La ley de víctimas debe ser por la dignidad, mas no la impunidad de los victimarios del estado Colombiano

Los horrores de la guerra nos han hecho recordar imágenes de las atrocidades, que generan ellas mismas. Recordad el holocausto de la segunda guerra mundial.
 Estos son los lastres y el drama de las víctimas de la violencia estatal colombiana Los horrores de la guerra nos han hecho recordar imágenes de las atrocidades, que generan ellas mismas. Recordad el holocausto de la segunda guerra mundial donde muchas de las víctimas, en especial el pueblo judío, sufrió la barbarie de las mentes más enfermas que hayan surgido en el siglo XX, Adolfo Hitler. Desmembramientos, torturas, vejámenes y otros.
 
Después de 1945 se conforma el tribunal de Núremberg “Los oficiales nazis de alto rango fueron procesados en el juicio del Tribunal Militar Internacional en Nuremberg, entre el 18 de octubre de 1945 y el 1 de octubre de 1946. El TMI procesó a los veintidós principales criminales de guerra por conspiración, crímenes en contra de la paz, crímenes de guerra, y crímenes contra la humanidad. El TMI definió los crímenes contra la humanidad como “el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o las persecuciones sobre bases políticas, raciales, o religiosas.” Doce de los acusados fueron condenados a muerte, entre ellos Hans Frank, Hermann Goering, Alfred Rosenberg, y Julius Streicher. El TMI condenó tres a cadena perpetua, y cuatro a condenas de diez a veinte años. Tres fueron absueltos.” (ÉTICA, PSICOLOGÍA Y CRISTIANISMO José María Amenós Vidal y otros).
 
En el caso de Colombia no podemos dejar desapercibido la aprobación de “la ley de víctimas y restitución de tierras”, donde el gobierno del Doctor Juan Manuel Santos propone con esta ley, reparar 4 millones de víctimas de la violencia política en Colombia, desde el año de 1985 hasta la fecha. Pero vemos en el fondo filosófico de esta ley, que es un simple contrato leonino de las víctimas con el estado, me explico:
 
El victimario, en este caso los crímenes perpetrados por agentes privados del estado y miembros de la fuerza pública no podrán ser demandados por la víctima, y que estas a su vez se comprometen con el mismo estado a recibir una cifra económica por un monto de veinte millones de pesos ($20.000.000), esto se traduce en una ley de perdón y olvido. Desconociendo la verdad, justicia y reparación integral, exonerando a los políticos o gobernantes de turno, y miembros de la fuerza pública de ser condenados por crímenes de lesa humanidad.
 
Qué vergüenza que el estado colombiano a punta de dineros, imponga la filosofía del gato (el tape y tape). Veamos algunos ejemplos:
 
ASESINATO DE MANUEL CEPEDA: El 9 de agosto de 1994, el entonces senador Manuel Cepeda fue asesinado en su automóvil mientras se desplazaba hacia el Capitolio Nacional por la Avenida de Las Américas, en Bogotá. Por este hecho, su familia interpuso una demanda contra el DAS por no haberle prestado la seguridad necesaria.
El 10 de diciembre de 2008, el Consejo de Estado falló a favor de los demandantes. El tribunal determinó que la Nación debía pagar cien salarios mínimos a cada uno de sus hijos -Iván y María Cepeda Castro- al igual que a su esposa Olga Navia, como indemnización de los perjuicios morales sufridos. Igualmente, se obligó al Estado a pagar a la señora Navia la suma de $910'308.742 por concepto de perjuicios materiales.
1.050 millones de pesos
 
MASACRE DE LOS 19 COMERCIANTES: El 7 de octubre de 1987, en el municipio de Cimitarra, Santander, en el Magdalena Medio, 17 comerciantes que iban en cuatro vehículos hacia Medellín con mercancía de contrabando traída desde Venezuela fueron detenidos por un grupo de paramilitares fuertemente armados. De allí fueron llevados al municipio de Puerto Boyacá donde fueron torturados, asesinados y sus cuerpos arrojados a un río. Días después, dos familiares de uno de los desaparecidos fueron a la zona en busca de pistas del paradero y también fueron asesinados.
El 5 de julio de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando que el grupo paramilitar contó con el apoyo y la autoría intelectual de oficiales del Ejército –particularmente del general Farouk Yanine Díaz– condenó al Estado colombiano a indemnizar a los familiares de las víctimas con una suma de 6'210.500 dólares.
16.000 millones de pesos.
 
