Una experiencia que puede servir de referencia al desarrollo de la política agrícola y agraria de la revolución venezolana, lo constituye el proceso de transformación del sistema de tenencia y explotación de la tierra, desarrollado en Cuba a partir de 1993. Las condiciones son distintas entre Cuba y Venezuela. El primero, un país históricamente orientado hacia la agro-industria, en que predominaba la agricultura de grandes plantaciones, especialmente de caña azucarera que definió el rostro de las zonas rurales del país, el segundo, un país que se podía definir al triunfo electoral del Presidente Chávez en diciembre de998, orientado hacia una economía rentista y parasitaria, con más del 70% del consumo interno de origen externo, una actividad agrícola marginal dentro del contexto de su economía y un desarrollo rural en franco deterioro producto del "espejismo petrolero".

En Cuba, producto del triunfo revolucionario de 1959 que permitió el desmantelamiento radical de las relaciones de propiedad vigentes, mediante la aplicación de la I de Reforma Agraria de 1959 y de las condiciones y dificultades extraordinarias que tuvo que enfrentar Cuba, como producto de la caída de las relaciones políticas, económicas, comerciales, de intercambio y cooperación tecnológica, con motivo del desplome del "socialismo real" en Europa orienta, obligaron a la dirigencia política del país a la introducción de elementos novedosos, para la reestructuración y modernización de la economía agrícola. En Venezuela, un modelo de desarrollo rentista, que puso a la economía del país en dependencia casi absoluta de la actividad e ingresos petroleros, que abandonó los factores motores y reproductivos de la actividad agrícola y el desarrollo rural integral, inicia bajo la conducción del Presidente Chávez, el camino de la transformación del campo venezolano con la intención de disminuir los factores de dependencia externa y cambiar el mapa social de las zonas rurales. En Cuba, las condiciones del triunfo revolucionario permitió el desmantelamiento de las relaciones de propiedad vigente, en Venezuela, será posible, lo planteo como interrogante, continuar el proceso de transformación agraria iniciado, dentro de los marcos de la legalidad vigente, o será necesario una reforma constitucional de los mecanismos legales que regulan la relación entre la tierra y la sociedad, que aseguren el desarrollo de iniciativas de transformación y la marcha continua del país, para el establecimiento de nuevas relaciones de propiedad y uso de la tierra, que aseguren la ruta de Venezuela, hacia el Socialismo del Siglo XXI.

En Cuba, a diferencia de la estructura productiva precedente, el sistema agrario actual, convertido en el eje central de la economía, es heterogéneo, pues conviven en él diversos patrones de propiedad y de producción. En la recomposición del medio rural cubano continúan las iniciativas tendientes a seguir introduciendo el modelo de autogestión participativa en empresas agrícolas estatales, continuar con la parcelación con interés privado hasta aquellos límites que no pongan en juicio el sistema socialista y crear nuevas asociaciones de inversión con participación de capital privado extranjero con vista a la exportación, convenientes para un desarrollo armónico y agresivo, dentro de los límites del sistema.

La reforma del sistema de tenencia y explotación de la tierra que se desarrolló en Cuba a partir de 1993, y que al parecer todavía continúa, constituye parte integral de la política de ajuste del modelo económico general vigente, impulsado por las condiciones externas generadas por el derrumbe de las economías del sistema de países socialistas de Europa del este, que obligó a la dirigencia de revolución cubana a tomar medidas extraordinarias para atacar las serias limitaciones y dificultades del sistema de producción agrícola cubano por la crisis interna que se disparó a finales de la década de años 80, y a prepararse para insertar el país, en lo que podríamos llamar las corrientes de un mercado internacional abierto.

Este proceso de transformación agraria sentó sus bases a partir de 1993, en la promoción de la empresa cooperativa agropecuaria, en tierras que anteriormente eran explotadas por la vía de antiguas empresas estatales, tomando como referencia la experiencia acumulada en los años iniciales del proceso revolucionario cubano y experiencias posteriores exitosas del cooperativismo campesino en años posteriores, más allá de 1962.

