Durante buena parte del siglo XX las identidades ideológicas parecían inequívocas. La derecha identificaba a la izquierda con el marxismo y el comunismo; la izquierda identificaba a la derecha con el fascismo. En la Europa posterior a la revolución rusa y a la irrupción del fascismo italiano, esa simplificación respondía a conflictos reales. La polarización era estructural.

Tras la Transición española, se instauró un sistema democrático y una monarquía parlamentaria, pero las estructuras administrativas, judiciales, económicas y culturales no se transforman por decreto. No hay una mutación ideológica automática. Los cuadros del Estado formados en el franquismo no pudieron convertirse de la noche a la mañana en demócratas liberales empapados de lógica constitucional. La continuidad del franquismo ideológico fue profunda, aunque se envolviera en novedosas formas jurídicas.

La Transición fue, en términos históricos, una simple operación de reforma controlada. La correlación de fuerzas no permitía una ruptura. La amenaza de involución militar —la amenaza de un golpe de estado si no se aprobaba el texto constitucional— condicionó el proceso. El resultado fue una garantía de estabilidad y de apertura a las libertades públicas, pero también se preservaban posiciones estratégicas por parte de quienes habían sido, justo, beneficiarios del régimen anterior. Este dato no es retórico: explica la persistencia de inercias institucionales. Ahí tenemos a las Diputaciones, institución clave del franquismo, que permite controlar los presupuestos de la Comunidades y una forma de poder considerable.

En la actualidad, los sectores conservadores y ultraconservadores no ocultan su objetivo: alcanzar el poder por vía electoral y reconfigurar el Estado desde dentro. No se trata de restaurar formalmente el franquismo —lo que sería inviable en el marco europeo—, sino de recuperar su lógica, de algún modo su ideología: centralización política, reducción del pluralismo, subordinación de lo público a intereses privados y reinterpretación restrictiva de derechos. No es el autoritarismo clásico, sino la utilización de sus parámetros.

Frente a ello, la izquierda institucional ya no es revolucionaria ni comunista en sentido histórico. Su núcleo es socialdemócrata. Su eje programático no es la abolición del capitalismo, sino la corrección de sus efectos más perniciosos mediante políticas redistributivas y servicios públicos robustos. La frecuente acusación de "comunismo" en el Congreso es movilizadora, pero carece de fundamento en la práctica gubernamental.

El verdadero clivaje contemporáneo —la verdadera fractura— no es, por tanto, el que oponía en el siglo XX fascismo y comunismo, sino el que enfrenta dos concepciones del Estado:

1. La neoliberal-privatizadora, que concibe lo público como un ámbito subsidiario, ineficiente por definición, cuya función es transferir recursos y oportunidades al sector privado.

2. La garantista de lo público, que entiende el Estado como instrumento imprescindible de cohesión social, de redistribución de los recursos y de aplicación efectiva de los derechos básicos.

Este eje es transversal porque atraviesa partidos y discursos tradicionales. Permite comprender fenómenos concretos sin recurrir a categorías retóricas. El caso de la Comunidad de Madrid es ilustrativo: según documentación oficial y reportajes periodísticos, los hospitales vinculados al Grupo Quirón habrían percibido entre 2021 y 2024 alrededor de 4.800 millones de euros frente a los 2.543 millones inicialmente presupuestados. Más allá de la controversia contable, el dato revela una tendencia: la externalización creciente de funciones esenciales del sistema sanitario público.

La cuestión no es meramente económica. Es política. Cuando los servicios esenciales dependen de operadores privados financiados con fondos públicos, el centro de gravedad del poder se desplaza: el Estado deja de ser garante directo para convertirse en intermediario financiero. Ese desplazamiento altera la naturaleza misma del contrato social.

En este contexto, la fragmentación de las izquierdas no es un problema moral, sino estratégico. Cuando el eje decisivo es la defensa o debilitamiento de lo público, consumir energías en conflictos identitarios debilita al mismo tiempo el propósito de contención frente a los objetivos neoliberales.

En suma: la batalla ideológica actual no es teórica, sino estructural. O se consolida un modelo de Estado reducido a gestor de intereses privados, o se refuerza un modelo de Estado garante de derechos. Ese es el verdadero eje transversal de nuestro tiempo.

No estamos ante una disputa terminológica ni ante un juego de etiquetas heredadas del siglo XX. Estamos ante una elección histórica concreta: o el Estado se convierte definitivamente en gestor de intereses privados financiados con dinero público, o sigue siendo un instrumento de garantía colectiva. Todo lo demás es distracción.

Cada privatización estructural consolida un desplazamiento de poder irreversible. Cada fragmentación estratégica de la izquierda facilita ese proceso. No hay neutralidad posible: quien dispersa el eje en batallas secundarias mientras se vacía lo público está, de hecho, contribuyendo al desmantelamiento que dice combatir.

El conflicto central no es identitario ni retórico. Es material. Es presupuestario. Es institucional. Y si la izquierda no es capaz de reconocerlo y actuar en consecuencia, no será derrotada: se habrá derrotado sola.