Envidio sanamente a los países cuya población no está permanentemente politizada: confía en sus gobernantes y en la oposición, y acude a las urnas con normalidad en cada periodo legislativo. En España ocurre lo contrario. Aquí la politización es estructural. Y no solo ahora, sino a lo largo de los cuarenta y siete años de una democracia que muchos consideran suficiente, pero que otros vivimos como incompleta y tramposa.
El ayuno de política durante las cuatro décadas de dictadura produjo estragos en el metabolismo social del país. Aquellas generaciones —que aún perduran— pasaron de no saber nada de política a verse sumergidas de golpe en una sobredosis permanente de política. Del silencio forzado a la saturación. Desde el día siguiente a la proclamación, a bombo y platillo, de la democracia de partidos —inseparable además, primero del capitalismo financiero y ahora de neoliberalismo— comenzó una indigestión colectiva que no ha remite. Al contrario el avance de la ultraderecha y sus formas perfilan un agravamiento de la crispación mucho mayor.
Ya esa democracia nació ya bronca. Con una política crispada que en otros países europeos solo aparece en momentos excepcionales. En España, en cambio, la crispación es norma. La política se ha convertido en frentismo sin trincheras. La corrupción y el enfrentamiento han acompañado casi cada etapa del periodo democrático, durante ya casi un lustro. Hasta ahora, no ha habido un verdadero periodo de respiro o de bonanza institucional en la singladura de la nación.
Se oye a veces afirmar —incluso por voces académicas, como la de un tal Pérez Reverte— que la guerra civil la "perdimos todos". La frase suena equidistante, pero resulta históricamente insostenible. En todas las guerras civiles hay vencedores y vencidos. Y los vencedores se apropian de los bienes, de la tierra y de las estructuras de poder de los derrotados. Eso ocurrió en España tras 1939. Y esa apropiación marcó de forma profunda el futuro del país en el que estamos.
Desde entonces, la sociedad quedó dividida en dos bloques desiguales: los dominadores de hecho y los invitados de derecho. A estos últimos se les permite participar en el juego institucional para sostener la apariencia de paridad democrática. Pero el poder real —económico, mediático, judicial y militar— ha permanecido en manos de los mismos sectores sociales que salieron victoriosos de la contienda
Cuando se habla coloquialmente de "los dueños del cortijo" no se está utilizando solo una metáfora retórica: se describe una realidad de continuidad histórica. Los dominadores permiten, en alternancia, la gobernanza de quienes consideran sus adversarios, pero sin soltar nunca el control de los resortes decisivos: la justicia de los Tribunales superiores, por ejemplo. La política cambia; el poder profundo apenas se mueve.
Y así, la democracia española arrastra una anomalía de origen: una estructura de poder que no fue verdaderamente redistribuida, sino simplemente revestida de pluralismo. De ahí la politización permanente, el frentismo crónico y la sensación de que, más allá del ruido parlamentario, el cortijo sigue teniendo propietarios perfectamente definidos.
