Ante
la posibilidad de una ruptura de relaciones con Colombia, se debe evaluar las
consecuencias, desde distintos puntos de vista, para comprender cabalmente la
medida, cuya decisión le corresponde al presidente de
En
la práctica, tenemos una afluencia creciente de compradores colombianos hacia
Venezuela, especialmente en los estados fronterizos. Si los precios no suben
más, en perjuicio de los nacionales, es porque muchos de los productos que se
llevan los extranjeros están subsidiados, directamente, en el caso de aquellos
que compra el Estado para abastecer a la población de menores recursos o,
indirectamente, en el caso de artículos que se han importado con dólares suministrados
por CADIVI al tipo de cambio oficial.
Una
regulación o restricción del ingreso de compradores colombianos a Venezuela,
contribuiría a mejorar los niveles de abastecimiento regional y nacional y a
atenuar la inflación. Seguramente se generaría una tendencia al contrabando,
pero sería más controlable en una situación de interrupción de las relaciones.
La sustitución de las importaciones desde Colombia debería ser uno de los
factores a planificar, en caso de una decisión drástica del gobierno venezolano.
Desde
el punto de vista demográfico, igualmente, la ruptura de relaciones aminoraría
el flujo legal e ilegal de colombianos hacia nuestro territorio. Dicho flujo
también tiene consecuencias sobre la población nacional, porque compite por las
fuentes de trabajo e ingreso y por los servicios públicos (agua potable,
electricidad, transporte, salud, aseo urbano, educación, vivienda, aguas
servidas, etc.).
Este
flujo tiene dos vertientes: una, transitoria, de colombianos que viven en
Colombia y trabajan en Venezuela, principalmente en actividades informales.
Otra, permanente, de quienes vienen a establecerse en nuestro país, por razones
diversas. En ninguno de los casos existen políticas regulatorias del flujo: No
hay selección de los inmigrantes, que responda al interés nacional, que filtre
el tipo de inmigración aceptable. Con los inmigrantes que vienen a buscar
solución a sus necesidades básicas, mediante el trabajo, llegan también
delincuentes y mendigos, que trasladan a
nuestro territorio problemas sociales y económicos de Colombia, que debería
atender el gobierno colombiano.
Si
realmente se trata de refugiados, expulsados por la guerra civil colombiana,
deberían registrarse como tales y ser confinados en lugares supervisados por
organismos internacionales, que puedan exigirle al gobierno colombiano asumir
la responsabilidad para con sus nacionales. Mientras se siga procediendo por
vías informales e ilegales, Venezuela seguirá acarreando los costos de un
problema interno colombiano y el gobierno colombiano seguirá ignorando la
situación.
Ante
la mención de una posible ruptura, se alzan voces de sectores económicos que se
oponen, pero ellos defienden intereses particulares y no pueden imponerse sobre
el interés colectivo. Otros asumen un punto de vista político y argumentan la
fraternidad histórica o revolucionaria, pero todos deberían reconocer que la
fraternidad debe canalizarse legalmente y dentro de las normas del derecho
internacional, para neutralizar los efectos perversos de la inmigración ilegal
y el desequilibrio económico.
Reconocemos
los principios revolucionarios internacionalistas, pero se debe discutir el
tema abiertamente, poniendo sobre la mesa los aspectos a favor y en contra, en busca de la mejor política para el
país y la revolución y para la integración suramericana, poniendo aparte las
posiciones idealistas, que pueden favorecer intereses nefastos, amparándose en
valores bolivarianos y revolucionarios.
Es
cierto que a lo largo del tiempo la balanza se ha inclinado a uno y otro lado
de la frontera, que durante unos períodos fuimos nosotros los compradores en
Colombia o los que requeríamos la mano de obra agrícola colombiana, para
recoger las cosechas de café, pero, la situación actual es otra, más compleja,
teñida de amenazas, como el narcotráfico, el lavado de dinero y el
paramilitarismo, que pueden poner en riesgo la revolución bolivariana. Eso hay
que sopesarlo con toda la responsabilidad y la gravedad del caso.