La transformación agraria de Cuba a partir de 1959 promovió el desarrollo rural con una visión integral, partiendo desde el desmantelamiento radical de las relaciones de propiedad vigentes antes del triunfo de la revolución armada encabezada por Fidel Castro y la implantación de nuevas relaciones de propiedad y producción, pasando por la promoción de nuevos ligámenes comerciales, modernización de la infraestructura productiva y en forma paralela procurando la creación de todas las articulaciones posibles con el desarrollo científico y tecnológico y el impulso de las bases materiales para el establecimiento de los servicios complementarios de carácter social, en materia de educación, salud y desarrollo de las comunidades rurales del país.

Desde el triunfo de la revolución cubana en 1959, hasta 1993, en que se introdujeron las reformas al sistema de propiedad y producción vigente actualmente, el campo cubano estaba dominado por la propiedad estatal sobre la tierra. Estas condiciones nacieron con la aplicación de I Ley de Reforma Agraria puesta en ejecución en 1959 y se consolidó con las modificaciones que se dieron a la legislación original puestas en vigencia a partir de 1963. Esa condición de estatización de la propiedad de la tierra en Cuba, tuvo su origen, entre otras razones argumentadas, en el hecho de que el desarrollo del país, por sus condiciones particulares de predominio de la producción azucarera, nunca fue un país agrario ni campesino, sino más bien un país históricamente orientado hacia la agro-industria, en que predominaba la agricultura de grandes plantaciones, especialmente de caña azucarera.

En forma paralela a la estatización de la tierra, que fue la orientación fundamental del proceso de transformación agraria, quedó un remanente de propiedad privada hacia 1977, producto de latifundios cañeros expropiados, equivalente a al 20% de la tierra. La puesta en producción de estas tierras, al amparo de la ley I de Reforma Agraria, permitió la organización de un sector cooperativo integrado por antiguos jornaleros agrícolas permanentes y de temporal.

En la década de los años 60, la organización de cooperativas agrícolas fue una necesidad, como parte del proceso de transición al socialismo. De la misma manera, al final de esa década más de 100.000 productores agrícolas habían recibido tierras en forma gratuita, que eran explotadas en régimen de propiedad privada, sin embargo tuvieron un apoyo material y financiero discreto y limitado, posiblemente inducido, con la finalidad de propiciar su desaparición, con la intención de completar lo más rápidamente posible, el proceso de construcción del socialismo en el medio rural, situación que se consolidó al final de la primera mitad de la década de los años 70. De la misma manera, entre 1966 y 1974, con el paso a la política de incorporación voluntaria del campesinado a los planes de expansión del rol protagónico del estado, el cooperativismo fue literalmente liquidado con el mismo objetivo, de acelerar el establecimiento de relaciones de producción socialista mediante la implementación de grandes planes agropecuarios del estado cubano.

Las Sociedades Agropecuarias (SA), como forma novedosa de organización de la producción en el campo, que se establecieron por iniciativa del movimiento campesino en los primeros años del proceso revolucionario cubano, a partir de 1964 se debilitaron hasta casi desaparecer.

En la búsqueda nuevas relaciones productivas, congruentes con el proceso de transformación socialista del campo cubano, el cooperativismo, como forma de organización de la producción agrícola, fue relanzado por el estado cubano a finales de la década de los años 70, bajo el principio de la voluntariedad, promoviendo la organización de Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), con el objetivo de tecnificar el trabajo agrícola y promover el establecimiento de modernas comunidades, dotadas de los servicios esenciales para su funcionamiento, que atrajo a amplios sectores del campesinado. Casi un tercio de las fincas, que comprendían alrededor del 50% de las tierras rurales, se integraron a las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), en el período comprendido entre 1977 y 1987, contando con apoyo financiero y tecnológico de diferentes agencias estatales y de cooperativas de crédito y servicios, por lo que al final del mismo se convirtieron en un soporte importante de la economía agrícola cubana.

