La extrema libertad de expresión existente en nuestro país es aprovechada por los palangristas de la propiedad intelectual para verter, nuevamente, una serie de mentiras con las cuales pretenden descalificar las medidas soberanas que anunció el Presidente Chávez en Aló Presidente el domingo 14 en relación a las patentes, las cuales otorgan a las empresas extranjeras un monopolio comercial que, en muchos casos, frena la producción de bienes y hasta el derecho que tiene todo país a superarse tecnológicamente. Aunque la patente de Tetra Pack, como declarara Arlen Piñate, Directora General del SAPI, está vencida y por lo tanto aquí se puede utilizar esa tecnología tranquilamente, el lacayaje leguleyo no deja pasar la oportunidad para intentar confundir a su auditorio.
Que el Estado bolivariano tiene la disposición de convertirnos en potencia tecnológica se ha demostrado hasta la saciedad. Todo convenio industrial y compra importante se hace a las empresas que aseguren la transferencia tecnológica. Esto es: Nos venden y nos enseñan cómo hacer lo que nos están vendiendo, nos entrenan a la gente para que lo produzcamos y así nos aseguramos de que la dependencia de la importación, en ese rubro, se rompa definitivamente.
En este marco de acción no es extraño que el Presidente Chávez anuncie que autorizó a Eduardo Samán a hacer cambios con miras a asegurar la Soberanía en materia de propiedad intelectual como una manera de eliminar las trabas legales que obstaculizan el desarrollo tecnológico y nos convierten en compradores obligados de tecnología, dependientes de los intereses lucrativos de las empresas transnacionales.
Pero los mercenarios no dicen nada de esto porque sólo les interesa defender los intereses de quienes les pagan. Y es que la propiedad intelectual ha desarrollado toda una red de intereses que se mueven en torno a ella, los cancerberos que allí medran están dispuestos a morder para cumplir su trabajo y atacan como los que saben que la razón no les asiste: Con mentiras y pretendiendo asustar a quienes tomen la decisión de creerles. Invocan la Constitución cuando les conviene para defender los intereses foráneos, pero nada dijeron cuando fue derogada de un plumazo el 12 de abril de 2002.
La divulgación de la tecnología no es algo que se vaya a hacer desde ahora. Hace más de cinco años que se está realizando en Venezuela y no es un hecho extraño en ningún país. El secretismo en los procedimientos tecnológicos no conviene más que a quienes se enriquecen con él, que son una minoría absoluta, la misma que sometió a los países del Sur en el siglo XX por medio de la dependencia tecnológica que constituyó, y sigue constituyendo, una herida abierta por donde salen los recursos de las naciones pobres, que son succionados por las empresas transnacionales por medio de la propiedad intelectual, sobre todo las patentes, logradas muchas veces con las triquiñuelas en que son expertos los bufetes especializados, con el fin de conservar el monopolio de la producción.
Hugo Chávez es el Presidente de Venezuela así no les guste a los explotadores y sus empleados, y la Constitución de 1999, en su artículo 236 numeral 4 le encomienda "Dirigir las relaciones exteriores de la República". Por otro lado, según el texto constitucional, "Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo"
Y así debe ser. No podemos subordinarnos a leyes que fueron elaboradas por gobiernos complacientes en beneficio de sus patronos capitalistas; por el contrario, todo instrumento jurídico que perjudique directa o indirectamente los intereses de los venezolanos y las venezolanas debe ser revisado y derogado, porque las leyes son para servir a la gente y no la gente para servir a las leyes, que es el tapaojos con que los lacayos pretenden cegar a quienes les quieran creer.
