En la actualidad, nuestro Frente Universitario Revolucionario Socialista, lucha por enderezar el
rumbo democrático, participativo y protagónico, torcido por las apátridas acciones tomadas por
un grupo oportunista, de mayoría ínfima y circunstancial, conformado por un sector de las
autoridades universitarias, seudo‐líderes retrógrados que representan los interés más mezquinos
e individualistas de la Ultraderecha Universitaria; quienes aprovechando una baja en las filas de
mayor jerarquía en el Consejo Universitario, producto del mal estado de salud de la nuestra
aguerrida Rectora, se valieron para aflorar y tratar de legitimar sus feudales ideas de cogobierno.
Estas referidas acciones se concretizan en la aprobación de un Reglamento Electoral interno de la
UNEG, que además de ilegal es ilegítimo, porque contraviene lo establecido en nuestra
Constitución Nacional y la Ley Orgánica de Educación vigente, y en concreto intenta arrebatar el
derecho al voto universal, en igualdad de condiciones, para cada uno de los sectores que
conformamos la comunidad universitaria: docentes, administrativos, obreros, estudiantes activos
y egresados. Un derecho reclamado pública e incansablemente, por todos y cada uno de los
sectores, de manera directa e indirecta, ante los responsables de estas medidas
anticonstitucionales que pretenden, de manera fehaciente y contundente, imponer su voluntad;
pero hasta la fecha no han sido atendidos estos justos reclamos.

Una de las propuesta más rechazadas por la comunidad universitaria en general, en torno al
nuevo reglamento electoral que se pretende imponer, es el artículo 69, el cual estable que: “Los
votos de los electores serán ponderados de acuerdo con la votación de cada uno de los sectores
de la siguiente manera: El sector profesoral …, tendrá una valoración del 50% del total de los votos
válidos; el sector estudiantil …. 30%”, “…el sector de los egresados 5% …”, “…el sector
administrativo 10%...” y “…el sector obrero 5%...”.

No obstante, la LOE en el artículo 34, en su parte 3, establece que: La autonomía universitaria se
ejercerá mediante la siguiente función, entre otras: “…Elegir y nombrar sus autoridades con base
en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en
igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad
universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los
egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento”.

Cabe destacar, que lo sostenido y asumido públicamente por nuestra Rectora, Dra. María Elena
Latuff, tiene que ver con la aplicación taxativa de lo que está contenido en la LOE; así como el
voto salvado de la Secretaria de la Universidad, Dra. Leonarda Casanova, está en sintonía con
nuestra posición como corriente revolucionaria que respalda el derecho del colectivo universitario.
Esta última esgrime sus válidos argumentos que salvan su voto en varias oportunidades
(13/12/2012 y 15/01/2013) ante el Consejo Universitario, sobre la aprobación de varios artículos
de este Reglamento: “…No se avizora a través de la aprobación de este reglamento electoral, que
flagrantemente vulnera las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, que puede realmente
imperar el espíritu y talante democrático, pues la participación, la solidaridad, la igualdad y el
sentido humanitario como parte de los principios fundamentales que rigen el quehacer ciudadano
y constituyen sustento de los principios fundamentales de la Constitución, no son tomados en
cuenta.

Se pretende continuar aplicando conceptos y criterios donde priva la supremacía de unos
pocos en perjuicios de otros, el predominio de intereses particulares, exógenos a la razón principal
que debe guiar estos asuntos y que no es otro que la ratificación de la institución universitaria
como instancia formadora y creadora que apuntale al desarrollo del país”. “…Estamos apostando
a una nueva universidad, en la que muchos conceptos que están agotados deben reinventarse, por
lo que es imprescindible llamar a la participación de todos los sectores y miembros de la
comunidad universitaria a exponer y plasmar sus ideas y visiones…”.

Sin embargo, un grupo de docentes en la Universidad Nacional Experimental de Guayana, juegan
a la ilegalidad al pretender:

• Desconocer los derechos de las trabajadoras y los trabajadores universitarios, todo cuanto
se ha avanzado actualmente, en materia de derechos constitucionales y de leyes
novedosas que rigen lo concerniente a la Educación en el país.

