La Política Petrolera en la Venezuela Bolivariana

“... yo no sé cuál saqueo fue más dañino y más brutal, si el de los conquistadores españoles desde 1498 hasta 1700 y más, o el saqueo petrolero a Venezuela durante las primeras décadas del siglo XX. Porque el imperio español ciertamente hizo mucho daño, pero sin embargo construyeron ciudades, caminos, y aunque de manera cruel e imperial, se hizo un mestizaje y se fueron asentando pueblos, y nació una civilización. Pero en el siglo XX ¿qué ciudades nacieron? Al contrario, se destruyeron ciudades, se destruyeron campos con el afán imperialista de la explotación petrolera...

Pasó  un siglo y nosotros regalamos el petróleo durante un siglo para saciar la sed de los países desarrollados. Y nuestros pueblos en África, nuestros pueblos en Asia, nuestros pueblos en América Latina hundiéndose en el subdesarrollo, hundiéndose en la miseria, hundiéndose en el atraso. Colonialismo, eso se llama colonialismo. Imperialismo, eso se llama imperialismo. Por eso es que la OPEP es una organización antiimperialista, la OPEP es una Organización liberadora para el desarrollo de nuestros pueblos de América Latina, de África y de Asia.” (Subrayado nuestro)

(Extracto del Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, con motivo de la Apertura de la 141 Reunión Extraordinaria de la Conferencia Ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), celebrada en Caracas, el 1° de junio de 2006) 

1.- La Venezuela previa a la llegada del presidente Hugo Chávez

Luego del auge del Neoliberalismo que en lo económico, se tradujo en privatizaciones, apertura de las economías semicoloniales, ataques y debilitamientos al Estado de bienestar, el pensamiento único que glorificaba el “libre mercado” y auspiciaba al mismo tiempo el avance arrollador de las corporaciones y la globalización del capitalismo como la panacea a todas las adversidades socio económicas y políticas,  terminó siendo una falacia, pues en un periodo relativamente corto, se demostró que, el mito entró en crisis, dado que bajo sus estandartes de privatización, desregularización, liberalización y flexibilización, el capitalismo se hizo más inestable, injusto y desigual, provocando   el crecimiento y la profundización entre los países ricos y pobres, entre ellos y también dentro de ellos, pues el proceso de explotación y expoliación ha generado un terrible abismo en la distribución de las riquezas, convirtiendo al capitalismo en el peor azote de nuestra era, con su secuela de pobreza, hambre, ignorancia, enfermedades, guerras que intensifican a niveles insoportables, el dolor y sufrimiento para los seres humanos. Razón por la cual,  se arguye, que esta nueva etapa del desarrollo histórico del capitalismo, conocida como globalización neoliberal, nos ha impuesto un orden mundial que no se puede sostener ni se puede soportar.  

De allí que, a partir de mediado de los años 90 del pasado siglo comenzamos a observar como un conjunto de crisis financieras originadas en los llamados “mercados emergentes” de la periferia capitalista -que precedidas de la crónica debilidad económica del Japón, -tienden a extenderse, desde finales del siglo pasado hasta los llamados “mercados centrales”, en contraposición a los de tipos periféricos. 

Esta situación mirada desde la perspectiva del último lustro, parece generar una especie de “efecto dominó” a escala mundial, que configura el marco de una  crisis y un retroceso general en el proceso de aplicación de las políticas de libre mercado.  

Toda esta lúgubre situación se convirtió en un duro golpe contra la ilusión neoliberal del progreso social, a través del libre mercado, iniciándose un proceso de cuestionamiento al neoliberalismo. De manera que el debilitamiento de la hegemonía del pensamiento neoliberal, abrió un espacio para explorar vías alternas.  

En lo que a nuestro país respecta, podemos decir que la formulación y aplicación de las políticas y criterios que las autoridades financieras internacionales –léase Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional- [1] sugirieron, se implementan, en febrero de 1989, tras él inmediato segundo triunfo electoral de Carlos Andrés Pérez, mediante un conjunto de políticas conocidas como el “Gran Viraje”, dirigidas a ajustar los desequilibrios macroeconómicos existentes para ese momento en Venezuela, a través de la redimensión del Estado en lo concernientes a sus funciones y competencias, lo cual se reflejaba en la reorientación del gasto público, cuyos valores reales implica ipso facto una reducción en el gasto social que genera un malestar social y culmina con los acontecimientos de protesta popular durante los días 27 y 28 de febrero de 1989, conocido como el Caracazo. Sin embargo, a lo largo de la década de los años 90, previo a la elección popular de Hugo Chávez a la presidencia de la República, fundamentalmente, durante la segunda gestión de Caldera, entre 1994 y 1998, esta política se intensificó y profundizó en comparación con lo que había sido la historia económica y petrolera previa de nuestro país.  

