Las opiniones del profesor Luís Fuenmayor se han convertido en uno de los caballitos de batalla de la oposición al articulo 34 de la LOE que iguala los derechos políticos de todos los miembros de la comunidad universitaria. Sus argumentos tienen el merito de aclarar francamente, sin oblicuidades, la concepción elitista, jerárquica, estamental y conservadora de la universidad, que anima a la oposición. De ellos podemos sacar en claro algunos puntos claves. Ellos son: el concepto "ideal" de la universidad y de sus misiones especificas relativas al conocimiento; la distinción entre derechos políticos y académicos y, derivado de lo anterior, la defensa de una "necesaria" jerarquización estamental de los miembros de la universidad.
Rescato la idea de la especificidad de las misiones de la universidad: producir, innovar y comunicar conocimientos, formar profesionales, aportar a la solución de problemas nacionales. En esas tareas hay, por supuesto, una necesaria división técnica del trabajo y una distinción de funciones. Pero esa división técnica del trabajo no tiene por que llevar necesariamente a una división social y política. Al contrario.
La concepción pedagógica actual desde hace tiempo, se basa en el dialogo, en la horizontalidad, en considerar los intereses cognitivos de los estudiantes y en la dialéctica interactiva e intercambio de roles entre el maestro y el estudiante. Si vamos al "ideal" de la ciencia, ésta se basa en su carácter público y crítico. Ello implica que la ciencia siempre debe ser objeto de discusión, dado que se asume de principio falible y falsable. Esa discusión continua en la que la ciencia se sitúa, supone una igualdad de derechos de intervención en la discusión. Incluso de los no especialistas. Los aportes de la ciencia, sus repercusiones sociales, no deben dejarse únicamente en manos de los científicos. Desde hace tiempo es así. Sostener lo contrario es propio de un cientificismo hace tiempo en retirada.
Así, las concepciones pedagógicas y científicas más avanzadas llaman la atención acerca de la importancia de TODAS las funciones, derivadas de una división técnica, no social ni política, que contribuyen a su realización. Por ejemplo, en el curriculum se incluye las condiciones físicas y logísticas. Muchos han señalado que la sociedad del conocimiento conlleva al "aplanamiento" de la institución científica. A eso contribuyen varias cosas: el impacto de las NTIC en las organizaciones, el carácter publico y critico de la ciencia, el fortalecimiento de los espacios inter y Transdisciplinarios, la vigencia de los "diálogos de saber" y la importancia comprobada para la innovación de los que se hallan "afuera" de la especialidad o disciplina. Pensar hoy en una jerarquía estamental y aristocratizante cuando se piensa en condiciones de producción, aplicación y difusión del conocimiento, implica retroceder a concepciones, no solo cientificistasm conservadoras y autoritarias, sino feudales.
De esa concepción jerárquica, se parte para hacer una extraña distinción entre derechos políticos y académicos. Distinción que en realidad es confusión, como ya lo indica el hecho mismo de hablar de "derechos académicos". Si se esta hablando del articulo 34 de la LOE, esta claro que elegir las autoridades universitarias es un derecho político, no académico (si es que algo así existe). Eso esta "claro y distinto". El problema se suscita cuando se confunde la autoridad académica, el respeto por el saber demostrado por un científico, el cual, de paso, no puede negar la critica a los saberes establecidos en un momento determinado, con la autoridad política u organizativa (Weber la llama burocrática) que es la propia de un CU, un rector, etc. Lo racional es aceptar la autoridad académica dentro de la continuidad de las tradiciones de las disciplinas. Ya no lo es tanto para determinar indiscutiblemente la verdad, a menos que volvamos a la escolástica feudal. Mucho menos debiera tener que ver con la asignación de las funciones políticas y administrativas de una autoridad universitaria, mas alla de la deseable y necesaria cualificación de los titulares.
Lo que ha llevado a la degeneración institucional de las universidades, no es la politización de las instituciones, o la extensión de los derechos políticos, lo cual, de paso, junto a la autonomía (derecho político, no académico) pertenece a la misma tradición democrático popular de Córdoba (recuérdese la reivindicación de aquellos estudiantes era la paridad). La otra tradición, la tecnocrática o jerárquica estamental, niegan de entrada la autonomía pues suponen una subordinación a intereses empresariales o de religión. Han sido la elitización y la usurpación por parte de grupos políticos, familiares y económicos, del poder en la institución lo que la ha desvirtuado. No la politización en abstracto, sino la hegemonía de cierta política específica, que se quiere ahora enmascarar oponiendo lo académico y lo político. Por supuesto que la universidad no es una república, pero si esta EN una república y de acuerdo a los principios republicanos debe organizarse. Ello se ha corregido en la LOE.
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