CASO LA ROCHELA: El 18 de enero de 1989, cerca del corregimiento La Rochela, del municipio de Simacota, en Santander, un grupo de paramilitares secuestró y torturó a un grupo de funcionarios judiciales y asesinó a 12 de estos mientras tres quedaron gravemente heridos. Los miembros de la Comisión Judicial estaban investigando la responsabilidad de civiles y militares en varios delitos ocurridos en la zona, entre ellos la masacre de los 19 comerciantes ocurrida quince meses atrás.
El 11 de mayo de 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Nación por su responsabilidad en estos hechos. El Tribunal estableció que estos sucedieron con la cooperación y consentimiento de agentes estatales. Por ello, se le condenó a pagar la suma de 5'164.500 dólares.
11.414 millones de pesos.
 
MASACRE DE MAPIRIPÁN: Entre el 15 y el 20 de julio de 1997, cerca de un centenar de paramilitares se tomaron el municipio de Mapiripán, en el Meta. Durante este lapso, perpetraron violentos allanamientos en las casas y retuvieron, torturaron y asesinaron a 49 civiles cuyos cuerpos fueron destrozados y posteriormente arrojados al río Guaviare.
El 11 de octubre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por esta masacre, pues estableció que contó con la complicidad de miembros del Ejército. A pesar de haber sido advertida sobre estos violentos hechos, la Fuerza Pública no llegó al lugar sino hasta tres días después. Además, algunos miembros habrían colaborado para el desplazamiento de los paramilitares y su armamento hasta el sitio. En consecuencia, la Nación se vio obligada a reparar a los familiares de las víctimas asesinadas pagando la suma de 1'050.000 dólares.
2.415 millones de pesos.
 
LAS MASACRES DE ITUANGO: En junio de 1996, en el corregimiento La Granja, una veintena de paramilitares ordenaron el cierre de los establecimientos públicos y asesinaron selectivamente a cuatro campesinos. En octubre de 1997, otro grupo de paramilitares incursionó en el corregimiento El Aro, reunió en la plaza central a la población y asesinó a 15 personas. Ambos poblados son corregimientos del municipio de Ituango, en el norte de Antioquia, y sufrieron además de las muertes un drástico desplazamiento de su población.
El 1 de julio de 2006, la CIDH señaló que el Estado colombiano tenía responsabilidad en estos hechos debido a que miembros de la Fuerza Pública habían actuado como cómplices en estas masacres. Por ende, condenó al Estado a indemnizar a los familiares de las 19 víctimas mortales y a 70 personas más que probaron ser víctimas de estos hechos, pagándoles una cifra cercana a los 2'654.000 dólares.
6.635 millones de pesos.
 
TOMA DE FILO GRINGO: Entre el 29 de febrero y el 3 de marzo de 2000, un grupo de las AUC incursionó en el corregimiento Filo Gringo del municipio de El Tarra, en Norte de Santander. Allí saquearon e incineraron las casas de los pobladores.
El 8 de noviembre de 2007, el Consejo de Estado condenó a la Nación a indemnizar a 538 personas desplazadas de este corregimiento. El Tribunal justificó su decisión de responsabilizar al Estado pues, aunque la toma paramilitar había sido anunciada públicamente meses antes por Carlos Castaño, la Fuerza Pública no tomó las medidas pertinentes.
11.727 millones de pesos.
MASACRE DE BOJAYÁ: El 2 de mayo de 2002, en el corregimiento Bellavista de Bojayá, al norte del Chocó, en medio de enfrentamientos con las AUC, las Farc lanzaron un cilindro explosivo a la iglesia donde se refugiaban 119 personas, causándoles la muerte.
El 29 de mayo de 2008, el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó condenó al Ministerio de Defensa Nacional a pagar 1.552 millones de pesos a los familiares de dos de estas víctimas. La responsabilidad de la Nación radica en no haber protegido a la población de este municipio, a pesar de que la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta ocho días antes de los hechos, anunciando tanto a la Policía como al Ejército Nacional una inminente incursión paramilitar.
1.552 millones de pesos.
 