En efecto, desde febrero de 1989 y, con mayor celeridad, durante los años 90, las expresiones de descontento general fueron más allá de los disturbios espontáneos, las movilizaciones y la insurgencia llevaron a una transformación radical del viejo sistema de partidos políticos que imperaban en el país. 

En consecuencia, ambos mandatarios incumplieron sus promesas electorales de rechazar la salida neoliberal y mantener una presencia importante del Estado en la economía. Así, en orden cronológico, nos encontramos que Pérez eliminó las regulaciones bancarias, levantó la mayor parte de los controles de precios, privatizó la compañía nacional de teléfonos (CANTV), el sistema de puertos y una importante línea aérea (Viasa), y abrió la industria petrolera y otros sectores estratégicos al capital privado fundamentalmente de tipo transnacional.  

Por su parte, en el quinquenio de Caldera (1994-1998), encontramos dos estrategias sucesivas: una, de relativo control económico y otra de evidente inclinación al neoliberalismo, aunque con elementos de intervención del Estado. Ese primer momento se inscribe dentro del documento denominado Carta de Intención al Pueblo de Venezuela. En tanto, que él ultimo se inicia en abril de 1996, una vez que se reorienta la estrategia oficial hacia la liberalización económica, bajo el nombre de Agenda Venezuela [2]. Este, se caracterizó por el desmantelamiento de los controles y las regulaciones de índole económica, la apertura comercial interna y externa, la privatización de empresas del Estado, la modificación estructural de la industria petrolera nacional para incorporan en determinadas áreas de la actividad intereses privados extranjeros en su gran mayoría.  

De manera que, Caldera en la postrimería de su segundo periodo y previo al triunfo electoral de Hugo Chávez, no solamente continuó el programa de privatizaciones de Pérez, sino que lo intensificó, al vender la compañía nacional siderúrgica (Sidor) y al reformar el sistema de seguros sociales, permitiendo la participación privada en los subsistemas de salud y pensiones, e incluso con Luis Giusti [3] a la cabeza de la política de PDVSA manejaron la privatización parcial de la industria petrolera nacional, al proponer la venta y colocación del 20 % de las acciones de PDVSA en la bolsa de valores.  

Desde luego, nacionalmente, la compañía petrolera estaba jugando un rol político estelar, y el alto tren ejecutivo estaba convencido de que había llegado el momento de implementar plenamente su agenda liberal –es decir, su agenda no-propietal- la cual, en última instancia, habría de conducir  a la privatización  de las filiales de PDVSA. En 1997, con el  fin de despejar el camino, el acuerdo de asociación de mejoramiento de crudos extra-pesados, Cerro Negro, celebrado entre Lagoven, Mobil y Veba, incluyó una cláusula que especificaba las condiciones  bajos las cuales las filiales de PDVSA podían ser liberadas de su condición de fiadoras: si Lagoven reducía su participación inicial de 41,67 por ciento a menos de 12,5 por ciento, o si al menos 50,1 por ciento de la misma Lagoven era privatizada (Mommer, 2003a:230-231).  

Sin duda que esta tendencia hacia la privatización de PDVSA se vio promovida enérgicamente por Luis Giusti en su carácter de presidente de la Corporación, a lo largo  del periodo gubernamental de Caldera- al concebir que:  

"La apertura petrolera deberá apuntar hacia una política de privatización de petróleos de Venezuela y sus empresas filiales (Luis Giusti, citado por Parra Luzardo, 1997:172). 

Además, el  entonces ministro de Energía y Minas, Edwin Arrieta, señalaba que: 

  “Venezuela, que desde 1986, se habría incorporado al ‘club de pinocho’ no solamente para participar también de las ventajas comerciales que estaba teniendo los que ya venían desconociendo las citadas cuotas, sino por el mismo sistema lleno de imperfecciones y la falta de equidad con la que ella se asignaban. (En entrevista con Malavé Mata, 2000, en El petróleo, el bolívar y el fisco: 159, citado en Mujica Sánchez, 2003: 165). 