En la evolución del cooperativismo en el campo cubano se pueden identificar claramente tres etapas:

En el período comprendido de 1977 a 1983 caracterizado por una multiplicación acelerada de cooperativas y de población campesina incorporada, con el predominio de pequeñas unidades de producción, con una dinámica de gestión muy eficiente. No obstante, a partir de 1981, la política de agrandamiento de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), mediante la incorporación de nuevas tierras a la producción y de población campesina, tuvo efectos negativos, que se hicieron evidentes a finales del período, por una caída de la eficiencia en la gestión y productividad.

En el período comprendido de 1984 a 1987 el proceso de integración campesina a las Cooperativas de Producción Agrícola (CPA) disminuyó en forma notoria. El gigantismo cada más acentuado de las CPA en operación se acentúa, los indicadores de rentabilidad comienzan a decaer en amplios sectores a niveles críticos al final del período, coincidiendo también en términos generales con la recesión en que entró la economía cubana en tu conjunto.

Durante el período comprendido entre 1988 a 1993, se acentúan los factores negativos y al final del mismo, se produce el agotamiento y parálisis del movimiento cooperativo agrícola en el campo cubano como forma voluntaria de organización productiva. No obstante lo anterior, el apoyo estatal se concentró en el fortalecimiento de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) como iniciativa propia del estado cubano, dejando de lado la expansión del movimiento cooperativo campesino. No obstante la crisis que se generó entre 1991-1993 por la caída de los mercados -cautivos y seguros- que significaron los países socialista de Europa oriental, en dicho período más del 70% de las Cooperativos de Producción Agropecuaria (CPA) y el 90% de las cooperativas cañeras presentaron resultados positivos en su gestión. Realmente el modelo cooperativo promovido por el estado cubano por la vía de las CPA y las formas voluntarias de asociación cooperativa, reveló sus ventajas frente al modelo de propiedad estatal, en los marcos de la economía socialista.

El modelo de propiedad estatal, como base estratégica del modelo agrícola cubano, integró en un solo concepto la propiedad, la administración y gestión en forma directa por el estado nacional cubano, de las explotaciones agropecuarias a través de un sistema empresarial muy rígido con poca o casi ninguna autonomía funcional. Un denso y lento tejido institucional centralizado estableció delegaciones territoriales del sector agrícola cañero y no cañero, terminó modificando también los modelos cooperativos y de asociación campesina, integrándolos a sistemas no mercantiles. La tendencia al gigantismo del modelo institucional cubano no siempre respondía a economías de escala y a una base material y técnica de soporte, de igual manera absorbió el sector cooperativo, en todas sus manifestaciones. Todas estas circunstancias, a finales de la década de los 80 y más aún durante la primera mitad de los 90, dio lugar a una pérdida significativa en la eficiencia e integridad del desarrollo en el campo de Cuba. La mecanización de los procesos de producción y la implantación de métodos de producción derivados de una tecnología soviética importada, la asimilación de métodos de dirección y gestión de las unidades económicas conforme a la experiencia soviética, sin una adecuada adaptación a la realidad del campo cubano y elementos de integración progresiva de la economía cubana al Consejo de Cooperación Mutua Económica de los países socialistas de Europa oriental (CAME), actuaron en forma negativa, alejando paulatinamente a la agricultura cubana, de las normas de eficiencia y competitividad.

No obstante que en el Programa Alimentario Nacional de 1990, quedaron expresadas las deficiencias acumuladas y las medidas que debían implementarse, como respuesta también al agravamiento en las condiciones internacionales, en especial la situación derivada de las transformaciones políticas que se estaban dando en Europa oriental, iniciativas relativas a un cambio a fondo en el régimen de tenencia y explotación de la tierra, así como en los mecanismos de gestión y administración, fueron ignorados. Con la desintegración de la Unión Soviética y las transformaciones que se dieron en el conjunto de países socialistas de Europa, un año después, en 1991, la revolución cubana perdió los vínculos comerciales, financieros y tecnológicos forjados desde los primeros años del triunfo revolucionario.

