Cimitarra, Petro y Rodolfo.

El próximo 30 de enero se llevaran elecciones atípicas en el municipio de Cimitarra (50 mil habitantes), que hace parte del departamento de Santander, para escoger la persona que sustituirá al alcalde Wilfran Sabogal, quien murió en octubre del 2021 como consecuencia del Covid.

Hay tres candidatos en campaña, ellos son Henry Riaño, representantes de una alianza de partidos; Alejandro Cárdenas, del Partido Liberal de Cesar Gaviria, reconocido neoliberal; y Germán Sabogal, representan del Partido Dignidad.

Alejandro Cárdenas, el candidato liberal, interviene en el debate electoral con el aval de la Dirección Nacional Liberal, en representación de una mafia criminal que utiliza en abundancia dineros públicos provenientes del Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de la Republica DPS para apalancar sus aspiraciones que tienen el objetivo de capturar la Alcaldía de este importante municipio del Magdalena Medio colombiano, el cual dispone de un presupuesto anual cercano a los 400 mil millones de pesos (Un billón 600 mil millones en 4 años).

Alejando Cárdenas, cuya esposa es Paola Pinzón Agudelo, hija del ex alcalde Marco Pinzón (alias Cachamo) junto a su socio Diego Moreno Tirado, son titulares de una amplia contratación con el DPS, cercana a los 100 mil millones de pesos en los programas Familias en su Tierra/FEST, Iraca (que atiende población victima afro e indígena) y Familias en Acción.

Tanto Cárdenas como Moreno Tirado han obtenido esa contratación estatal mediante sobornos y coimas al exsenador Milton Rodríguez (https://bit.ly/33oMtNg ) cercano a los actuales directivos del DPS, quien ha acumulado una amplia fortuna representada en grandes haciendas y títulos valor que nunca han sido investigados por la Fiscalía ni la UIAF.

A Moreno Tirado y a Cárdenas los une su vínculo con el exalcalde de Bucaramanga (2011), Héctor Moreno Galvis (quien falleció en febrero del 2021 en brazos de su amante después de salir de una UCI por Covid), quien fue juzgado y condenado (2014) por el robo a la alcaldía de la capital de Santander en una cuantía cercana a los 5 mil millones de pesos, con contratos adjudicados a dedo a su propio hijo Diego Moreno Tirado, para el alumbrado de la ciudad en la época decembrina del 2011, obras que nunca se ejecutaron por el robo integral de los dineros presupuestados; proceso que se repitió en otro contrato para atender a la población adulto mayor de la ciudad que fue engañada con anchetas de tres dulces.

Alejandro Cárdenas, fue el Contador de Moreno Galvis en la Fundación Andes (años 2019 y 2020) y manejo contratos de esta entidad con el DPS por 150 mil millones de pesos para ejecutar el Programa Familias en su tierra FEST que atiende a las víctimas de la violencia. Muchos de esos dineros fueron a parar a los bolsillos de Moreno Galvis, su familia y los comisionistas, pues a las indefensas víctimas se les hacía firmar el recibo de unas migajas (Proyectos productivos, seguridad alimentaria, mejoramiento de vivienda y fortalecimiento comunitario) para rendir de esa manera los informes que justificaran los desembolsos de la Tesorería del DPS; también mediante el no pago a gestores sociales, enlaces municipales y coordinadores en los municipios de Fonseca (Guajira), Salamina (Magdalena), Granada (Meta), Puerto Concordia, Puerto López, Nechi, Arboletes, Carmen de Bolívar, Cerete y Zambrano.

Moreno Tirado y Cárdenas a la muerte de Moreno Galvis heredaron todos estos contratos y contactos con las redes de corrupción que orbitan en el DPS en manos de una conocida uribista (Susana Correa) asociada con las telarañas vallecaucanas del paramilitarismo cercano a los ingenios azucareros.

