Vuelve la trampa opositora

El plebiscito convocado para este domingo 16 es violatorio de toda la legalidad, la legitimidad y la institucionalidad venezolana. Pero eso a la oposición le importa un bledo. Hablan ahora de Consulta Popular basándose en el art 70 de la CRBV, pero obvian que en ese artículo se dice: "La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo. ¿Cuál ley?. En este caso, la Ley Orgánica de Procesos Electorales que le otorga al CNE todas las competencias para regular, conducir y darle legalidad a los procesos electorales venezolanos.

Es importante mencionar la conducta fraudulenta que ha tenido la oposición venezolana en los procesos refrendarios o de consulta popular. En el año 2003, previo al referéndum, revocatorio del presidente Chávez, el Consejo Nacional Electoral envió a reparo 3.479.120 firmas e invalidó 375.241, de las cuales 148 mil correspondían a las llamadas "planas". Es decir, un fraude monumental.

Luego, en 2016, cuando lanzaron el referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro, "intentando vulnerar el sistema electoral venezolano e intentando burlar a la instancia que lo rige (y al país entero), la MUD introdujo 1 millón 957 mil 779 firmas, de las cuales 605 mil 727 (30,9%) presentaron irregularidades, entre ellas más de 10 mil firmas de ciudadanos muertos, 9 mil 333 números de cédula inexistentes, más de 3 mil cédulas de ciudadanos menores de edad y 1 mil 335 privados de libertad". Otro fraude enorme. Ya lo hicieron y suponemos lo volverán a hacer.

Ahora se plantean la realización de un plebiscito sin la participación del ente rector de los procesos electorales y de las consultas populares. ¿Cómo ofrecer confianza de que los resultados de este proceso serán manejados con pulcritud y transparencia?

En Venezuela, absolutamente estos procesos electorales o de consulta popular son monitoreados por el CNE y sin ese respaldo el procedimiento electoral pierde legalidad. Aun cuando el plebiscito haya sido convocado por la AN (por iniciativa de la MUD), su validez es nula. Sin el respaldo del árbitro electoral y sin el resguardo del ejército nacional, siempre habrá suspicacias acerca de la transparencia y confianza del procedimiento electoral. Siendo así, esta consulta sólo puede ser considerada como una gran encuesta que de alguna manera revele la posición de parte del pueblo venezolano, sin que sea vinculante ni obligante para el estado o el gobierno.

Es que incluso violan su propia ley, es decir, la Asamblea Nacional, aun estando en desacato sancionó el 20 de abril de 2016, una Ley de Referendos donde se establece que los referendos en sus diferentes modalidades (consultivo, revocatorio, aprobatorio o derogatorio) deben ser supervisados y canalizados por el Consejo Nacional Electoral y por el Plan República. Pues bien, todo lo establecido por la propia oposición en dicha ley, en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico venezolano, está siendo violado abiertamente en este plebiscito.

La oposición venezolana nos tiene acostumbrados a este tipo de "performances" para mantener la esperanza entre su gente en el derrocamiento del gobierno bolivariano, por cualquier vía y en tratar de generar en el ámbito internacional que este es un gobierno ilegítimo y por ende, debe ser desconocido.

De allí que la conciencia del pueblo venezolano debe consolidarse, pues acá sabemos que no estamos defendiendo un presidente, o un gobierno más, sino que estamos defendiendo un proceso de transformaciones estructurales hacia una sociedad justa, equitativa y solidaria.



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Cécil Gerardo Pérez


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