En julio de 2005, el agricultor Juan Martínez Galdeano entró vivo en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar. Probablemente fue a provocar. Su gen vasco se rebeló. Hasta entonces habían sucedido muchas cosas en España con el gobierno de Aznar, y en el mundo con el de Bush, que a muchos y a muchas casi no nos dejaban dormir. Horas después, su cadáver salía en una bolsa. Había sido reducido y golpeado hasta la muerte por varios guardias, incluido el jefe del puesto. Lo que vino después no fue justicia: fue un simulacro.
La Audiencia de Almería no habló de homicidio ni de torturas. Habló de “imprudencia grave” y de “lesiones con abuso de superioridad”. Condenó al teniente a 15 meses de prisión por un delito de “atentado no grave contra la integridad moral”. En 2008 el Tribunal Supremo le absolvió del delito de atentado. Le condenó por imprudencia grave con resultado de muerte. La pena de prisión pasó de 15 meses a un año. A sus subordinados, a simples multas. Ninguno cumplió cárcel efectiva. El resto de los implicados fue absuelto. Aquello fue un linchamiento en toda regla. La sentencia fue técnica y jurídicamente lamentable. Un dechado de lo que es injusticia. La vida de un ciudadano valió lo que vale una sanción administrativa.
Pero el caso de Roquetas no nació del vacío. Era hijo de una época. Tras el 11-S, el mundo había visto cómo la doctrina anticipatoria de Bush —atacar antes de ser atacado— justificaba guerras preventivas en Afganistán e Irak, amparadas en falsedades que nunca se castigaron. En España, el gobierno de Aznar abrazó sin reservas la misma estrategia, incluso contra la voluntad de la mayoría. La potencia de ese influjo sobre los guardias de Roquetas y la “doctrina Aznar” paralela era manifiesta. El mensaje era claro: la fuerza, si se ejerce desde el poder, no necesita rendir cuentas. Todo se concitaba en España a favor de los guardias.
Ese clima, que legitimaba la violencia como herramienta política y despreciaba la verdad como requisito, se filtró hacia abajo. Lo que se hizo en un cuartel de Almería, fue una réplica de lo que, con palabras ampulosas y banderas, se hizo en Kabul y Bagdad. En ambos casos, la víctima estaba indefensa; en ambos casos, la impunidad estaba asegurada.
Así, en Roquetas del Mar, no solo murió asesinado un hombre. Murió también, por un instante, la ilusión de que la ley podía ser la misma para todos, de que esto era una democracia, de que tras la Transición se había conquistado la libertad reprimida cuarenta años por la dictadura franquista. Así, España, en pleno siglo XXI, mostró una vez más su rostro de país atrasado, donde el uniforme seguía siendo más poderoso que la justicia, y donde la justicia, cuando ha de mirar al poder armado, es ciertamente ciega… pero solo para un lado.
