A pocos días de los impactantes sucesos del 3 de enero de 2026, el tablero político venezolano ha dado un giro inesperado. Lo que comenzó como una "captura total" por parte de la administración Trump, hoy parece transitar hacia una compleja y oscura mesa de negociación. Según nuestro modelo de análisis de datos de Poli-Data, la probabilidad de que Nicolás Maduro sea devuelto a Venezuela ha subido drásticamente de un insignificante 5% a un sólido 40%. Pero, ¿a qué costo?
El colapso de la excusa jurídica
El primer gran síntoma de este cambio es el debilitamiento del caso judicial en Estados Unidos. El reciente retiro de los cargos por el llamado "Cártel de los Soles" —ahora reducido por el Departamento de Justicia a un simple "sistema de favores"— deja al desnudo la fragilidad del argumento del narcoterrorismo. Si la base legal para el secuestro del 3 de enero se desmorona, la detención de Maduro se convierte en lo que realmente es: un acto político y un secuestro de Estado vulnerable en cualquier tribunal internacional.
Además, el panorama interno en Washington no es el que Trump esperaba. El Senado de EE. UU. ya ha empezado a poner frenos a sus poderes de guerra, limitando su capacidad de ejecutar esa "segunda ola de ataques" con la que ha amenazado a la Vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Petróleo por libertad: Un canje leonino
Nuestras proyecciones sugieren que el escenario más probable (55%) es un canje geopolítico. Trump no busca democracia; busca rentabilidad. Su reciente declaración afirmando que la reconstrucción de Venezuela será "muy rentable" y que tiene una "buena relación" con Delcy Rodríguez, confirma que el destino de Maduro está atado a la entrega de nuestros recursos.
El plan parece claro: la administración Trump administra la venta del petróleo venezolano y se le otorgan concesiones a 40 años a empresas como ExxonMobil, a cambio de la paz y la eventual devolución de los líderes capturados. Es, en esencia, un intercambio de Soberanía Económica por Supervivencia Política.
La tesis de la Nulidad Absoluta
Desde Vanguardia Ciudadana por la Democracia (VCD), advertimos con firmeza: cualquier firma, contrato o concesión petrolera que se estampe bajo este escenario de chantaje es nula de toda nulidad.
La ciencia de datos respalda lo que el Derecho Internacional dicta: no existe consentimiento válido cuando se tiene un fusil en la sien. La amenaza directa de Trump contra Delcy Rodríguez —advirtiéndole que "le pasaría peor que a Maduro" si no cooperaba— invalida legalmente cualquier negocio. Si el "Cártel de los Soles" no existe, la justificación de la intervención es falsa, y si la causa es falsa, el contrato resultante es ilegal.
Conclusión: Cooperar bajo protesta
Hoy, la liberación de Maduro es una ficha en una partida de póker petrolero. La estrategia para el país debe ser clara: evitar el caos y la masacre de una nueva intervención militar, pero documentar cada paso como un acto de extorsión.
Si el flujo petrolero se entrega bajo esta presión, el Estado debe registrarlo como una "firma bajo protesta". El veredicto es esperanzador pero amargo: existe un 60% de probabilidad de que Maduro regrese antes de marzo, pero el precio de ese boleto de retorno podría ser el hipotecar el futuro energético de las próximas dos generaciones.
Como ciudadanos, nuestra tarea es recordar que la soberanía no se transa. Lo que hoy se firma bajo coacción, mañana será revertido por la fuerza del derecho y la razón histórica.
