Marea Socialista, organización de izquierda revolucionaria y anticapitalista,  contraria al gobierno autoritario de Maduro-militares-PSUV, repudia el ataque del que fue objeto el Comité de Defensa de la Verdad, integrado por madres de jóvenes presos por reclamar derechos electorales. Hecho ocurrido el 5 de agosto de 2025, cuando protestaban ante el TSJ la situación de sus hijos, encarcelados tras redadas gubernamentales contra gente del pueblo que reclamaba por los resultados oficiales de las presidenciales del 28 J de 2024.

Las madres pedían ser atendidas por magistrados del TSJ en relación con este asunto, quienes no se dignaron a tomarlas en cuenta. Por ello, alrededor de 50 madres permanecían en vigilia en las inmediaciones del máximo tribunal, cuando fueron atacadas por varias decenas de sujetos parapoliciales, comúnmente conocidos como “colectivos”, que armados con pistolas y objetos contundentes las agredieron a ellas y a las personas que solidariamente las acompañaban, muchas de éstas pertenecientes a movimientos de Derechos Humanos, organizaciones progresistas o de izquierda que no apoyan al gobierno de Maduro.

Los “colectivos” llegaron y comenzaron a actuar luego de que la policía institucional PNB y el Grupo de Acciones Especiales (GAES) abrieron cancha con su retiro de la zona y la Guardia Nacional que supuestamente “resguardaba” las instalaciones del TSJ tampoco asumió su obligación de brindar la protección debida para evitar el atropello. Blandiendo sus armas de fuego e instrumentos para golpear, encapuchados la mayoría de ellos, tanto motorizados como de a pie, decenas de atacantes fascistoides arremetieron, despojando a la gente de sus celulares, carteras, documentación y llaves de sus hogares, e incluso derribaron carpas en las que se encontraban niños de las familias protestantes.

Los agresores no se inhibieron en su ensañamiento, atacando también a personas especialmente vulnerables, como embarazadas y madres que estaban con sus bebés, y hasta arrastraron por el piso a aquellas que se negaron a entregar sus pertenencias personales a los facinerosos.

Junto a las madres del comité también fueron agredidos acompañantes solidarios que les brindaban su apoyo, pertenecientes a organizaciones como SURGENTES, miembros del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV-Dignidad), de la Liga de Trabajadores Socialistas (LTS) y de Marea Socialista.

Las madres del Comité y sus acompañantes de organizaciones solidarias, fueron forzadas, a empellones, a retirarse del TSJ varias cuadras abajo por la avenida Baralt, sin que el “orden público” se presentara para socorrerles y detener la agresión tumultuaria e impune de los “colectivos” armados en plena calle.

Rompiendo con su silencio habitual respecto a este tipo de casos, la Defensoría del Pueblo ha condenado la agresión y conmina a las víctimas a formalizar la denuncia para establecer las responsabilidades correspondientes, y le corresponde al Ministerio Público el rápido inicio de una investigación y medidas preventivas frente a estos hechos; cosa que las organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sociales, están demandando,, pero ya las madres del comité han denunciado que algunas instituciones como el CICPC comenzaron a “pelotearlas” con aquello de que “no es nuestra competencia”.

Aunque está bien exigirlo, estamos conscientes de que es pedir a las instituciones de un régimen violador de derechos que actúe frente a sus propios atropellos, y está claro que sólo la organización, la unidad y el desarrollo de la lucha pueden llegar a poner freno a los abusos represivos.

En este caso ha sido violado un conjunto de derechos, como: 1) El derecho a la justicia y a ejercer recursos efectivos en su defensa. 2) El derecho a la libertad de reunión y de manifestación o protesta pacífica. 3) El derecho a la integridad personal, física, psíquica y moral, incluso de personas vulnerables, como las mujeres embarazadas y con bebés, entre otros manifestantes pacíficos a los que se les dio un trato cruel, inhumano y degradante. 4) Se cometieron delitos de robo y amenazas de muerte, armas en mano. 5) Se usó o se dejó actuar a grupos parapoliciales para ejercer la represión, lo que implica responsabilidad del Estado por acción u omisión, ya que es evidente la complicidad estatal o la negligencia deliberada con el retiro y no intervención de la policía para garantizar la integridad de las personas atacadas.

