Para seguir construyendo la Patria Grande…

Aportes para impulsar una justicia estadal de naturaleza intercultural

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) abrieron este año (2015) el concurso de ensayos CLACSO-FIBGAR "La nueva agenda de los derechos humanos en América Latina y el Caribe" para investigador@s de América Latina y el Caribe. Finalmente, fueron recientemente premiados tres ensayos: el de la compatriota de la Patria Grande, Elida de O L dos Santos (Brasil), el de otra compatriota María Belén Villegas Plá (Uruguay), y el que a continuación tengo el gusto de compartirles, junto con una breve propuesta de políticas y líneas de acción en la materia, lo cual hago a los fines de resaltar los logros colectivos de nuestros ingentes procesos de construcción de teoría y praxis revolucionaria en Nuestra Abya-Yala (en tiempos actuales en que otr@s se apasionan en solamente destacar los errores o fallas de nuestros procesos; o en meramente sumirse en criticar nuestros múltiples y complejos problemas, sin proponer las corresponsables y debatibles soluciones). La invitación es a seguir entre todas y todos, construyendo, cultivando y superando los grandes desafíos que desde el Sur global tenemos y tendremos, de cara a la descolonización y despatriarcalización socialistas.

Todos los documentos de las compañeras (y de otr@s) se pueden obtener fácilmente descargándolos de la siguiente página de CLACSO: http://biblioteca.clacso.edu.ar/

A continuación comparto con l@s lectores de Aporrea la política y líneas de acción propuesta, y el enlace desde el cual visualizar y descargar el Ensayo que fue premiado.

Política y líneas de acción: Aportes para impulsar una justicia estadal de naturaleza intercultural.

La posibilidad de vigencia de la Justicia propia de cada pueblo indígena, en el marco territorial de Estados que constitucionalmente se definen como plurinacionales o pluriculturales, se confronta con las posiciones antagónicas de actores que desde el mismo Estado (en cualquiera de sus niveles territoriales), desde el resto de la sociedad o desde las propias comunidades indígenas, actúan a favor o en contra de la legitimidad de su aplicación, según las visiones del mundo de cada uno y el grado de poder (político, económico, jurídico y social) que detenten -en la práctica- en la estructura social. De este modo, el liderazgo ancestral de los pueblos originarios y sus diferentes aliados (dentro o fuera del Estado) pugnan por la validez de los modos de vida y visiones de mundo indígenas, y por ende, de sus sistemas jurídicos, políticos, económicos y territoriales. En contraposición a éstos, el funcionariado estatal (indígena y no) así como terceros con intereses económicos en los territorios indígenas (colonos, terratenientes, empresas), en tanto factores de poder, buscan la activación del sistema judicial (punitivo) estadal en defensa de su visión civilizatoria, enmarcada en paradigmas occidentales del desarrollo. El conflicto entre éstos actores en situaciones concretas, deriva en diferentes presiones sobre los sistemas de justicia autóctonos (ejercidas desde los poderes facticos) que tienden a la invisibilizacion o a la subalternizacion de éstos.