Todo un conjunto de fenómenos internos y externos, en el que se mezclaron situaciones relativas al régimen de propiedad, producción y gestión agropecuaria, junto con una base tecnológica y de modelo económico, que provocaron la pérdida de eficiencia y competencia de la economía agrícola cubana, abrió paso a las políticas de ajuste del sistema productivo de Cuba en el primer tercio de los años 90. Las nuevas definiciones en cuanto al régimen de propiedad y explotación de la tierra, implementadas durante 1994, abrió las puertas al mercado agropecuario de libre oferta y demanda, y a finales de la misma década se pondrían en marcha transformaciones relativas al funcionamiento de la economía y un replanteamiento de la superestructura de dirección institucional de la agricultura de Cuba.

La reforma del régimen de tenencia y explotación de la tierra, que entra en vigencia a partir de septiembre de 1993, fue amparada en la Constitución de la República de 1992, que para los efectos que interesa resaltar, reconoce la posibilidad de enajenar parte de la propiedad estatal socialista al transferir su propiedad o administración a colectivos y personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras. En estas condiciones, el Estado deja de ser a la vez de propietario y productor directo, para actuar como propietario de la tierra en nombre de la sociedad, ocupándose los productores de la administración de los bienes públicos. La lógica de esta política consiste en que el Estado centra su atención en el manejo del excedente económico y ejecuta, como todo propietario, una labor de control y fiscalización en las prácticas económicas del uso del bien.

La dirección política e institucional máximas del país establecieron oportunamente los cambios en el régimen de propiedad en el campo, que definieron el carácter y alcances de la apertura en materia de tenencia de la tierra y los principios del funcionamiento de las nuevas cooperativas agropecuarias y de otras formas de organización de los productores y de la producción.

La reforma de la tenencia de la tierra y de la apertura a nuevos principios de funcionamiento introducidos en 1993, difiere de los alcances de las leyes de reforma agraria originales de la revolución cubana y de la política de estatización voluntaria del campesinado aplicada en el período de 1966 a 1974, en cuanto a que éstas impulsaron la socialización de la propiedad agrícola en todas sus manifestaciones, mientras que la iniciativa de 1993 ejecutó un ajuste de la propiedad estatal de carácter estructural, mediante la parcelación y distribución de la tierra para diferentes regímenes de explotación y en tal sentido se identificaron los siguientes:

Régimen cooperativo como fórmula dominante
Régimen de autogestión participativa en las explotaciones existentes, no cooperativizadas.
Régimen individual en tierras otorgadas a personas y familias.
Régimen privado empresarial de parcelación.
La crisis alimentaría que enfrentaba Cuba fue el objetivo más inmediato de las iniciativas de reforma del sistema de propiedad y de explotación de la tierra de 1993, las cuales debían crear las condiciones para la reactivación de la producción agrícola y agroindustrial. La única salida posible al conflicto entre las fuerzas productivas, los regímenes de explotación de la tierra, y el funcionamiento de todo el sistema productivo, con la intención de neutralizar la crisis agroalimentaria en pleno desarrollo y lanzar la economía agrícola cubana por otras rutas, pasaba solamente por la vía de quitarle al estado su rol protagónico, de productor, administrador y gestor en la agricultura del país. Es importante señalar que el lanzamiento de las medidas de cambio y transformación del régimen de propiedad y explotación de la tierra, fue el resultado de una iniciativa de la dirección política superior del estado cubano y nunca bajo el apremio de demandas o reivindicaciones de los productores y trabajadores agrícolas.

La reestructuración del sistema de propiedad y de producción dio lugar a un modelo de economía agrícola mixta, compuesta por una diversidad de agentes y factores económicos y productivos. Las nuevas formas de organización posibilitaron una articulación más eficiente de todo el sistema de producción con el sector agro-industrial, con las demandas crecientes de consumo interno y el comercio exterior.

La parcelación de la tierra del Estado se realizó en régimen de usufructo gratuito y por tiempo indefinido. La intangibilidad del monopolio estatal de la tierra como objeto de propiedad se mantuvo en la mayor parte del territorio nacional. El resto de las tierras era propiedad colectiva de las cooperativas campesinas u objeto de usufructo de campesinos y parceleros individuales. La renta del suelo y la valorización de la tierra siguieron siendo conceptos excluidos de la práctica económica.

