La historia de las agresiones imperiales nos ha enseñado que el derecho suele detenerse donde comienza el interés estratégico de Washington. Sin embargo, el reciente ataque contra el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y el asesinato de civiles en suelo venezolano no representa solo una violación de la soberanía; es un asalto directo al corazón del desarrollo científico y a la vida misma de una nación que ha decidido no tutelarse bajo el mando del Norte Global.
Desde la lógica del realismo geopolítico antiimperialista, la destrucción del IVIC no es un error de cálculo ni un "daño colateral". El IVIC representa la soberanía tecnológica. Destruir un centro de investigación es un mensaje claro: se busca desmantelar la capacidad de un país para resolver sus propios problemas (salud, agricultura, tecnología) sin depender de las corporaciones transnacionales.
El objetivo es doble: por un lado, el terrorismo psicológico, al atacar a civiles, se busca fracturar el tejido social y generar un estado de indefensión y por otro lado, la regresión al subdesarrollo, al eliminar la infraestructura científica, se intenta forzar a la nación a una posición de subordinación perpetua, donde el conocimiento solo puede ser importado, nunca producido.
La doctrina de la "excepcionalidad estadounidense" impide que reconozcan errores que puedan sentar precedentes legales de culpabilidad. En el mejor de los casos, se emitirán comunicados ambiguos lamentando la "pérdida de vidas", pero sin asumir la responsabilidad jurídica que conlleva un acto de agresión deliberado.
Para el imperio, pedir disculpas es admitir que están sujetos al Derecho Internacional, una idea que han rechazado sistemáticamente para mantener su impunidad global.
¿Son razones para ser enjuiciados los responsables?
Desde la jurisprudencia del Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, la respuesta es un rotundo sí. Estamos ante hechos que encajan en múltiples categorías delictivas internacionales: Ataques deliberados contra bienes civiles: El IVIC, al ser un centro de investigación civil, goza de protección especial bajo el Derecho Internacional Humanitario.
Crímenes de Lesa Humanidad: El asesinato sistemático de civiles como parte de una política de Estado (o de una fuerza de ocupación/agresión) es enjuiciable. Violación de la Soberanía: El uso de la fuerza militar sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU constituye un Crimen de Agresión.
Los responsables, desde la cadena de mando que ordenó el ataque hasta los ejecutores materiales, deben comparecer ante tribunales internacionales o, bajo el principio de Jurisdicción Universal, ser procesados por cualquier Estado que asuma la defensa de la humanidad.
La impunidad de los poderosos es el cáncer del sistema internacional. Si la comunidad internacional permite que la destrucción del IVIC y la sangre de civiles venezolanos queden en el olvido, el Derecho Internacional Público no será más que una sugerencia ética y no una norma vinculante. La soberanía no se negocia; se defiende en el terreno y en los tribunales.