Los pueblos indígenas u originarios del continente, han logrado conquistar espacios políticos y sociales -tanto a nivel nacional como internacional- desde los cuales han logrado incorporar en las reformas constitucionales que los Estados han realizado, varias de sus principales reivindicaciones históricas de derechos humanos, particularmente en materia cultural, territorial y de justicia. Sin embargo, muchas de éstas conquistas se ven anuladas o postergadas en la práctica, dada la forma en que se han estructurado históricamente las relaciones del Estado y las sociedades nacionales con sus pueblos originarios, lo cual ha configurado un contexto social cruzado por múltiples asimetrías de poder en diferentes ámbitos: cultural, territorial, económico, político y jurídico, las cuales generan diferentes situaciones conflictivas, relacionadas entre sí. Así, la aspiración de los pueblos originarios de ejercer su propia visión jurídica indígena en materia territorial, como forma de resistencia cultural, destinada a perpetuar o recuperar sus ancestrales modos de vida; se ve confrontada con la cultura jurídica predominante, constituida desde una perspectiva académica moderna-occidental, que al ser desarrollada históricamente desde el devenir capitalista del Estado, busca imponerse políticamente en forma excluyente, por sobre todo otro sistema jurídico y cultural que le rivalice territorialmente. Ésto genera -en tiempos de globalización hegemónica- conflictos fuertes entre sistemas jurídicos pertenecientes a culturas distintas, que coexisten históricamente en un mismo territorio, los cuales son el reflejo de conflictos de orden económico y territorial, que son a su vez expresión de enfrentamientos aun más profundos entre visiones del mundo pertenecientes a civilizaciones diferentes, con entendimientos discrepantes en relación con: la justicia y su aplicación, el significado y usos del espacio, la relación ser humano-naturaleza, la organización social y económica, el tipo de saber o conocimiento socialmente valido, etcétera. En la mayoría de los casos, éstos conflictos se resuelven en la imposición del sistema jurídico hegemónico, por la vía de la acción judicial, la cual excluye a los demás sistemas jurídicos, que en la práctica son inferiorizados o subordinados, tanto a nivel del discurso público como de la acción administrativa del Estado. Tal accionar es justificado bajo argumentos que denotan una actitud racista en relación con los saberes y culturas jurídicas diferentes a las predominantes, las cuales a pesar de ser invisibilizadas, pueden subsistir y aplicarse en condiciones de precariedad o marginalidad, dentro de un contexto estadal que perpetua diferentes colonialidades sobre los pueblos originarios.

Para construir una justicia distinta dentro del Estado, que reconozca su plurinacionalidad e interculturalidad, se requiere impulsar las siguientes políticas y líneas de acción:

1. Fomentar la inclusión en el proyecto de país del vivir bien de los pueblos originarios.

Para hacer posible esto, dado el contexto de globalización hegemónica imperante, se debe:

A largo plazo:

a) Seguir luchando por un orden socialmente y económicamente justo, ya que el capital internacional impone dinámicas y condiciones globales a los Estados, para que mantengan a los pueblos originarios en situación de tutelaje colonial;

A corto plazo:

a) Promover en los ámbitos sociales, académicos, y de educación popular, espacios de construcción colectiva de saberes que contemplen la transdisciplinariedad, la multilínealidad, la complejidad y la incertidumbre, en función de proyectos interculturales emancipadores;

b) Fomentar legalmente en los espacios estadales la jurisdicción especial indígena, en tanto espacio para la (re)construcción intercultural de saberes jurídicos y de intercambio entre culturas jurídicas;

c) Admitir la vigencia de la justicia territorial indígena, como forma de resistencia cultural y oportunidad de refundación intercultural y plurinacional del principio estadal de soberanía territorial;

d) Considerar académicamente investigaciones sobre las presiones de género hacia la justicia indígena, emanadas desde la justicia estatal patriarcal.

2. Garantizar el derecho a la igualdad entre sistemas jurídicos culturalmente distintos.

Para hacer posible esto, dado el contexto de etnocentrismo jurídico imperante, se debe:

A largo plazo:

a) Reconocer jurídico-institucionalmente la coexistencia territorial de formas vigentes de derecho escrito y derecho no escrito;

A corto plazo:

a) Fomentar en los ámbitos políticos, jurídicos y académicos la discusión crítica sobre el "derecho" como una construcción socio-cultural en un contexto de saberes sociodiversos y de asimetrías de poder;

b) Establecer judicialmente espacios de coordinación intercultural entre sistemas jurídicos culturalmente diferentes, para definir principios compartidos, fomentar diálogos simétricos y evaluar críticamente las relaciones asimétricas entre las distintas culturas jurídicas;

c) Fomentar en los ámbitos políticos, jurídicos y académicos la reconstrucción intercultural de los discursos sobre los "derechos humanos".

3. Fortalecer la autonomía de los pueblos originarios

Para hacer posible esto, dado el contexto de monismo jurídico imperante, se debe:

A largo plazo:

a) Respetar la autonomía jurídica indígena, mediante la cual cada sistema jurídico indígena tiene el derecho de sancionar cualesquiera actos punibles cometidos por sus miembros;

A corto plazo:

a) Reconocer la condición de "sujetos de derecho" (individual y colectivamente) de los indígenas, desde sus propias premisas culturales.

Ensayo: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20151123114435/3.pdf

descolonizarse@yahoo.es



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