En el 2021, Diego Moreno Tirado a nombre de la Fundación Terrazul alcanzo una contratación (30 mil millones de pesos) con el DPS en el Programa IRACA para atender población afro descendiente e indígena, víctima de la violencia y en cumplimiento de varias Sentencias de la Corte constitucional que ordeno resarcir los derechos de esta población vulnerable.

La ejecución del anterior contrato ha estado plagado de irregularidades, despojos y atropellos a los afros e indígenas organizados en Consejos comunitarios y Resguardos de los municipios chocoanos y vallecaucanos de Yuto, Tado, Alto Baudo, Rio Quito, Pizarro, Docordo, Buenaventura y Florida, los cuales han hecho las denuncias correspondientes ante la Oficina de Control Interno del DPS, que las ha engavetado e ignorado.

Moreno Tirado presenta, con ayuda de sus asesores y técnicos, informes fraudulentos y plagados de documentos falsos (montados con potoshop) para justificar los desembolsos de Tesorería. Ese contrato ha sido prorrogado ilegalmente hasta febrero del 2022 por el Jefe de Contratos del DPS, Gloria Rey, beneficiaria de las coimas de Moreno Tirado, la que repite el modelo del sistema de contratos con familiares que se ha denunciado contra funcionarios asesores de la Presidencia de la Republica.

Esa funcionaria le otorgo Diego Moreno a dedo en noviembre de 2021 el contrato de Familias en Acción por un valor de 13 mil millones de pesos y su ejecución ha estado plagada de robos, despojos e incumplimientos sin que la Oficina de Control Interno del DPS ni la Contraloría tomen cartas en el asunto.

Alejandro Cárdenas, el flamante candidato a la alcaldía de Cimitarra, ya ejecuto (2021) un contrato de IRACA (en Tumaco, Guapi y Vichada) por 26 mil millones de pesos al que le despojo cuantiosas cifras de dinero para comprarse tremenda mansión en Bucaramanga y vehículos de alta gama.

Hoy tiene un contrato con el DPS, también de Iraca, por 23 mil millones de pesos, el cual está a nombre de su esposa Paola Pinzón Agudelo (cc 1.121.901.948), la representante de la Fundación “sin ánimo de lucro” ASOCOIN (Asociación Colombiana de Innovación nit 900.068.079-9), la que sirve de pantalla a todos estos ilícitos.

Hay que decir que Cárdenas es experto en organizar y montar vía exprés Uniones Temporales, SAS y Fundaciones piratas que respalda con pólizas falsas expedidas en barranquilla, como se confirmó recientemente con la anulación de un nuevo contrato de Iraca para Cárdenas sustentado en pólizas chimbas, como las que ha utilizado Emilio Tapias en sus contratos con el Min tic por parte de Centros Poblados, que origino un gigantesco escándalo que compromete a la mafia de los Char.

Los dineros y desembolsos de este contrato son los que están siendo utilizados para financiar la campaña electoral de Cárdenas a la Alcaldía donde dispondrán de cuantiosos recursos para seguir con su práctica de corrupción, especialmente ahora que no hay ley de garantías lo que permite la entrega de contratos a dedo y entre las roscas delincuenciales que despojan las alcaldías y gobernaciones.

¿Sera que los dos candidatos presidenciales que están denunciando los corruptos como Petro y Rodolfo Hernández toman cartas en el asunto y ponen sus ojos y denuncias sobre esta catastrófica situación del municipio de Cimitarra?

Petro y Hernández deberían ponerse de acuerdo para organizar una Gran Veeduría Ciudadana en Cimitarra para que haga la vigilancia de esta campaña electoral que culmina el próximo 30 de enero.

En todo caso las autoridades están notificadas. El Personero de la Ciudad, las autoridades electorales, el Comité de Ética del partido Liberal, la Fiscalía y la Procuraduría están en mora de disparar las alertas.

Correo: rubiofernando446@outlook.es