El gran capital, dentro y fuera de Venezuela, impulsa una salvaje guerra mediática contra la democracia venezolana y ello viola la Constitución. Nótese que cuando la Constitución establece en su artículo 108 que los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana, esto es un mandato de corresponsabilidad social, es decir, un deber compartido entre autoridades del poder público, empresas de información y ciudadanos a fin de promover la sana convivencia entre ciudadanos.
En este contexto pudiera referirme a programas televisivos en el exterior, donde se acostumbra a difamar a la Revolución Bolivariana y se intenta linchar a socialistas venezolanos, aunque no siempre con éxito, como sucedió en mi segundo programa en TV Al Jazeera en inglés donde sostuvimos un debate antifascista en el cual la verdad revolucionaria resultó victoriosa, así lo demuestra el video http://youtu.be/onBNRXigDjM
Niños, niñas y adolescentes son receptores susceptibles a la influencia de medios de comunicación, de allí que ninguna escena televisiva indebida pueda tolerarse en nombre de entretenimiento libre o la diversión sin censura.
Precisamente el artículo 58 del texto constitucional consagra el derecho de la infantoadolescencia a recibir una información adecuada para su desarrollo integral; de manera que garantizar esa adecuación es una obligación de todos los ciudadanos frente a las corporaciones que lucran con programas grotescos fabricados mayormente en EEUU y Colombia.
Es una vulneración en contra de los intereses colectivos y difusos del pueblo venezolano, cuando impunemente se difunden escenas de asesinatos, violaciones, torturas físicas o psicológicas, narcotráfico, prostitución, trata de personas y cosificación sexual.
La telebasura genera un nefasto ejemplo de conducta desviada que puede pervertir las mentes de la población en edad temprana. Frente a esta sistemática agresión mediática, el poder popular organizado debe accionar política y jurídicamente para que el Estado aplique medidas correctivas.
Hagamos que los medios de comunicación cumplan con la Carta Magna, sobre todo en su deber de coadyuvar a la difusión de valores de la tradición popular y la obra de artistas, escritores, compositores, cineastas, científicos, científicas y demás creadores culturales del país como lo impone el artículo 101 constitucional.