Estas apreciaciones por supuesto, eran igualmente compartidas por Luís Giusti en su condición de presidente de PDVSA, al proponer que:  

“Venezuela debe ir hacia una más estrecha asociación con sus clientes desarrollados y abandonar asociaciones tercermundistas, de subdesarrollados y de perdedores, como la OPEP. La OPEP  no ha beneficiado mucho a Venezuela y le impone trabas a su desarrollo  que la llevaría  a convertirse en una de las primeras  potencias petroleras del mundo” (Mendoza Potellá, 2010:87) (Subrayado nuestro). 

De manera que durante el gobierno de Caldera la visión petrolera venezolana jugó a la privatización de PDVSA y al saboteo de la OPEP, a tal punto que después del primer triunfo electoral del presidente Hugo Chávez en diciembre de 1998, los representantes del gobierno saliente continuaban dando muestra de aquella política en contra de la OPEP, tal como puede visualizarse en las entonces declaraciones del Ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff, según las cuales –refiriéndose a Chávez- propone que “el nuevo gobierno debe considerar  si permanece o no  en la OPEP. ‘Quizás en el largo plazo, dedicarse a volumen y no a precio puede ser beneficioso para el país” (El Universal, 8/12/98, pág. 2-2, citado en Mendoza Potellá; 2000: 203). 

Por otra parte, no  hay que perder de vista que se privatizaron activos adquiridos de empresas financieras en 1994, y ya para 1997 intereses financieros foráneos controlaban 41% de los bancos venezolanos.  Todo esto incide para que en 1998, año electoral, la crisis venezolana se profundice, en razón del descenso casi vertical y profundo de los precios del petróleo (US$ 10,50 en promedio en comparación con U$ 16,48 el año anterior. 

2.- La política petrolera en la Venezuela bolivariana

La situación fiscal y del sector externo de la economía venezolana, al inicio del período de Caldera, no era tan crítica como la que se hizo evidente al comienzo del año 1999, justamente, cuando asciende Hugo Chávez a la primera magistratura del país. Chávez se encuentra con un país económicamente deprimido, socialmente desbastado y políticamente fragmentado, pero lleno de esperanza y de mucha confianza en su liderazgo. En el terreno petrolero opera un descenso en nuestra principal variable económica: el petróleo, cuyo precio promedio, en 1998 para la cesta venezolana, había alcanzado la pírrica suma de US$ 10,50, llegando incluso en diciembre de aquel año, en pleno triunfo electoral, a US$.7, 5. En tanto que, para febrero de 1999 cuando asumió el poder, la cesta venezolana de exportación promediaba US$ 8,97 por barril. 

Tal realidad, le resulta a la nueva administración gubernamental muy preocupante y sofocante, dado el carácter de nuestra economía rentista y más aún por los ingentes recursos que se requerían en lo inmediato, a fin de que la Revolución Bolivariana pudiera iniciar su programa de acción política y económica.   

Esta situación, obliga a que el presidente Chávez, en conjunto, con un nutrido grupo de personalidades incluidos académicos y políticos que se opusieron, en su momento, a la política petrolera dominante en el país durante la última década del siglo XX, decidiera enfrentar resueltamente la crisis y librar la batalla por detener el deterioro de los precios del petróleo, llevando incluso esta batalla mucho más allá de nuestras fronteras, hasta alcanzar un precio justo. La nueva administración política entendió que tal giro en la política petrolera era un asunto impostergable para nuestro país, pues, con unos precios tan deprimidos resultaría imposible llevar a cabo las nuevas transformaciones políticas y económicas en que se suspendía su programa de gobierno y que con urgencia reclamaban los sectores más desposeídos y mayoritarios de nuestra sociedad. 

En consecuencia, Chávez y su equipo en materia petrolera secundado, en un principio, por el entonces, Ministro de Energía y Minas, ex presidente de PDVSA y actual presidente alterno de UNASUR, Alí Rodríguez  Araque [4] anuncian-aún cuando dejan claro que los contratos y acuerdos contraídos por el Estado serán respetados-que procederán a revisar todos los acuerdos en materia petrolera en defensa de los intereses nacionales, produciéndose con ello un freno a los planes de la apertura petrolera. Al respecto, conviene señalar que desde el 2005 con Rafael Ramírez en la dirección de PDVSA y del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería se consolidó el desmontaje de la apertura petrolera y sus viciados esquemas con la extinción de los Convenios Operativos, así como de las Asociaciones Estratégicas y los Convenios a Riesgos y Ganancias compartidas que tanto daño le hicieron a la industria petrolera y de manera más amplia a la economía nacional. 

