Actualmente el país está atravesando una situación de crisis, protagonizada principalmente por la situación de las lluvias y los más de 100 mil damnificados a nivel nacional, y seguida por el debate que se desprende de anuncios como el aumento del IVA por parte del Gobierno nacional. Acompañada a esta situación, que ofrece una oportunidad para profundizar el debate y la toma de decisiones sobre la transición revolucionaria, se da una un evento en particular con la aprobación acelerada de leyes que está llevando a cabo la Asamblea Nacional. En las últimas semanas, los diputados han estado discutiendo y aprobando una serie de leyes importantes, como la ley Resorte o la Ley de las Comunas, y han dejado a un lado otras de mayor trascendencia para el proceso, como la Ley Orgánica del trabajo (exigida por más de 6 mil trabajadores en la movilización) o la Ley Orgánica de un Sistema Único de Salud. Estos ignoran el debate para algunas y lo cierran para otras.

 Con esto, la Asamblea solo trata de lavarse la cara con el pueblo que la legitimó, intentando limpiar 5 años de gestión que no pueden ser calificados si no de ineficientes y alejados de los intereses de las mayorías. En estos momentos de crisis y definiciones, solo caben medidas anticapitalistas y de transición, y el único que puede darle ese carácter y contenido de clase a las leyes, es el pueblo a través de sus distintas organizaciones, y no unos diputados desde sus oficinas, que desde un punto de vista político, no han hecho otra cosa si no engañar a los que años atrás votamos por ellos.

La aprobación de la Ley, es una victoria de la lucha de las organizaciones sociales

Sin embargo, y sin tener un carácter de ley orgánica, se aprobó la ley de universidades. Un evento que ha sido una bandera histórica de lucha desde hace más de dos décadas, y que desde el movimiento estudiantil de izquierda y como organización política no podemos si no tomarla como una victoria después de un largo proceso que pasó por varias movilizaciones: como cuando los estudiantes marcharon pintados de azul en contra el proyecto de privatización de la universidad de caldera (PLES), o cuando los estudiantes marchamos por una nueva ley de universidades y por la libertad de nuestro compañero Williams Sanguino.

Todo el proceso que está ocurriendo con respecto a esta ley es sumamente contradictorio, y definitivamente refleja la realidad que vivimos a nivel nacional. No solo porque se está aprobando una ley tan importante como esta, en contraposición con lo que pasa con la ley del trabajo que cada vez agarra más polvo en una gaveta de la asamblea, si no que a diferencia de la ley “contra los salta talanqueras”, ordenanza regresiva que se caracteriza por ser antidemocrática y por negar la diversidad, la LEU es una ley que con todas sus debilidades presenta elementos progresivos.

Una ley progresiva que recoge algunas exigencias históricas

Ahora en ningún momento podemos pretender que este evento ocurre por un proceso de reflexión profunda que tuvo la asamblea. Sino que esta es producto de todas las movilizaciones que se han llevado a cabo en los últimos años.

Aunque en el marco del proceso revolucionario, el movimiento estudiantil de izquierda es uno de los más atrasados, por estar fraccionado y no tener mínimas organizaciones nacionales que planteen una política, siempre se han construido espacios nacionales de discusión, ha habido varias movilizaciones y se han entregado infinidad de propuestas en la Asamblea Nacional.

Hay varios elementos del proyecto de ley por los que podemos concluir que esta es una ley progresiva, pero en esencia porque recoge varias de las exigencias que se han tenido desde hace décadas en el movimiento estudiantil de izquierda. Lo fundamental es que rompe con esquemas atrasados, de carácter feudal, que estaban instalados en la estructura universitaria: 1) establece que el voto es igualitario para toda la comunidad universitaria, dándole así un golpe a la élite  de profesores titulares, ya que nuestro voto estudiantil estaba controlado por una fórmula y los demás profesores, administrativos y obreros no votaban; 2) incluye en los máximos organismos de gobierno universitario (definidos en la ley) y en el organismo nacional de planificación, la representación de todos los gremios que conforman la comunidad universitaria; 3) establece una cierta paridad en el máximo organismo de gobierno universitario. Además se establece la gratuidad de los programas de formación a nivel de postgrado en áreas estratégicas para la nación.

Sumado a esos elementos de gran importancia, la ley establece puntos como: el reconocimiento del carácter intercultural de la educación y la reivindicación de los pueblos indígenas; fomentar el vinculo entre el trabajo creador y la educación que contribuya a la superación de la división social del trabajo y la desigualdad en la distribución de la riqueza; la creación de espacios y condiciones que faciliten el ingreso de los trabajadores a los estudios universitarios; desarrollo de modelos de planificación del presupuesto universitario con la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria y del poder popular; la creación de instituciones de educación universitaria de gestión popular; la elaboración por parte de toda la comunidad universitaria del reglamento interno de cada universidad.

