La paradoja del perdón: Reconciliación con fórceps
El pasado 19 de febrero se promulgó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. El discurso oficial se ha desbordado en promesas de "reconciliación" y "paz social". Sin embargo, como ciudadano y académico afectado por el ostracismo, me veo obligado a preguntar: ¿De qué reconciliación hablamos cuando el Estado borra los delitos de quienes ejercieron la violencia política, pero mantiene la "muerte civil" de quienes simplemente hemos disentido desde la ética y la ley?
Mi caso es el espejo de una injusticia sistémica. En 2023, tras suscribir un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia exigiendo la restitución de los derechos laborales y el cumplimiento del Artículo 91 constitucional, fui blanco de una inhabilitación administrativa express. La excusa: un retraso administrativo menor en la Declaración Jurada de Patrimonio post-jubilación, un trámite debidamente subsanado pero utilizado como guillotina política. Hoy, con una sanción legalmente vencida desde julio de 2024, sigo inhabilitado de facto. ¿El pecado? Ser una voz de la izquierda disidente y no madurista que exige institucionalidad.
La asimetría jurídica: El foco en el delito vs. la persecución técnica
La trampa de esta Ley es de naturaleza técnica y moral. Mientras el texto se apresura a amnistiar delitos penales y hechos de calle, guarda un silencio cómplice sobre el terrorismo administrativo ejercido desde la Contraloría General de la República (CGR).
Bajo la gestión de Elvis Amoroso, las faltas leves se transformaron en armas de guerra política. Hoy asistimos a una asimetría inaceptable: un ciudadano que participó en un conflicto violento de calle puede ser beneficiario de la amnistía, pero un profesional de izquierda, un economista o un docente inhabilitado injustamente por una omisión burocrática, permanece fuera del juego democrático. Se perdona el fuego, pero se castiga la palabra.
La etiqueta de "Corrupción": El blindaje del Artículo 9
El Artículo 9 de la Ley excluye de la amnistía los delitos de corrupción. Bajo una lectura superficial, esto parecería correcto. No obstante, el Estado ha utilizado deliberadamente la etiqueta de "corrupción" para criminalizar simples faltas administrativas.
Es la ironía suprema del sistema: mientras figuras que encarnaron la corrupción real y estructural —como Rafael Ramírez, Tareck El Aissami o Simón Zerpa— pasaron años en el seno del poder, hoy se utiliza el manto de la "lucha contra la corrupción" para mantener en el ostracismo al dirigente social que denunció, precisamente, ese saqueo. Al quedar estas inhabilitaciones fuera de la amnistía, el violento pasa al olvido, pero el pensador crítico queda bajo una sombra burocrática perpetua.
Radiografía de la "Muerte Cívica"
Desde Vanguardia Ciudadana por la Democracia (VCD), denunciamos la existencia de una categoría de "parias institucionales". Venezolanos que, sin haber lanzado una piedra, han sido despojados de su existencia ciudadana mediante una estrategia de cuatro pilares:
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Inhabilitaciones administrativas express (CGR).
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Bloqueos migratorios y anulación de pasaportes (vías de hecho del SAIME).
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Prohibición del ejercicio profesional (sentencias arbitrarias del TSJ).
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Inmovilización de activos y bienes (bloqueos en el SAREN).
Dos casos ilustran esta aniquilación civil: el de la Dra. María Alejandra Díaz, exconstituyente privada de su derecho a ejercer el derecho y forzada al exilio por solicitar transparencia; y mi propio caso, donde el sistema ignora una sanción ya cumplida para neutralizar mi liderazgo en la defensa del salario y la dignidad del trabajador.
La Propuesta: Decreto de Reparación Institucional y Pluralismo
Como presidente de la ONG VICTIMASTODAY y líder de VCD, no nos limitamos a la denuncia. Exigimos que la amnistía sea integral o no será. Proponemos un Decreto de Reparación Institucional y Pluralismo Político que sirva como brazo ejecutor del Artículo 2, numeral 4 de la propia Ley, el cual ordena "favorecer la reintegración a la actividad pública".
Nuestras exigencias son claras:
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Levantamiento de oficio de todas las inhabilitaciones de la CGR que carezcan de sentencia penal firme.
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Depuración de la etiqueta de corrupción, prohibiendo que faltas administrativas menores sean usadas como causal de exclusión política.
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Restitución inmediata de la identidad política ante el CNE para todos los disidentes.
Llamado a la Acción: La Marcha de las Batas Blancas
No hay paz posible sobre un cementerio de derechos civiles. Vamos a ejercer el derecho al amparo constitucional y llevaremos esta propuesta de decreto hasta las puertas de Miraflores.
No será una movilización de piedras ni consignas vacías. Será una "Marcha Técnica": una procesión de batas blancas, títulos académicos y expedientes legales. Marcharemos con el peso de nuestra formación y nuestra ética para exigir respeto a la Constitución de 1999.
No hay mejor voz que la de Nelson Mandela, que vivió 27 años de "muerte civil" y ostracismo físico, para recordarles que él entendió que la paz sin justicia es solo una tregua hipócrita.
"La reconciliación no consiste simplemente en olvidar el pasado, sino en trabajar juntos para corregir el legado de la injusticia."
Si eres víctima de este ostracismo burocrático, ponte en contacto. Vamos a construir el Censo Nacional de Inhabilitados Administrativos. La paz solo es real si incluye a quienes pensamos distinto. Es hora de recuperar el derecho a existir en nuestra propia patria.
Justicia, Salario y Pluralismo.