Grosso modo, Chávez centra su política petrolera en tres objetivos medulares, en primer lugar, la recuperación de los precios y maximización de la renta revirtiendo para ello la política aperturista que privilegiaba volumen en detrimento de los precios y también mediante el incremento de la tasa de regalías, en segundo lugar, el fortalecimiento de la OPEP con el objeto de  producir una mayor defensa del precio en el mercado petrolero internacional y en tercer lugar, se plantea una renacionalización de PDVSA. De hecho, se reivindicó el control del Estado sobre los recursos naturales y además se le otorgó rango constitucional a PDVSA. 

Así  en la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) [5], se expresa que:  

Se le otorga rango constitucional a la nacionalización petrolera, pero al mismo tiempo se establece la posibilidad de continuar en convenios de asociación con el sector privado siempre y cuando sean de interés para el país, y no desnaturalice el espíritu, propósito y razón de la nacionalización petrolera

En correspondencia con ello, importa por muchas razones subrayar que el nuevo gobierno asume desde un primer momento que lo prioritario para desarrollar una política de recuperación y de defensa de este recurso descansa en una estrategia tendiente a recuperar los precios, ponerle fin a los esquemas aperturistas y planes privatizadores de PDVSA y fortalecer a la OPEP [6]. Razón por la cual, estos tres objetivos medulares se convierten en el primer eslabón para poder llevar a cabo los planes de recuperación económica y de reactivación del país. 

El Dr. Mommer lo deja muy claro al señalar que:  

El Presidente Chávez y su Ministro de Energía y Minas, Alí Rodríguez Araque, revirtieron la política de rechazo de las cuotas OPEP y empezaron a defender los precios. Junto a México y Arabia Saudita, Venezuela promovió exitosamente un nuevo entendimiento sobre las cuotas entre los miembros de la Organización y otros países exportadores. Durante septiembre de 2000 Venezuela también promovió y organizó la Segunda Cumbre de Jefes de Estados de la OPEP. Los precios se recuperaron. Los ingresos brutos por exportaciones de Hidrocarburos ascendieron a 29.300 millones de dólares en ese año. Sin embargo los precios eran tan sólo un aspecto de los problemas que en materia petrolera estaba confrontando Chávez. (2003b: 32). 

Huelga decir que desde entonces Venezuela ha asumido un papel activo en la OPEP, de la cual se había distanciado durante los gobiernos de Pérez y Caldera, y comenzó a cumplir de manera estricta sus compromisos con esta institución, que venía violando flagrantemente en los años anteriores.  

Ahora bien, en el caso específico de la materia de hidrocarburos, los principios generales aparecen establecidos en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y más específicamente, en sus artículos 5, 11, 12, 113, 150, 151,156 - numerales 12 y 16- así, como en los artículos 209, 301, 302 y 303. En el conjunto de artículos citados, tiene relevancia lo relativo a la soberanía sobre los recursos de hidrocarburos, la declaración de interés público, la solución de dudas y controversias, la competencia del Poder Público Nacional, particularmente en lo que se refiere al régimen y administración  de las minas e hidrocarburos. (Rodríguez Araque, A, 2003: 43). 

Sin embargo, la mayor incidencia de la nueva Constitución en materia petrolera,  podemos visualizarla en los artículos 12, 302 y 303, por considerar que es en ellos en donde se mide lo relativo a su propiedad, como también lo referente al destino y papel de PDVSA.  Al respecto, es necesario establecer que la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la propiedad pública de los yacimientos mineros y de hidrocarburos, por primera vez, en una de sus disposiciones, como bien se registra en su artículo 12 que reza: 

“Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sean su naturaleza existente en el territorio nacional, bajo el lecho de mar territorial, en la zona exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles”. 

Por otra parte, en la Carta Magna se le otorga un carácter constitucional a PDVSA, así se recoge textualmente en el contenido de su artículo 302, al establecer que:  

El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo. (Subrayado nuestro). 

Seguidamente, el artículo 303, reza:

Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencias del desarrollo de negocios de petróleos de Venezuela, S.A. (Subrayado nuestro). 