El problema no es lo que dice la ley, sino lo que no dice

Podemos decir que la ley tiene elementos progresivos, pero esto no quiere decir, como en realidad pasa, que está a la altura de las exigencias del pueblo ni que se adecúa en torno a medidas necesarias para la transición al socialismo, por más que tenga la palabra socialismo en su contenido. No podemos perder de vista los análisis y balances que hemos hecho después de lo ocurrido el 26-S, donde una de las principales razones para que se dieran esos resultados fue la gran ineficiencia por parte de los diputados para promulgar leyes revolucionarias; y más importante aún, es que no podemos dejar a un lado la caracterización de que todas la instituciones atienden a la dinámica del estado burgués.

Esta es una ley que, por más que haya recogido ciertas propuestas, finalmente fue redactada por la burocracia, y en definitiva va a estar en deuda. Muchos de los aspectos antes nombrados y muchos otros que están contenidos en la ley, se podrían asumir de muy buena manera a primera vista, pero estos están plasmados de manera difusa y abstracta, lo que implica que por la dinámica en que vivimos al final serán letra muerta. Para el caso particular de las leyes todo lo que quede entredicho, no se nombre y no se especifique, en un reglamento o ley, va en beneficio de la burocracia y la burguesía, y en perjuicio del pueblo y las organizaciones populares.

Necesitamos una ley que responda a las exigencias del pueblo, y que implante medidas de transición revolucionaria.

 Por eso planteamos una serie de propuestas, divididas en dos marcos: exigencias históricas del pueblo que no están plasmadas en la ley, y las medidas necesarias para la transición en que respecta al marco educativo.

• En cuanto a las exigencias históricas planteamos que la debería contener los siguientes puntos:

Ø El mecanismo de ingreso además de ser democrático, debe ser gratuito y con un contenido de clase que favorezca a las grandes mayorías explotadas, y que se adapte a la realidad y capacidad de los espacios para impartir la educación. En la ley solo se habla del carácter democrático.

Ø El estado docente debe garantizar la permanencia de los estudiantes, según sus necesidades y capacidades, a nivel de: transporte, comedor, becas (que aumenten según la inflación y permitan cubrir las necesidades básicas), implementos y materiales de estudio (computadoras, guías, libros, etc.). La gratuidad de la educación no implica la permanencia de la población. Para nadie es un secreto que los estudiantes con menos recursos pasan las de Caín, para estudiar y trabajar, produciendo así la deserción de muchos y los que logran sobrevivir no desarrollan su potencial de manera integral.

Ø Cualquier sector de la comunidad universitaria puede llegar a ser la máxima autoridad de la universidad, es decir, que profesores, estudiantes, administrativos u obreros pueden optar para ser rectores.

Ø Todos los espacios de la universidad (académicos, deportivos, culturales, etc.) deben ser administrados por la misma comunidad universitaria, teniendo esta la potestad de decidir el uso que se le da a el espacio. Cada año se ve como empresas privadas, firman contratos con las autoridades y usan los espacios de las universidades a su antojo.

Ø La universidad en conjunto con el estado docente debe garantizar la estabilidad laboral de todos los trabajadores que ahí ejercen su labor. Basta de contratistas privadas (de limpieza, seguridad) que tienen a la mayoría de los trabajadores tercerizados. No pueden haber contratos con esas empresas

Ø En la universidad no pueden haber privilegios económicos y políticos, para ningún gremio. Todas las personas de la comunidad deben tener los mismos derechos tanto fuera como dentro de los espacios de poder, y ningún gremio puede tener más beneficios que otro por su escalafón, todo trabajo es digno y necesario y debe ser remunerado según un criterio homogéneo.

• En cuanto a las medidas mínimas de transición planteamos que la debería contener los siguientes puntos:

Ø El Consejo de Transformación Universitaria se debe someter a una planificación nacional, discutida y aprobada por un congreso que discuta las líneas estratégicas en las que se va a enmarcar la educación, atendiendo a un plan de transición y que ayude a combatir cada vez más el modelo capitalista. El congreso podría reunirse cada dos años y deben haber representación de todos los gremios de la comunidad universitaria y del poder popular, a nivel nacional.

Ø El estado debe establecer criterios de qué carreras dar en las universidades y cuantos cupos abrir para cada una. Esto bajo un profundo estudio de las necesidades y orientaciones a nivel nacional

Ø Establecer un impuesto a la burguesía nacional, que nunca ha apostado a la educación pública, que sea destinado a la inversión en la educación.

En conclusión, la nueva Ley de Universidades representa una herramienta para la agitación y la lucha dentro de nuestras casas de estudios, para exigir su transformación profunda y radical, que a pesar de no estar a la altura de este momento de transición y profundización, representa un avance, ante el cual el movimiento estudiantil debe continuar atento, exigiendo que los mecanismos de discusión de las leyes de la nueva Asamblea para el 2011, estén mucho más enriquecidos por los aportes, experiencias y necesidades de la clase popular.