Desde hace casi una década se viene señalando la necesidad del voto paritario estudiantil en las universidades, pues se lo presenta como un perfeccionamiento de la democracia en estas instituciones. Desde el mismo primer día en que se asomó esa posibilidad, manifesté mi total desacuerdo con argumentos de fondo y escribí sobre el caso en varias ocasiones. A partir de ese momento, he participado en numerosos foros y seminarios en auditorios universitarios a lo largo de estos 10 años de gobierno, en los que he tenido que defender mi posición y hacerlo con las razones existentes de naturaleza académica, que se pueden o no compartir, pero que sin duda alguna tienen un sólido fundamento.
Se parte del “deber ser” de una universidad, institución organizada sobre la base de la producción, transmisión y utilización del conocimiento, por lo que sus jerarquías no se pueden determinar mediante votaciones similares a las de los poderes públicos, ya que se obtienen luego de un largo y dedicado proceso de estudio, teorización e investigación, que llevan a la formación de un profesor investigador de diferentes niveles de complejidad y experiencia o de un profesional, también en niveles crecientes de profundidad y dominio del conocimiento. Las autoridades universitarias, por sus conocimientos, su experiencia, su formación, sus grados académicos y su obra científica y humanística, deberían ser los sabios conductores de las instituciones, que no imponen su voluntad sino resumen y concentran la voluntad institucional.
Un profesor agregado, asociado o titular se forma, se va formando durante su trabajo universitario, en respuesta a sus propios esfuerzos, al trabajo realizado día a día, a sus estudios e investigaciones, a los cursos tomados y aprobados, de manera que su ascenso a través de los diferentes grados del escalafón académico son el resultado de este trabajo, que no puede ser substituido por votación ninguna, así se trate de las votaciones de los ángeles del cielo o de los consejos comunales. Existen en las universidades, por lo tanto, profesores formados en distintos grados: Desde el instructor, que es quien se inicia en la carrera académica, hasta el profesor titular, que es quien tiene línea de investigación propia y puede dirigir grupos de investigación. Luego, los profesores no son iguales entre sí desde el punto de vista académico; son iguales como ciudadanos pero no como profesores. Al no ser iguales académicamente, no pueden tener los mismos derechos en las universidades.
Un caso idéntico es el de los estudiantes entre sí y con los profesores. Tampoco son iguales entre ellos desde el punto de vista académico. Unos son recién admitidos, otros han aprobado el primer año del programa de formación, otros están al final de la carrera cursada. Sus conocimientos sobre la disciplina estudiada no son iguales, sus habilidades y destrezas tampoco serán similares, quienes tienen una prosecución más avanzada estarán en niveles de formación superiores. Al no ser iguales, tampoco pueden tener los mismos derechos. Siguiendo este claro razonamiento, estudiantes y profesores no son iguales si hablamos académicamente. Repito: Son iguales como ciudadanos, con los mismos derechos políticos, pero no como académicos, por lo que no pueden tener los mismos derechos académicos, entre ellos el derecho de votar en la misma forma para la escogencia de las autoridades universitarias.
La posición gubernamental en este sentido aparece plasmada en la Ley Orgánica de Educación promulgada, no sólo es equivocada y perjudicial desde el punto de vista académico, sino contradictoria con el tratamiento dado por el gobierno a las universidades experimentales, donde nadie vota y no parece importar, y está estimulada por la creencia de que este tipo de modificación le hará ganar las elecciones en todas las universidades autónomas. Estas consideraciones obedecen a la total ignorancia gubernamental de lo que debe ser una universidad y de lo que políticamente sucede en éstas y demás instituciones universitarias.
Cuando en las academias militares y en las escuelas de formación de oficiales de la Fuerza Armada Nacional se elijan autoridades por votación paritaria de estudiantes, profesores y trabajadores, creeré que el planteamiento incluido en la ley es sincero y no demagógico y politiquero. Mientras tanto, tengo pleno derecho de pensar que sus motivaciones nada tienen que ver con la democracia en las universidades.
El Espacio, segunda etapa, año 2, Nº 5, pp 4, primera quincena septiembre 2008, Caracas.
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