2 de enero de 2026.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso este miércoles un nuevo estado de excepción en nueve provincias y tres municipios del país como respuesta al recrudecimiento de la violencia vinculada al crimen organizado.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Ejecutivo 277, con el que, según el Gobierno, se busca reforzar las acciones de seguridad frente a una situación que se ha agravado y expandido territorialmente.

Pese a los reiterados estados de excepción y al despliegue permanente de fuerzas de seguridad, la estrategia del Gobierno no ha logrado contener la violencia. Lejos de disminuir, los delitos graves y los homicidios continúan en aumento, lo que pone en duda la eficacia de las medidas adoptadas y evidencia que la respuesta basada en la excepcionalidad no ha conseguido revertir el avance del crimen organizado.

De acuerdo con el decreto presidencial, reportes técnicos recientes advierten que la criminalidad organizada no solo se mantiene, sino que ha aumentado su intensidad y alcance.

El Ejecutivo señala que existe una red delictiva interconectada a través de corredores logísticos y zonas de influencia, lo que exige una intervención estatal integral, coordinada y focalizada.

El nuevo estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días y se aplicará en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. Además, incluye a los municipios de La Maná, en Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, en la provincia de Bolívar.

En las áreas alcanzadas por la medida se suspenden los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Esto permitirá a las fuerzas de seguridad realizar allanamientos sin dilaciones “en operativos contra organizaciones criminales”, así como acceder a información considerada clave para prevenir o neutralizar amenazas a la seguridad.

Ecuador permanece desde 2024 bajo un escenario declarado de “conflicto armado interno”, impulsado por el propio Noboa para intensificar la ofensiva contra bandas criminales catalogadas como terroristas. Sin embargo, el país cerró 2025 con cifras históricas de violencia: hasta el 19 de diciembre se registraron 8.847 homicidios, según datos policiales.

Un informe técnico-jurídico del sistema ECU-911 da cuenta de la gravedad del panorama en varias provincias, donde se reportaron amenazas de bomba, hallazgos de personas fallecidas, heridos, tiroteos y presencia de explosivos. Entre el 1 de noviembre y el 29 de diciembre de 2025 se atendieron 573 emergencias relacionadas con muertes violentas, lo que representa un incremento del 14,1 % respecto al mismo período de 2024.

El reporte destaca aumentos especialmente pronunciados en Santa Elena, con un alza del 120 %, Santo Domingo de los Tsáchilas (114 %), Los Ríos (71 %) y Esmeraldas (66 %), reflejando un deterioro significativo de la seguridad en esos territorios.

A su vez, informes de los ministerios del Interior y de Defensa, junto con la Secretaría General de Comunicación, alertan sobre la actuación de grupos de delincuencia organizada que generan riesgos directos para el funcionamiento institucional. Las autoridades advierten sobre amenazas, ataques y posibles intentos de cooptación o intimidación contra funcionarios públicos, incluidos miembros de la fuerza pública y operadores del Estado.

Un análisis elaborado por el Subcomando General de la Policía Nacional, fechado el 30 de diciembre de 2025, señala que entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre se registraron 1.232 víctimas de homicidio intencional en las provincias incluidas en el nuevo estado de excepción. Guayas encabezó la lista con 577 asesinatos, seguida por Los Ríos y Manabí.

La grave crisis sanitaria carcelaria se agudiza y exige respuestas urgentes sobre las condiciones de vida en estos centros.

La comparación con el mismo período de 2024 muestra un incremento del 18 % en las muertes violentas, equivalente a 213 casos adicionales, siendo el asesinato el delito predominante, con una incidencia del 93,7 %.

El Gobierno sostiene que la medida se justifica porque en provincias como Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Santa Elena se concentra más del 92 % de la violencia registrada a nivel nacional. Asimismo, datos oficiales indican que cerca del 83 % de la delincuencia del país se concentra en estas zonas.

El Ejecutivo detalló que cada provincia enfrenta problemáticas específicas, como la expansión de bandas criminales, el sicariato, el microtráfico y la presencia de grupos irregulares en áreas fronterizas. En paralelo, Noboa dejó sin efecto el Decreto 202, emitido el 4 de noviembre de 2025, que establecía un estado de excepción previo en cinco provincias y tres cantones.