La enajenación de los activos fijos (excluida la tierra) y de los circulantes de las empresas estatales agropecuarias y de los complejos agroindustriales azucareros, fueron traspasados en beneficio de las nuevas cooperativas, mediante su venta. En el caso de las explotaciones de nuevo tipo establecidas bajo la modalidad de autogestión participativa, los activos fijos fueron otorgados en administración con la excepción de los activos, que les fueron vendidos. En ambos casos, el financiamiento de la inversión inicial se garantizó mediante un crédito bancario blando que contemplaba un período de gracia de 3 a 5 años.

En 1993, durante el proceso de cambio de la estructura de propiedad vigente desde 1963, tuvo lugar una sincronía entre la reestructuración de la base productiva, y la reestructuración del aparato institucional nacional y provincial de la agricultura cañera y no cañera, que incluyó además, la reorganización indispensable del sistema de gestión institucional del estado cubano. Este último asumió, tal y como había sido concebido, la función de monitorear la repartición de las tierras y asumir funciones de control y fiscalización. La reestructuración del sistema agropecuario cubano comenzó en 1998 y aún no ha concluido.

La nueva economía agropecuaria implicó una modificación sustancial de los mecanismos de planificación, que ahora debían orientarse hacia el mercado interior y las posibilidades del mercado externo. La apertura del mercado libre agropecuario en 1994 fue seguida de otras medidas como los esquemas de financiamiento y estímulos en divisas para determinados sectores relacionados con las exportaciones, la reducción de las importaciones de alimentos; y las aportaciones de capital extranjero para reactivar la producción nacional, estabilizar y ampliar la fuerza de trabajo ocupada en la agricultura.

En forma paralela, el ajuste estructural en la economía agrícola del país se vinculó también, a otro conjunto de iniciativas y cambios, entre los que se pueden destacar los siguientes:

desarrollo de la agricultura urbana mediante organopónicos y huertos integrales urbanos, destinados a la producción de hortalizas, arroz y otros cultivos de gran demanda, en el interior y en los alrededores de las ciudades y pueblos.
introducción de sistemas tecnológico-productivos de bajos insumos y alta densidad de mano de obra, con la finalidad de establecer la combinación más racional posible, entre el modelo productivo convencional con un modelo de producción sostenible.
fortalecimiento de los centros de investigación agropecuaria con el objeto de introducir nuevas tecnologías en sustitución de los insumos agroquímicos y de las prácticas de la mecanización.

No obstante las reformas introducidas en la economía agrícola cubana a partir de 1993, la estructura productiva por rubros del sector agropecuario nacional se ha mantenido prácticamente inalterable a lo largo del tiempo. Hacia 1997, el 57% del fondo nacional de tierra en capacidad de uso se encontraba cultivado, y el 35% se encontraba cubierto de pastos naturales. Los cultivos permanentes siguen siendo la ocupación fundamental de la agricultura, con alrededor del 70 por ciento de la superficie cultivada y entre éstos, la caña de azúcar ocupaba el primer lugar, con el 48% de la superficie cultivada, y los pastos y forrajes el segundo lugar, con el 10,2%. Las plantaciones de café, cacao y cítricos cubren el 7% En general, la ganadería se practica en una superficie total de casi 2,8 millones de hectáreas, equivalente al 49,4 por ciento de toda la superficie agrícola del país, aunque se trata en la mayoría de los casos de tierras marginales, poco apropiadas a la agricultura.

A diferencia de la estructura productiva precedente, el sistema agrario actual, convertido en el eje central de la agricultura cubana, es heterogéneo, pues conviven diversos patrones de propiedad y de producción En la recomposición del medio rural cubano aún es necesario tomar iniciativas tendientes a:

generalizar el modelo de autogestión participativa en las granjas estatales;
continuar con la parcelación privada hasta límites razonables;
crear progresivamente nuevas asociaciones económicas con el capital extranjero convenientes para Cuba.

