bajo régimen de presentación y/o con prohibición de asistir a sus lugares de trabajo y participar en asambleas o marchas, o directamente presos. Esto funciona como mensaje de disciplinamiento hacia el resto, como coacción, implica una camisa de fuerzas contra la clase obrera, contra el despliegue de las iniciativas y luchas contra la explotación, los ajustes económicos que aplican los patronos y el gobierno, y por mejores condiciones de trabajo y de vida.
El gobierno limita la posibilidad de movilizaciones completamente a conveniencia, prohibiendo y reprimiendo las manifestaciones que no se subordinen a los lugares y sitios por dónde dicta el gobierno que se debe marchar. Y esto sucede no solo con las marchas convocadas por la oposición de derecha sino también contra movilizaciones de trabajadores (por ejemplo acá y acá ). Maduro dice sin reparos: "no se puede permitir a nadie que tranque una calle".
Mediante su control del CNE y las prerrogativas de injerencia en los sindicatos que le otorgó con la nueva Ley del Trabajo (LOTTT), el gobierno viene bloqueando un derecho democrático elemental como es la realización de elecciones sindicales en muchos sectores y áreas de importante concentración obrera donde tiene el riesgo de perderlas, por ejemplo PDVSA y Ferrominera del Orinoco. Así mismo, se niega a reconocer, y excluye de las discusiones de contrato, a las representaciones sindicales que no son fieles al gobierno.
El gobierno impuso unas condiciones antidemocráticas para la "renovación" de los partidos que avanza hacia un sistema con presencia solo de los partidos mayoritarios que cuentan con gran maquinaria económica, donde quienes se ha quedado sin expresión política legal para las elecciones son las corrientes que se ubican a la izquierda del gobierno, que se reivindican anticapitalistas o que expresan las luchas del movimiento obrero, porque la derecha seguirá teniendo expresión en sus partidos hegemónicos.
¡Abajo el estado de excepción y plenas libertades democráticas!
Por todo esto, es una farsa total que el gobierno quiera vender como "democrática" una instancia donde no solo busca una composición amañada bajo su control, sino que mantiene en pie una amplia restricción de libertades y derechos democráticos elementales. Una condición indispensable para que un proceso constituyente pueda servir como un escenario para el avance de las luchas y conciencia de los trabajadores y el pueblo pobre, es tener la posibilidad de desplegar la movilización y las luchas, la iniciativa obrera, popular y campesina para hacer pesar en los debates y en la vida real sus demandas. El resto, es formalismo puro y embauque en toda la línea, más aún con estas condiciones actuales impuestas.
¿Una constituyente con "representantes obreros" mientras a muchos obreros se les impide en su lugar de trabajo algo tan básico como elegir sus representantes sindicales, realizar asambleas o huelgas? ¿Una "constituyente obrera" cuando acaban huelgas a punta de coacción judicial (Ferrominera) o directamente enviando la GNB, fusil en mano, a las fábricas (Sidor)? ¿Un proceso democrático donde a los trabajadores y pueblo en general se los reprime si marchan o se concentran donde el gobierno no lo quiere, o incluso se detienen trabajadores hasta por repartir un volante? ¿Un proceso constituyente democrático cuando el gobierno se sirve de grupos paraestatales armados –mal llamados "colectivos"¬– para amedrentar y atacar acciones de protesta (o de patotas contra sus adversarios en determinados sindicatos)?
Maduro dice que aspira a una Constituyente llena de juventud y en especial de la de los barrios, pero es el mismo que impulsa las nefastas OLP que implantan estados de sitio en los sectores populares, causando terror, allanando viviendas a placer, sin orden judicial alguna, ajusticiando a decenas de chamos del barrio solo por el hecho de vivir allí. ¿Ese es el ambiente democrático para un proceso constituyente de la juventud de los sectores populares? Sin contar con los casos en que algún liceo ha sido allanado y sus estudiantes reprimidos por exigir reivindicaciones internas básicas, o casos en que la policía se ha llevado preso sin orden ni destino cierto a algún estudiante porque ofendió a un policía, o los estudiantes detenidos en las marchas que convoca la oposición. ¿Esas son las condiciones democráticas para el despliegue de las iniciativas constituyentes de la juventud?
Un "proceso constituyente" donde los trabajadores y el pueblo no tengan libertad de pelear y movilizarse por sus demandas concretas y necesidades (salarios, contratos colectivos, puestos de trabajo, etc.), luchar contra las medidas económicas del gobierno y de los empresarios (devaluación, aumentos de precios, despidos, etc.), es pura palabrería y demagogia.
En su actual deriva bonapartista y ante la imposibilidad de volver a plebiscitarse, tras la última derrota electoral, Maduro no tiene ninguna intención de convocar a un verdadero proceso constituyente donde se pueda expresar la voluntad obrera y popular. Para esto debería en primer lugar derogar el estado de excepción y plenas libertades democráticas.
