La justicia burguesa refrenda la criminalización de la protesta obrera. Un duro golpe al derecho a huelga y una advertencia a otros 2.400 trabajadores incriminados por luchar

Rubén González fue condenado a siete años y medio de cárcel


El 28 de Febrero de 2011, Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera en Guayana, fue sentenciado a 7 y años y medio de cárcel por la juez Magda Hidalgo del tribunal sexto de juicio radicado en Puerto Ordaz. Estaba preso desde Septiembre de 2009 imputado por la fiscalía con los cargos de: instigación a delinquir, agavillamiento, restricción a la libertad de trabajo y violación al régimen especial de zonas de seguridad. El motivo: dirigir una huelga, aprobada en una asamblea de trabajadores, ante el incumplimiento de un contrato colectivo firmado en diciembre de 2008, después de 17 meses de vencido, homologado en Mayo de 2009 por el propio Chávez en cadena nacional, y para esa fecha todavía era una burla.

A la par de esa situación, con el precio del hierro por el piso,  Chávez  otorga el “control obrero” a las empresas básicas de  Guayana y  anunciaba el salvamento a los capitalistas quebrados de las briqueteras con la compra de sus activos.

La condena a Rubén González representa un castigo ejemplar. La decisión judicial abre el cauce a los patronos públicos y privados para castigar, a quienes luchen. En caso contrario la advertencia está con los militares para dirimir cualquier conflicto que no pueda ser resuelto por la imposición patronal como ocurre con el general Clíver Alcalá en Carabobo y Aragua, comandante de la 41 brigada blindada cuyo mandato es que las empresas produzcan a cualquier precio.

Mientras, la derecha acaba de lograr, con una falsa huelga de hambre, el juicio en libertad a varios de sus fichas políticas. Rubén González, chavista para mayor escarnio, fue mantenido preso desde el momento de su detención el 24 de Septiembre de 2009. Pero además, representa el fin concreto para lo que sirven las famosas “zonas de seguridad” al imputarle a Rubén su violación, como a otros cientos de trabajadores encausados en el país por atentar contra la “seguridad alimentaria” que les garantiza el lucro a los capitalistas. Los golpistas y la derecha, que se cansaron de violar las “zonas de seguridad”, en el 2009 fueron amnistiados por el propio Chávez. Los que causaron a los venezolanos un gigantesco perjuicio en materia de “seguridad alimentaria”, al dejar pudrir miles de toneladas de alimentos, son escondidos de la vindicta pública mientras en lo absoluto se toca al entramado de corrupción involucrado en decenas de funcionarios públicos y militares.

Conquistemos la revocatoria de la condena a Rubén González o 2.400 trabajadores criminalizados por protestar  pueden ir a la cárcel con la “jurisprudencia” a lo Magda Hidalgo, a solicitud de los patronos explotadores. Unamos fuerzas para derrotar en la calle la regimentación impuesta al movimiento obrero y por la vigencia de los sindicatos autónomos del gobierno y con independencia de clase de los capitalistas públicos y privados.

CÁRCEL PARA LOS CORRUPTOS Y GOLPISTAS, NO PARA LOS TRABAJADORES Y SUS REPRESENTANTES

LA CONDENA IMPLICA QUE LA HUELGA COMO DERECHO ES LETRA MUERTA

QUE LA UNT CONVOQUE A UN PARO GENERAL POR LA LIBERTAD DE RUBEN GONZALEZ

Opción Obrera, 2 de Marzo de 2011

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Roberto Yépez


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