MASACRE DE PUEBLO BELLO: En enero de 1990, en el municipio de Pueblo Bello, Córdoba, un grupo de paramilitares bajo el mando de Fidel Castaño asesinó a seis campesinos y desapareció forzosamente a 37 personas que se encontraban en una lista que portaban los paramilitares.
El 31 de enero de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando que estos hechos habían tenido lugar con el consentimiento de agentes del Estado y que tras quince años de perpetrados sólo 10 particulares involucrados habían sido juzgados, sin que se hubiera podido esclarecer el paradero, ni recuperar los cuerpos de las víctimas, condenó al Estado colombiano. Por ello, obligó a la Nación a pagar a los familiares de las 43 víctimas la suma de 5'639.900 dólares.
12.408 millones de pesos.
TOTAL: 64.881 millones de pesos
TOTAL PESOS DE HOY: 75.733 millones de pesos
(La Silla Vacía, Miguel González Palacios, 9 de junio, 2011 3:09 pm).
 
El hecho de que en el marco de esta ley se reconozca que haya un conflicto armado, este no cambia su naturaleza en el método utilizado en la guerra interna  de Colombia.
Las "víctimas" de la insurgencia que son las más visibilizadas por el estado reaccionario colombiano (Secuestrados, rehenes políticos y prisioneros de guerra), cuando estos obtienen su libertad sea por vía de rescate o liberaciones., Terminan de cónsules, agregados políticos, Ministros, y de escritores famosos (Caso Ingrid Betancourt, Clara Rojas, José Eladio Pérez, Sigifredo López), es más siendo nombrados hasta presidentes como en el caso de Andrés Pastrana Arango, y el caso más típico por parte de los militares el agente de policía Pinchao quien terminó siendo agregado cultural y político en Francia. Solo para citar algunos de los ejemplos de las “víctimas” de la insurgencia.
 
Mientras por el lado de las víctimas de los paramilitares y agentes del estado terminan siendo reparadas con una pinche suma de veinte millones de pesos, poniéndolos en una condición totalmente degradante y humillante y dejando en plena impunidad a los representantes del estatus quo, de la democracia más mezquina y asesina del continente latinoamericano.
 
¿De que se quejan los cortesanos de Uribe con esta ley? Si lo único que hace es perdonar los victimarios agenciados por el gobierno norteamericano, dizque para contrarrestar cualquier movimiento de expresión de izquierda. ¡Bien Juan Manuel Santos, le salió bien la jugada! , Mientras que las víctimas de este sufrido  país solo le podemos dedicar este pequeño poema.
 
NO ERAN PARA TALAR LOS ARBOLES
Esos poetas que siguen/Escribiendo cosas modernas,/Como si lo moderno en Colombia/no fuera el dolor, la miseria,/la injusticia, la guerra..
Bajo el azul de insensible firmamento/y al frente de la égida siniestra,/multicolores pájaros de sueños cayeron;/abatidas las flores de la vida,/truncada la sazón de bellos frutos,/entrañables raíces arrancadas,/la humana arboleda desplazada.
Porque,/no eran para talar los árboles inmensos/que llegaban al lugar las motosierras;/ellas eran para cercenar los cuerpos/del bosque hermoso de indefenso pueblo.
Y cavaron fosas sepultureros que no llevaban flores;/unas fosas enormes,/como de infernal pesadilla,/no para arrojar en ellas la semilla/que diera a la nación vital sustento.
No;/Esas fosas comunes eran/para enterrar la vida,/esconder el crimen bajo sagrada tierra;/ cubrirla de espanto, aplastar ideas, opacar el sol de las nuevas banderas,/desplazar los músculos agrarios,/apuntalar con sanguinolenta tierra el tenebroso imperio.
Y siel asombro a la conciencia siquiera un poco nos roza,/frente a las fosas comunes de Colombia levantemos/un sagrado grito de dolor inmenso/que un boquete trepidante y expansivo abra/un cauce de luz, de justicia y de castigo.
http://jhonjsalinas.blogspot.com/
 (*) Defensor de derechos humanos |


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Jhon Jairo Salinas (*)

Dirigente Social, Promotor de Derechos Humanos, Activista del Movimiento Social por la Paz en Colombia, Poeta y Escritor.

 jjsalinas69@gmail.com

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