En estas circunstancias, nos corresponde pelear por echar abajo el estado de excepción y todos los regímenes especiales que proscriben las huelgas y derechos obreros elementales, la derogación de las leyes que criminalizan las luchas y anulación de los juicios a trabajadores por luchar, contra la injerencia del CNE en los sindicatos, por elecciones sindicales ya y reconocimiento de los representantes electos por los trabajadores, decir ¡basta de prohibición de manifestaciones! y ¡fuera los cuerpos represivos de las fábricas, luchas y movilizaciones obreras!, exigir la legalización de todos los partidos proscritos, contra las OLP y los ajusticiamientos en los barrios, por la disolución de los grupos paraestatales armados y plenos derechos de los trabajadores y campesinos a conformar piquetes y comités de autodefensa.
Un verdadero poder constituyente originario, libre y soberano
Si la Constituyente de 1999 no fue originaria sino derivada del poder constituido, ni realmente libre y soberana, mucho menos lo sería esta. La del ´99 convivió y dejó en pie pilares fundamentales del poder constituido de entonces, como el Poder Judicial, la Presidencia de la República y, muy importante, las mismas FF.AA. de siempre –incluyendo sus órganos de persecución política y represión que siempre se usaron contra el pueblo–, al mismo tiempo, su punto de partida era "reconocer todos los compromisos internacionales de la República", es decir, eran inamovibles los mecanismos que atan al país a la dependencia y la dominación económica, como la deuda externa, las propiedades y negocios del capital imperialista en el país y los diversos acuerdos de ese tipo (como los tratados de no doble tributación con EE.UU. y otras potencias capitalistas). No está de más recordar también que otro acuerdo previo implícito, entre el chavismo y la oposición, fue que tampoco entraba en discusión la base económica de la sociedad (burguesa), la propiedad privada capitalista, acuerdo que quedó explícito en la nueva Constitución (arts. 112 y 115).
Hermann Escarrá, miembro de la comisión presidencial, ha dejado claro que esta Constituyente no cesará ningún poder sino que coexistirá, y que tampoco está en discusión una nueva constitución sino "perfeccionar" la actual y el sistema económico vigente. Para que haya una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana esta debe concentrar en sí misma las funciones legislativas y ejecutivas, cesando la figura presidencial, tan proclive a los autoritarismos y bonapartismos, si esa Asamblea no tiene el poder de ejecutar sus decisiones estará condenada a la impotencia y no habrá poder constituyente originario alguno. El actual poder judicial, esa casta que nadie elige, con sueldos y prebendas por encima del pueblo, garante de una "justicia" que siempre friega a los pobres y favorece a los poderosos, debe ser sustituido por jueces e instancias electas por voto popular, revocables por el voto, y con un salario equivalente al de un trabajador promedio, sin ningún tipo de privilegios extras como ahora. La injerencia y tutelaje de las FF.AA. en los asuntos del país debe ser también superada de cuajo, para poder hablar de una Constituyente soberana. Los constituyentes deberían ser revocables en cualquier momento por sus electores y ganar un salario igual al de un trabajador promedio.
Así mismo, para que sea realmente soberana, salvo aquello que constituya avances o conquistas económicas, sociales y políticas de los trabajadores y el conjunto del pueblo, no puede haber cuestiones fuera de su alcance, todo debe estar en discusión, y sobre todo, aquello que es la fuente de las desigualdades, de la explotación y usura contra las mayorías nacionales: la propiedad de la tierra, de los medios de producción (empresas, bancos), las propiedades imperialistas, los cuerpos de "seguridad". Todas las demandas la clase obrera, los sectores populares, de las mujeres contra la violencia machista, por el aborto y demás derechos sexuales y reproductivos, de la juventud contra el trabajo precario, el desempleo y la violencia policial, los campesinos y pueblos indígenas contra los terratenientes, por la tierra y el territorio, deben tener cabida en este proceso.
Como marxistas revolucionarios sabemos que de darse un proceso de estas características, no sería otorgado por la gracia de los poderes actuales y la clase dominante, sino que tendría que ser arrancado por la lucha, así como tampoco sería esa la vía para el coronamiento del poder obrero y popular, para la revolución. Sino que serviría como parte de un proceso aprendizaje y lucha, de experiencia de las masas obreras y populares con la propia democracia burguesa, que brindaría las posibilidades para que avance en la conciencia política la idea de que solo un gobierno propio de los trabajadores y el pueblo pobre, que destruya todo el andamiaje del poder capitalista, incluyendo sus fuerzas armadas, y tome en sus manos el conjunto de la economía, puede abrir paso a la resolución íntegra de los problemas nacionales y de las mayorías trabajadoras y empobrecidas por el capitalismo. Dependiendo del nivel que alcance la lucha de clases, en el transcurso de un proceso así puede abrirse la posibilidad del surgimiento de organismos de lucha y democracia directa (doble poder) que puedan desarrollarse como los futuros órganos de la insurrección y del autogobierno de las masas trabajadoras.
Es en este marco y con estos objetivos que levantamos la demanda de Asamblea Constituyente Libre y Soberana, articulada con la lucha por un Plan Obrero y Popular de Emergencia ante la crisis económica, con demandas para que la crisis no la sigamos pagando los trabajadores y el pueblo pobre, sino que la paguen los capitalistas.