La futura ampliación de la agricultura privada campesina y parcelera plantea interrogantes acerca de la posibilidad de reducir la conflictividad de la recomposición económica y social que tiene lugar en el campo por la diversidad de actores y factores económicos en juego y de la factibilidad y oportunidad de relanzar el cooperativismo como forma fundamental de organización productiva y social, lo cual dependerá de la capacidad de recuperación y de la eficiencia y competitividad del sector cooperativo.

El sector cooperativo, vinculado con la agroindustria de exportación y el mercado interno, se ha convertido en el elemento principal de la recuperación agroalimentaria y, por consiguiente, de la reactivación económica y del desarrollo rural en sentido amplio. Hacia 1996 producían productos tan esenciales como la caña de azúcar, la leche y el arroz en proporciones que se han mantenido sin cambios sustanciales en los años siguientes.

En el contexto de una economía agraria heterogénea, las cooperativas han debido enfrentar grandes dificultades para llevar adelante la recuperación económica, porque su modelo productivo surgió en tiempos en que la agricultura estaba en quiebra, y la crisis económica y agroalimentaria había registrado su punto más agudo. El reto histórico del sector cooperativo consistió en la promoción de la agricultura y en la reactivación de la economía nacional en su conjunto.

El repunte económico de Cuba y el de su agricultura en particular, no es una tarea del corto ni del mediano plazo, fue una tarea planteada para los efectos inmediatos, en la búsqueda de la reactivación de la economía, pero también pensando en encarrilar por las vías de nuevos modelos productivos en todas las áreas de su economía. Las condiciones creadas por la crisis económica, el cambio tecnológico, los ajustes y los conocimientos que exigen las nuevas organizaciones agropecuarias, agroindustriales y otras organizaciones vinculadas con el sector agropecuario, amén de la implementación de los cambios económicos, son factores que actúan con mayor o menor intensidad e influencian el proceso de recuperación agrícola y en particular el funcionamiento del sistema de producción cooperativo.

La agricultura en su conjunto se ha recuperado progresivamente a partir de 1995, e incluso ha habido algunos sectores que han logrado superar sus niveles históricos de producción, aunque con un comportamiento inestable en los últimos años de la década de los 90; ello se refleja en las tasas de crecimiento comparadas de la agricultura y del producto interno bruto.

Entre 1995 y 2000 la agricultura se recuperó paulatinamente, aunque todavía a un nivel insuficiente y sin conseguir un mejoramiento en cantidad y calidad que demanda una canasta de consumo básico, -aún racionada-, o reducir los precios de los productos en los mercados liberados e incrementar el suministro de materias primas a la industria alimenticia. La producción tampoco ha alcanzado a satisfacer adecuadamente la demanda del sector turístico. Las importaciones de alimentos han resultado excesivas y pesan sobre la economía y actúan directamente sobre la capacidad financiera para asumir el costo de la oferta explotable. Los sectores agropecuario y agroindustrial exportadores están llamados a dar una mayor contribución al proceso de recuperación de la economía, sobre todo al reducir las tensiones en la demanda de pagos internacionales.

Hay que considerar dos circunstancias que dificultan la comprensión del crecimiento acumulado en el sector agropecuario. Por una parte, Cuba no puede dejar de importar determinados alimentos y materias primas necesarias para la producción interna de calorías y, sobre todo de proteínas y por otro lado, el país no ha sido ni será plenamente autosuficiente en la esfera alimenticia, y debe soportar tensiones financieras agravadas por el alza de los precios de los alimentos en el mercado internacional, que limitan los volúmenes de importación. De la misma manera, la expansión del sector turismo eleva necesariamente la demanda interna de alimentos, y ejerce una presión sobre los suministros disponibles para la población. Esta demanda también ejerce una presión sobre la balanza en cuenta corriente de importaciones indispensables, a pesar de que el sector turístico contribuye a su financiamiento. Resulta paradójico que el sector turístico, por su crecimiento, hasta convertirse en un factor clave del despegue agropecuario debido a que el mercado interior de divisas contribuye en numerosos aspectos a su financiamiento.

