La reciente reunión en el Palacio de Miraflores entre la vicepresidenta (y presidenta encargada) Delcy Rodríguez y la delegación estadounidense encabezada por Wright, marca un hito en la realpolitik del siglo XXI. El anuncio de una "asociación productiva a largo plazo" no es, bajo ninguna óptica nacionalista, una claudicación; es el ejercicio pleno de la soberanía pragmática.
La soberanía no es aislamiento, sino la capacidad de un Estado de decidir con quién comercia y bajo qué condiciones, sin que ello implique la tutela de su modelo político.
La intención de que la agenda energética sea el "motor de la relación bilateral" responde a una realidad geofísica ineludible. Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo, y las refinerías de la costa del Golfo en EE. UU. fueron diseñadas específicamente para procesar nuestro crudo pesado.
Esta relación es complementaria por naturaleza, pero ha sido históricamente asimétrica por diseño imperial. Lo que presenciamos hoy es un intento de reconfigurar esa simetría bajo los siguientes pilares:
Autodeterminación económica: El control de los proyectos de petróleo, gas y minería permanece bajo el marco legal venezolano (Ley Orgánica de Hidrocarburos).
Desideologización del mercado: La energía se trata como un activo estratégico de intercambio, no como un caballo de Troya para el cambio de régimen.
Seguridad energética global: En un contexto de policrisis internacional, EE. UU. reconoce que la estabilidad de su mercado interno depende más de la cercanía venezolana que de la volatilidad del Medio Oriente.
El reto de avanzar "sin dificultades y sin contratiempos", como señaló Rodríguez, reside en la capacidad de Washington para respetar el Principio de No Injerencia. La historia nos ha enseñado que el imperialismo suele confundir la apertura comercial con la debilidad política. Sin embargo, el mensaje de Caracas es claro: podemos bombear petróleo juntos, pero no compartimos el manual de estilo de la Casa Blanca.