• Colocar en la palestra pública ciertas visiones “a medias”, de lo nefasto que sería (según
ellos) las consecuencias de una elección que considera el voto uno a uno para elegir las
autoridades de nuestra Universidad.

• Omitir otras realidades del mundo, donde no sólo los docentes eligen las autoridades
universitarias, sino en su conjunto, la comunidad universitaria en general y en igualdad de
condiciones, e inclusive llegándose en otros casos al hecho de que sólo los estudiantes
eligen a sus autoridades en universidades de otros países; tal y como ocurre en el Reino
Unido.

• Destacar sólo los modelos de los procesos de elección que a ellos les conviene, para
instaurar un cierto tipo de régimen monárquico.

• Retomar ópticas erradas y bien arraigadas en la cuarta república, en cuanto a mantener la
concentración del poder en cúpulas que no reflejan los intereses del colectivo; de esa
organización popular construida hoy día en todos y cada uno de los rincones de nuestra
querida Venezuela y fortalecida por la CRBV desde el año 1999.

• Burlar este Poder Popular para generar una ingobernabilidad en la institución, que
propicie una pugna entre tirios y troyanos, y consecuentemente una anarquía que paralice
indefinidamente la actividad académica.
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• Simplificar la aprobación de un reglamento anticonstitucional, sólo, a la suma de dos
fuerzas político‐partidistas: entre afectos al gobierno y aquellos que no lo son; cuando
este hecho vergonzoso (violación de los derechos democráticos) es trascendental para
demarcar la sindéresis que debe prevalecer en todos los venideros procesos universitarios.

• No quieren perder los privilegios que se autoproclaman a razón de los cargos elegibles que
ejercen (¡qué contradicción!), vicios hecho costumbres (por llamarlos de alguna manera) y
que se atreven a asumir naturalmente, como los dueños exclusivos del conocimiento
científico. Eruditos bien divorciados del conocimiento popular o vulgar.

• Jugar a ser intolerantes, porque no reconocen la sabiduría de la comunidad universitaria,
el respeto existente hacia la otredad, lo habitual de la pluralidad en la diversidad, el alto
grado de concientización política, el talante democrático y cívico que se ha alcanzado en
estas últimas décadas en nuestro país.

• Desconocer las sentencias emanadas desde el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala
Constitucional ante las interpretaciones, recientemente solicitadas por la Universidad de
Carabobo y la Universidad Central de Venezuela, en materia de procesos electorales, los
cuales deben estar regidos por los principios y valores reconocidos en la CRBV, además de
estar ajustados a las disposiciones de la vigente LOE.

En base a todas las consideraciones anteriores expuestas, cabe preguntarse lo siguiente:
¿Será que estamos obligados a aceptar que el stablishment en nuestro Consejo Universitario
siempre posea las ideas más privilegiadas o mejor concebidas para la resolución de nuestros problemas?

¿Será que debemos insistir incansablemente, como se ha venido procediendo, desestimando los
“oídos sordos”, en la derogación de la resolución (recientemente aprobada), sobre el actual
proceso “ilegítimo e ilegal” que regirá las futuras elecciones en la UNEG?

¿O acudimos a la vía legal más contundente, a través del Poder Electoral, consultando al Consejo
Nacional Electoral para que se pronuncie en torno a esta situación?

Los tres cuestionamientos anteriores nos direccionan a caminos para debatir, profundizar, diseñar
y trascender a lo que hoy en día se conoce como la Transformación Universitaria, que requiere
nuestra República, puesto que la Universidad debe estar a la orden del Estado para buscarle
solución efectiva y eficiente a todos los problemas que posee. La Universidad debe ser un
instrumento de empuje, con calidad y ética, para el desarrollo integral de la Nación.
Cabe destacar aquí la advertencia pronunciada por nuestro orientador por excelencia, el
Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, el día sábado 8 de Diciembre del año 2012,
desde el despacho de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela:

“No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, mantener ese empeño
de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la Patria. No, no podrán,
ante esta circunstancia de nuevas dificultades –del tamaño que fueren‐la respuesta de todos y
todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la Patria hasta en las vísceras como
diría Augusto Mijares, es la UNIDAD, LUCHA, BATALLA y VICTORIA”.


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