27-12-25.- Tres adolescentes y una médica condenada a 30 años de prisión están en la lista de los 99 presos políticos que fueron excarcelados por la administración de Nicolás Maduro. Todos fueron detenidos en las protestas postelectorales de 2024 y tenían 16 meses tras las rejas.

Los jóvenes Luisneidel Zúñiga, Ángel Gabriel González y Abraham Rivero, residentes de La Guaira, y la médica Marggie Xiomara Orozco Tapias regresaron a sus casas este 25 de diciembre. Desde julio y agosto de 2024 se enfrentaron a una “injusta detención”, según denunciaron familiares, amigos y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Luisneidel fue detenido el 29 de julio de 2024. Entonces, tenía 16 años. Su madre, Marián Pérez, una colaboradora del gobierno de Maduro, aseguró que su hijo era inocente y que no participaba en las protestas. Su afiliación política no le favoreció. El joven fue imputado por los delitos de terrorismo, incitación al odio y daño al patrimonio público.

Ángel Gabriel tenía 17 años cuando lo detuvieron el 9 de agosto de 2024 sin orden judicial. Su novia estaba embarazada y su hijo nació mientras él estaba en prisión. El Ministerio Público lo señaló de terrorismo, incitación al odio, daños al patrimonio y obstrucción de las vías públicas por su supuesta participación en el derrumbe, a palos y pedradas, de una estatua del expresidente Hugo Chávez en La Guaira.

«Mi hermano no estaba ahí ese día. Lo llevamos (a la policía) para que se hicieran las averiguaciones de que él no era culpable y resulta que lo torturaron para que dijera que era culpable», denunció en julio Mirbelis González en entrevista con la BBC.

El tercer adolescente liberado es Abraham Rivero, quien tenía 16 cuando fue detenido el 29 de julio de 2024. Al joven lo detuvieron por tener una ropa similar a la que usó uno de los hombres que derribó la estatua de Chávez. La familia negó su participación.

Entre las 99 liberaciones, de las cuales la ONG Foro Penal sólo ha confirmado 45 -según reportaron en sus redes sociales-, está la doctora Marggie, de 65 años.

Su caso generó repudió cuando un tribunal del estado Táchira la condenó el pasado 16 de noviembre a 30 años de prisión por enviar un audio por WhatsApp en el que criticaba a la administración de Nicolás Maduro y llamaba a votar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La sentencia correspondía a la pena máxima contemplada en la legislación venezolana para delitos graves.

«No fue un favor del poder»

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos, una organización que agrupa a familiares de los detenidos, celebró las excarcelaciones, pero aclaró que no se trataron de “un favor del poder”, sino de una “victoria de la verdad”.

“Las recientes excarcelaciones no son un acto de benevolencia, sino fruto de la lucha constante de familiares, defensores de derechos humanos y la solidaridad internacional con respaldo de organismos como la ONU”, aseguró en un comunicado difundido en sus redes sociales.



Agregó que ninguna de las personas liberadas debió estar presa. “Fueron víctimas de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. Ahora siguen bajo medidas cautelares, lo que confirma el carácter político de su encarcelamiento”, denunció el Comité, que indicó que sólo han podido confirmar 71 liberaciones de las 99 anunciadas por la administración de Nicolás Maduro.

Confirmada la mitad
Las ONG Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón sólo han podido confirmar hasta este viernes 26 la mitad de las 99 excarcelaciones que anunció la administración de Maduro, y dio pie a nuevos llamados para la liberación de todos los presos políticos.

Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos, publicó una lista con la información de 45 excarcelados confirmados, todos venezolanos. «Consideramos oportuno que se publique una lista oficial de excarcelaciones», pidió la organización.



La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó que solo han verificado «aproximadamente la mitad» y recordó que en muchos casos se le prohíbe a los excarcelados y familiares hablar sobre el proceso.

«Las excarcelaciones se habrían producido bajo condiciones restrictivas, entre ellas la prohibición de emitir declaraciones públicas, lo que ha dificultado la confirmación directa de varios casos», explicó la ONG.



Afirmó que las medidas de excarcelación deben darse «sin condiciones, sin restricciones indebidas y con plenas garantías» para los detenidos.

También insistió en la necesidad de “transparencia oficial y acceso a información verificable, como elementos indispensables para la protección efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad y de sus familias”.