Al hacer una evaluación general de la reforma agraria desde 1993, se puede afirmar que a pesar de la aguda carencia de insumos y equipos esenciales en que ésta ha debido desarrollarse, existen signos alentadores de un repunte de los sistemas productivos, de la producción de bienes de consumo directo y de materias primas destinadas a la agroindustria, y del mercado interno y externo. La reforma ha contribuido y aún lo continúa haciendo, al incremento y a la estabilización de la mano de obra rural.

La estructura de la base económica de la nueva agricultura nacional cubana representa en la actualidad, un modelo de economía agropecuaria heterogénea. El cooperativismo de origen proletario, se puede decir así, se ha desarrollado en Cuba, en medio de una economía que reunía distintas formas de producción e intercambio. Junto al capitalismo de Estado, diversas clases y grupos sociales expresan intereses económicos específicos y diferenciados, agentes socializadores, individuos privados, y hasta segmentos de campesinos ricos, que han emergido producto de las nuevas condiciones.

Antes de 1992, el desarrollo rural integral en Cuba, había traído consigo una diversificación de la estructura social en las zonas agrícolas. La tecnificación, la industrialización, la urbanización y la implantación de los servicios productivos y sociales modificaron sustancialmente la estructura social tradicional, la calidad del empleo, los contenidos culturales y el modo de vida en el campo cubano. . El campesinado se redujo numéricamente al tiempo que cobraba peso su homogeneidad económica. Los cooperativistas surgieron como un nuevo grupo social; y aumentó el número de trabajadores agrícolas y no agrícolas en las empresas estatales. Hacia finales de los años ochenta se produjeron fisuras en la composición social del medio rural debido a la expansión del intermediario entre las filas de los trabajadores agrícolas. A causa del desarrollo del mercado y de la agudización de la escasez de alimentos durante los años siguientes, tuvo lugar un proceso creciente de diferenciación económico-social de los campesinos pequeños y medios. Las diferencias antes apenas perceptibles de tamaño, localización y especialización de las fincas obraron con mayor fuerza.

Los cambios estructurales en la explotación del suelo durante la década de los años 90 han modificado de manera sustancial el espectro social en el medio rural cubano. Este fenómeno está en proceso de maduración conforme se consolidan nuevas formas de producción y se producen cambios en la estructura económico-social y en la economía nacional en su conjunto. El cooperativismo está en vías de autoafirmación, para llegar a la maduración y consolidación, como actividad de un grupo social consciente, dotado de identidad propia. Los campesinos privados y los usufructuarios tienden, bajo la influencia de las leyes del mercado, a la diferenciación, y en no pocos casos acceden, unos a la asalarización, sobre todo los pequeños y muy pequeños propietarios de tierras, y otros a la capitalización, condiciones sociales y de ingresos antes nunca vistas durante el desarrollo de la revolución cubana. Se ha ampliado el estrato de los campesinos medios. El mercado y la intermediación han reforzado estas tendencias. Será posible continuar por esta vía en las condiciones de una sociedad cuyos objetivos finales son las construcción de una sociedad socialista?.

Sin embargo, en el cooperativismo se encuentra una doble orientación: por una parte, una creciente asalarización sustitutiva o complementaria y, por otra, la mezcla de asociados finqueros privados con asociados usufructuarios de parcelas. La nueva agricultura ha cambiado un modo de hegemonía social que antes descansaba en el predominio del Estado como propietario y productor directo. Esta agricultura presupone un sistema técnico-productivo, económico y social que se proyecta a distintos niveles estructurales y funcionales dentro del sistema agrario y de sus relaciones con la economía nacional.

El carácter mercantil de la producción y del intercambio caminando de la mano con la regulación planificada es inherente a la economía agraria y a cada uno de sus componentes. Por consiguiente, la planificación y el mercado están indisolublemente ligados a una contradicción, que es la forma en que se realiza la producción y se distribuyen los factores de producción, las actividades mercantiles y los ingresos agropecuarios.

