Hay hechos que, por su gravedad histórica, obligan a redefinir el significado de palabras que parecían ya consolidadas: derechos humanos, soberanía, debido proceso, democracia. El 3 de enero de 2026, Venezuela fue objeto de un ataque militar directo de los Estados Unidos, con un saldo trágico: 100 personas asesinadas, centenares de heridos, viviendas destruidas y daños materiales incalculables. No fue una operación quirúrgica ni una "intervención humanitaria", como suele bautizarse la barbarie desde los centros imperiales, sino una agresión abierta contra un Estado soberano. Y detalle nada menor, muchas de las víctimas no eran afectas a la Revolución Bolivariana. Las bombas, como siempre, no preguntan por militancia política.
Sin embargo, el estruendo de los misiles contrastó con un silencio ensordecedor: el de la dirigencia de la oposición venezolana.
Desde hace años, estos sectores han construido una narrativa obsesiva alrededor de los llamados "presos políticos". Una expresión cuidadosamente diseñada para borrar una distinción esencial del derecho: no todo político preso es un preso político. En Venezuela, como en cualquier Estado que ejerza su soberanía, existen políticos presos, porque han cometido delitos tipificados, juzgados con todas las garantías que ellos niega por el ordenamiento jurídico nacional. Pero la oposición ha hecho de esta narrativa su bandera moral, su excusa permanente, su coartada para desconocer instituciones y justificar la confrontación.
Lo verdaderamente revelador no es que defiendan a quienes consideran suyos. Lo escandaloso es a quiénes deciden no defender.
Porque mientras se rasgan las vestiduras por supuestas violaciones al debido proceso, guardaron un silencio cómplice ante el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores, trasladados fuera del territorio nacional para someterlos a un juicio extraterritorial que viola todas las normas del Derecho Internacional: desde la inmunidad presidencial, pasando por la no intervención, hasta el principio básico de jurisdicción soberana.
Aquí la ironía se impone sola:
quienes denuncian la "politización de la justicia" aplauden que una potencia extranjera se arrogue el derecho de decidir quién es o no presidente de Venezuela;
quienes claman por los derechos humanos callan frente a una invasión que los pisotea en masa;
quienes exigen debido proceso justifican un secuestro internacional digno de los peores capítulos del siglo XX.
La contradicción no es accidental. Es estructural.
Porque aceptar que Nicolás Maduro es hoy un presidente preso, de manera injusta y violatoria de cualquier estándar jurídico, implicaría reconocer algo que la oposición se niega a admitir: que su discurso no es ético ni jurídico, sino instrumental. Que los derechos humanos no les importan como principio universal, sino como arma política selectiva.
Hay una verdad incómoda que debe decirse con claridad: nadie tiene autoridad moral para defender a un político preso si antes no defiende al presidente secuestrado de su país.
Nadie puede hablar de justicia mientras avala la ley del más fuerte.
Nadie puede exigir soberanía judicial mientras celebra su anulación desde Washington.
La historia es implacable con estas incoherencias. Y cuando se escriba este capítulo, quedará registrado no solo quién lanzó las bombas, sino también quiénes callaron, quiénes miraron hacia otro lado y quiénes confundieron la oposición política con la renuncia total a la dignidad nacional.
Porque al final, la pregunta no es ideológica, sino ética: ¿los derechos humanos valen para todos o solo para los aliados?
Y la respuesta, hoy, la está dando la oposición venezolana… con su silencio.