Por tanto exigimos y planteamos luchar por:

· Investigación de los hechos y explicaciones del gobierno por lo sucedido y por la omisión de socorro en la que incurrieron los cuerpos de seguridad pública.

· Atención institucional sin demora del TSJ y cualquier otro organismo competente a los reclamos de justicia de las madres víctimas de la agresión del 5 de agosto que piden resolver la situación de sus hijos presos.

· Recuperación y devolución de los teléfonos móviles, documentos de identidad y demás pertenencias robadas a las personas agredidas por las bandas parapoliciales.

· Demandar la liberación inmediata de los jóvenes, injustamente presos, así como la de todos los activistas sociales, obreros y sindicales o de Derechos Humanos y democráticos encarcelados bajo falsas acusaciones a raíz de las recurrentes oleadas represivas desatadas en los últimos años.

· Exigir respeto para el pueblo que se manifiesta en defensa de sus derechos y sanciones a los responsables de su violación, por parte de los organismos policiales y desactivación de nuevos intentos de agresión parapolicial por “colectivos”.

· Desarrollar una campaña de denuncia de la represión parapolicial utilizada o tolerada habitualmente por el gobierno. Exigir el castigo de los responsables, así como la disolución de las bandas fascistoides  que emplean esta modalidad de represión anti obrera y antipopular. 

· Seguir en campaña de solidaridad nacional, extensiva a nivel internacional, con los presos por reclamar derechos democráticos y sociales en Venezuela. Marea Socialista asume esta tarea propulsora como organización vinculada con la Liga Internacional Socialista que agrupa a partidos anticapitalistas y antiburocráticos de decenas de países de los distintos continentes.

Llamamos al activismo obrero y popular defensor de los derechos democráticos y humanos a seguir  respaldando a las madres constituyentes del Comité de Defensa de la Verdad, con valoración de su  ejemplo de organización, movilización y resistencia en favor de la libertad y en pro de los derechos de sus hijos, que son hijos del pueblo venezolano.

La represión de este tipo de reclamos legítimos de sectores del pueblo por el gobierno, revela su incapacidad para el diálogo y el pavor de la reaccionaria burocracia gobernante a que se desate la más mínima protesta popular; paranoia que es una expresión de crisis política. Este abuso de la fuerza que busca la intimidación permanente, es en el fondo un signo de debilidad.

El gobierno trata de camuflar sus acciones represivas con la actuación tolerada de “colectivos” violentos para evadir responsabilidades, pero está a la vista de dónde proceden las órdenes. Un comportamiento de este tipo muestra a las claras también que no se trata de ningún gobierno de “izquierda” o “revolucionario”, como retóricamente pretende seguirse haciendo llamar, ya que tanto sus políticas económicas y sociales, como sus prácticas represivas constantes, revelan su naturaleza burocrática, autoritaria, anti obrera y antipopular que, por supuesto, es contrarrevolucionaria y nada tiene que ver con el concepto socialista. Esto debe ser reconocido por toda la izquierda internacional para desenmascarar el carácter de un gobierno que se comporta como otra ultraderecha, explota y oprime a la clase trabajadora y al pueblo venezolano.

En conclusión, el ataque contra las madres en vigilia frente al TSJ representa una violación múltiple de derechos humanos que se da en un contexto de represión generalizada, sistemática y persistente contra el pueblo y contra las disidencias políticas, por lo que frente a ello es fundamental sostener la organización, denuncia, articulación unitaria en la movilización, y favorecer espacios de reflexión y discusión democrática en el seno del pueblo, para nutrir su conciencia política y firmeza en la defensa de sus derechos.

Finalmente, aprovechamos este comunicado para difundir la convocatoria a una movilización prevista para el día 14 de agosto, que saldrá de la Plaza Morelos de Caracas a las 10 am y que será una actividad de carácter sindical y popular en la que van a participar trabajadores y activistas sociales, con tres consignas centrales: ¡Basta de Represión! ¡Liberen a los Presos Políticos! ¡Salario Igual a la Canasta Básica!

Cualquier agresión similar a la del 5 de agosto, que pueda producirse contra esta manifestación pacífica a la que tenemos pleno derecho, será absoluta responsabilidad del gobierno.