Paradójicamente, en cuanto al contenido de este artículo 303 conviene aclarar que Petróleos de Venezuela, S.A., no produce un solo barril de petróleo; es una sociedad  de cartera. En cambio, sus filiales sí producen, y por tanto, según Mommer, la Constitución de la República estaría permitiendo, en principio, su privatización. Luego, en cuanto al manejo de la industria petrolera –esencialmente el manejo del recurso natural- se le encarga del mismo, con lo cual el papel del Ministerio del Poder Popular para la  Energía y Petróleo, en principio, se reduciría al mínimo. (2009:5). Esto se debe al espíritu derechista que se infiltró en la constituyente que promulgó la Constitución Nacional de 1999. Fue esta una de las razones por las cuales acudimos en el 2007 a una consulta para la reforma constitucional. Todavía seguimos en deuda con está y otras incongruencias que deben superarse para ir hacia la total consolidación del modelo socialista. 

No obstante, subrayemos que sólo con Hugo Chávez es posible mantener la soberanía petrolera y la distribución revolucionaria de la renta petrolera y además tener una PDVSA alineada con los planes y proyectos del Ejecutivo Nacional, no se trata de magnificar y menos mistificar el liderazgo del presidente Hugo Chávez, pero sí de darle su justa dimensionalidad y más aún cuando sabemos que la Mesa de la Unidad (MUD) y sus asesores en materia económica y, más específicamente en materia petrolera lo han dejado muy claro al plantear que sus políticas se encaminarán por la autopista del libre mercado, lo cual incluye la privatización parcial de PDVSA y con toda seguridad, nuestra salida de la OPEP por considerarla, en nombre de la “postmodernidad” que defienden, una Organización anacrónica cuya existencia no tiene sentido en el mundo globalizado de hoy. 

Notas:  

1.- Según Joseph Stiglitz, premio Nóbel de Economía, estos organismos,  sugerían la aplicación de un mismo conjunto de políticas en diversos países, sin tomar en consideración las  particularidades.  

2.- Este plan económico-al igual que el VIII plan conocido como el Gran Viraje o plan de ajuste económico neoliberal bajo la segunda presidencia de Pérez-fue diseñado previo acuerdo o firma de una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo la necesidad de seguir aplicando medidas de ajuste económico y, por ende, reformar al Estado para garantizar las condiciones del nuevo modelo económico.

3.- Luís Giusti López, ocupa la presidencia de PDVSA desde el 28 de marzo de 1994 hasta el 09 de febrero de 1999. Desde ese momento y hasta ahora funge como asesor en materia petrolera de la Casa Blanca. Durante su gestión al frente de PDVSA se le asoció con el Gerente estrella y el Paradigma a seguir en materia empresarial.

4.- El 03 de Febrero de 1999, se realizó la entrega del despacho del Ministerio de Energía y Minas al Dr. Alí Rodríguez Araque, por parte del Ministro saliente Dr. Edwin Arrieta Valera, quien desempeñó el cargo durante el segundo gobierno de Caldera, entre 1994-1999.

5.- Derogatoria de la de 1961, fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.860 del 30 de diciembre de 1999 y entró en vigencia el 1 de enero de 2000, siendo reimpresa nuevamente por error de copia en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.453 de fecha 24 de marzo de 2001 y reformada en fecha 19 de febrero de 2009, según Gaceta Oficial Nº 5.908 de esa misma fecha.      

6.- Sin embargo, esta actitud con relación a la OPEP no debe de sorprendernos, pues, en su primera intervención pública como Presidente electo, el 7 de diciembre de 1998, había sido claro y categórico en materia petrolera. “Nosotros –dijo- necesitamos defender el precio del barril petrolero y buscar las maneras para que éste aumente y se coloque de nuevo en un nivel aceptable para las necesidades del país”.

Igualmente, sostenía que el destino de Venezuela íntimamente asociado a la manera como se comportan las variables que determinaban el valor del principal rubro exportable de la economía venezolana.

Fuentes bibliográficas 

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**Sociólogo Summa Cum laude (UCV).

Exconsejero de la República Bolivariana de Venezuela en Argelia.

Postgrado en Economía y Política Petrolea Internacional.

Curso Avanzado en Economía Marxista.

Profesor de Economía Política.

Militante político revolucionario.

eleazarmujica14@yahoo.com



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Eleazar Mujica Sánchez*


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