Las recientes declaraciones de Myriam Bregman, referente del Frente de Izquierda, sobre la situación política en Honduras han puesto el foco sobre un fenómeno que resurge con fuerza en el escenario geopolítico: la intervención directa de la Casa Blanca en los procesos democráticos de América Latina. La proclamación de Nasry Asfura como presidente electo, en medio de un clima de extrema tensión y denuncias de irregularidades, no representa únicamente un cambio de mando en Tegucigalpa, sino que se percibe como una señal de alarma sobre el retorno de una política de subordinación regional sin matices.
Bregman califica a Asfura como un vasallo de los intereses de Donald Trump, una lectura que se apoya en la presión explícita ejercida por el gobierno estadounidense durante el escrutinio. Las advertencias de Washington sobre el precio a pagar si los resultados no seguían el curso esperado han dejado una mancha de sospecha sobre la legitimidad de un proceso signado por el descontento popular. En este contexto, Asfura, magnate de la construcción y figura central del Partido Nacional, aparece como el ejecutor de un programa diseñado para fortalecer el aparato represivo y garantizar beneficios a las élites económicas tradicionales, profundizando la explotación de la clase trabajadora hondureña.
Uno de los puntos más agudos en la denuncia de la diputada argentina es la flagrante contradicción de la política exterior estadounidense respecto al narcotráfico. Resulta paradójico que, mientras se justifica un despliegue militar en el Caribe bajo la bandera de la seguridad regional, se proceda al indulto de figuras como Juan Orlando Hernández, condenado previamente por vínculos con el crimen organizado. Este movimiento es interpretado no como un acto de justicia, sino como una maniobra estratégica para apuntalar al Partido Nacional y asegurar un aliado incondicional en el istmo.
El planteo de Bregman trasciende la simple competencia electoral, pues su crítica no implica un apoyo político automático a otras candidaturas, sino una denuncia sistémica contra la injerencia imperialista. Al señalar la presencia de la base de Palmerola como un símbolo de ocupación, la izquierda argentina busca reactivar la movilización antiimperialista en todo el continente. En última instancia, lo que se debate en Honduras es si la soberanía de los pueblos latinoamericanos puede sobrevivir a las presiones de un poder externo que condiciona resultados y recursos, dejando claro que, para estos sectores, la única respuesta posible frente al avance de estas políticas es la organización y la resistencia en las calles.
