Las recientes excarcelaciones de políticos presos por parte del Gobierno Bolivariano, producidas incluso antes de la segunda y definitiva discusión del Proyecto de Ley de Amnistía, no pueden analizarse con ligereza ni desde el oportunismo político. Desde una mirada de izquierda, y desde el rigor del derecho penal y constitucional, estas decisiones deben entenderse como actos políticos de alto costo, orientados no a la impunidad, sino a la reconciliación nacional y a la reconstrucción de la convivencia en paz, en un país duramente golpeado por años de confrontación, sanciones, agresiones externas y violencia política.
Es fundamental decirlo con claridad: estas excarcelaciones no equivalen a un “borrón y cuenta nueva” para que cada liberado haga lo que le venga en gana. No se trata de licencias para la revancha, la conspiración ni el retorno al odio. Desde el punto de vista jurídico, el Estado venezolano no ha renunciado a su potestad punitiva; desde el punto de vista político, no ha claudicado ante quienes intentaron tomar atajos al margen de la Constitución. La amnistía, como figura excepcional, no es un premio: es una apuesta por la paz; y toda apuesta exige responsabilidad de quien la recibe.
Cada político excarcelado carga ahora con una responsabilidad histórica y personal: reflexionar, revisar y transformar su conducta. Si desean seguir ejerciendo la política partidista, aspirar a cargos locales, regionales o nacionales, deberán hacerlo por las vías democráticas, constitucionales y electorales. La violencia, la criminalidad, el sabotaje y la intervención extranjera no son herramientas legítimas de la política, sino delitos. Y en esto el derecho penal es claro: quien reincide, responde nuevamente ante la ley. No hay romanticismo posible cuando se atenta contra la vida, la paz y la soberanía del pueblo.
Es justo reconocer que varios de los políticos presos que han recuperado su libertad han ofrecido declaraciones públicas dentro de un marco de respeto institucional. Han evitado conscientemente la narrativa del 28 de julio del fantasioso discurso del fraude electoral y el reconocimiento de figuras ficticias autoproclamadas. Ese comportamiento no es menor. Demuestra que, al menos en una primera etapa, han entendido que el país no soporta más incendios políticos ni aventuras discursivas diseñadas para desestabilizar. Han hablado con prudencia, y la prudencia, en este momento histórico, es una forma de patriotismo.
El mensaje del Estado es firme: esta es una nueva oportunidad, no la última. Quien la desperdicie regresará al lugar que le corresponde según la ley. La política seria exige coherencia, responsabilidad y respeto a las reglas del juego democrático. No se puede hablar de cambio mientras se conspira; no se puede invocar libertad mientras se justifica la violencia; no se puede exigir derechos mientras se pisotea la Constitución.
Asimismo, la conducta de estos ex presos políticos no solo será evaluada por las instituciones del Estado, sino también por el pueblo venezolano. La memoria colectiva no es frágil. El pueblo observa, juzga y decide. La reconciliación verdadera no se decreta: se construye con hechos, con discursos responsables y con acciones que garanticen el no retorno de la violencia política.
En este marco, el Gobierno Bolivariano también ha sido claro: para participar en cualquier escenario electoral, estos actores deben demostrar sinceridad política, patriotismo y respeto irrestricto a la Constitución. Esto implica reconocer las instituciones del Estado venezolano, abandonar la lógica del desconocimiento permanente y, de manera inequívoca, rechazar públicamente los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026, cuando Estados Unidos invadió Venezuela y secuestró al presidente constitucional Nicolás Maduro.
No hay neutralidad posible frente a una agresión imperial. No rechazar de forma pública y categórica ese ataque y ese secuestro es colocarse objetivamente en contra de Venezuela, es avalar la violencia extranjera y dejar abierta la puerta a su repetición. Quien guarda silencio ante una invasión no es opositor: es cómplice. Y quien justifica la agresión externa demuestra que sigue dispuesto a transitar los caminos de la violencia para alcanzar el poder.
La amnistía no es olvido; es una prueba política y moral. El Estado ha tendido la mano en nombre de la paz. Ahora corresponde a esos políticos presos, hoy en libertad, decidir si estarán a la altura del momento histórico o si confirmarán, con sus actos, que nunca abandonaron la lógica del caos. Venezuela no necesita mártires falsos ni aventureros de la violencia: necesita políticos que respeten la vida, la soberanía y la Constitución.