La ley de los precios es un atributo común a todas las formas de economía agraria existentes. La forma mercantil de realización de la totalidad del producto agrícola expresa la necesidad de una articulación de los productores de cualquier naturaleza social, aislados e independientes en el marco de una única economía nacional. Por su parte, la regulación social se impone como una necesidad objetiva a causa del predominio de la relación socialista de las fuerzas productivas en el sector agrícola. Dicha regulación, que asegura el curso socialista, también es necesaria para garantizar un equilibrio dinámico y una proporcionalidad en las esferas productiva, económica, social y política, en función del desarrollo eficiente de la agricultura. La planificación del desarrollo es el instrumento fundamental mediante el cual la sociedad puede ordenar y dominar las tendencias contradictorias que se gestan en la nueva economía agraria, para que el curso fundamental del país, no se salga de los patrones socialistas.

En consecuencia, la planificación y el mercado deben convivir obligatoriamente, sin excluirse absolutamente, en una contradicción permanente de negación recíproca, pero que a la vez se complementan. En las actuales condiciones no debe existir planificación marginando el mercado, ni el mercado debe ser ajeno a la planificación de la economía. Es necesario perfeccionar la planificación, abandonando lo más rápidamente posible el modelo de balances materiales para abrir camino a una regulación financiera del libre juego de las relaciones económicas de la agricultura, con los demás componentes de la economía nacional, en cualquier escala.

La eficiencia económica y social es el factor determinante de la viabilidad de unas y otras formas agrarias de propiedad y producción. Existe una relación competitiva entre la tendencia a regular el movimiento económico -sin excluir el mercado- y a colocar en primer lugar el bien colectivo y social de la producción y de los servicios, y aquellas corrientes económicas que tienden a la anarquía, a la espontaneidad y a la capitalización. Ahí está la esencia del socialismo del futuro, colocar el bien colectivo y social, por encima de cualesquiera otros factores.

La autogestión y el autofinanciamiento son la forma general de gestión de todos los sujetos agrarios. La maximización de la rentabilidad requiere como nunca antes la armonización de los intereses de los productores con los de la sociedad. La acumulación se fragmenta debido a la intervención de todos los productores, y por consiguiente deja de ser una función exclusiva del Estado; sin embargo este último no debe abandonar su papel protagónico en el desarrollo de la agricultura nacional. En esta esfera se requieren nuevos instrumentos que estimulen el ahorro y la inversión, al tiempo que orientan y controlan la reproducción y la actuación de los agentes económicos.

En Cuba existen las siguientes condiciones que aseguran la hegemonía de los intereses sociales y el curso socialista de la agricultura:

El Estado es propietario, en nombre de la sociedad, del 80 por ciento del suelo nacional, y participa activamente en inversiones en proyectos de infraestructura, agroindustriales, medioambientales y en otras esferas decisivas del desarrollo agropecuario y rural.
Las entidades socializadas tienen una función predominante en el régimen cooperativo y autogestionario-participativo de las granjas agrarias de nuevo tipo.
Las empresas agroindustriales socializadas y el sector de las exportaciones, que están encarriladas en un proceso de perfeccionamiento empresarial, sobre la base de la eficiencia en la gestión, son los instrumentos para mantener el desempeño adecuado y el control social sobre el mercado agrícola nacional, y sobre los vínculos comerciales internacionales.
La planificación sigue permitiendo regular, en función de los intereses y necesidades de la sociedad, aunque falta mucho por caminar, una parte significativa de la producción agropecuaria en los sectores socializado y privado.

El robustecimiento del control político y jurídico de la sociedad en materia de desarrollo agrario; y el refuerzo, mediante un enfoque clasista renovado, de la alianza política de un proletariado urbano y rural con el campesinado, son elementos fundamentales de la nueva etapa histórica por la que transita la revolución cubana.

La reforma agraria de 1993 puso las bases para el desarrollo de una economía agraria heterogénea y abre el camino para que las fuerzas productivas del país continúen por la vía del desarrollo en el proceso de transición hacia el socialismo. La reforma creo las condiciones necesarias para asegurar la eficiencia en la administración y gestión de la actividad agropecuaria, y para la misma se logre los rendimientos y los volúmenes de producción que demanda el país. La alimentación y el bienestar de la población cubana han mejorado.

En resumen la reforma agraria de 1993, ha permitido ha creado los impulsos necesarios, indispensables para garantizar el curso socialismo en el medio rural.