La amnistía es un instrumento jurídico y político, generalmente dictado mediante ley por el poder legislativo, que otorga el "olvido" de ciertos delitos, comúnmente de carácter político. Su efecto principal es la extinción de la responsabilidad penal y la anulación de las acciones penales o sanciones impuestas a un grupo de personas. La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, destacó este pasado sábado 7 de febrero 2026, la importancia de que la Asamblea Nacional, haya aprobado, por unanimidad y con la participación de todos los factores políticos del país, el proyecto de Ley de Amnistía en su primera discusión. Desde la Comuna Almirante Lino de Clemente, en la California Norte, en el municipio Sucre, del estado Miranda, la mandataria encargada sostuvo que este proyecto de ley se posiciona como una herramienta central dentro de la dinámica institucional del país. “Es una Ley de Amnistía que debe servir para la paz y la reconciliación en Venezuela,
Es el espíritu de amnistía que estuvo presente en nuestro padre, “el Libertador Simón Bolívar, pero también en el comandante eterno, Hugo Chávez, y en el presidente constitucional, Nicolás Maduro, ese espíritu del reencuentro de los venezolanos y las venezolanas”. La institución de la amnistía en el ordenamiento jurídico venezolano, trasciende la mera categorización como una causa de extinción de la responsabilidad penal. En la historia republicana de Venezuela, y con una intensidad dramática a partir de la promulgación de la Constitución de 1999, la amnistía ha operado como el barómetro más preciso de la correlación de fuerzas políticas y la salud institucional del Estado. No es simplemente un mecanismo técnico de abolitio criminis o eliminación del hecho punible. Este análisis, no se limita a la descripción de normas, sino que disecta la tensión existencial entre la tradición latinoamericana de la gracia política y las modernas exigencias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional inició formalmente una mesa de trabajo con los principales órganos del Sistema de Justicia para analizar la viabilidad técnica y jurídica del Proyecto de Ley de Amnistía. Este encuentro busca establecer una hoja de ruta clara que permita la aplicación de beneficios procesales sin vulnerar los derechos de las víctimas, asegurando que cada paso administrativo cuente con el respaldo de las instituciones encargadas de velar por la legalidad y el debido proceso en el territorio nacional. Durante la reunión, los diputados enfatizaron la necesidad de una coordinación estrecha con el Sistema de Justicia. El objetivo es que la ley se convierta en un mecanismo de justicia restaurativa. Por ello, representantes de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo aportaron criterios técnicos que servirán para filtrar cada expediente bajo la lupa del Sistema de Justicia, garantizando que los delitos graves no sean incluidos en esta medida excepcional.
Asimismo, se discutió la creación de tribunales especiales o salas de seguimiento dentro del Sistema de Justicia para supervisar el cumplimiento de las condiciones que establezca la ley. Esta articulación institucional es vital para que las decisiones tomadas en el Parlamento tengan una ejecución efectiva y rápida en los tribunales correspondientes. La modernización de los procesos de consulta dentro del Sistema de Justicia permitirá que la ley sea una respuesta dinámica a la realidad política y social que atraviesa el país en la actualidad. El debate también abordó la importancia de la tutela judicial efectiva como pilar del Sistema de Justicia. Una prueba para la oposición venezolana, representa la Ley de Amnistía, Los sectores de gobierno y el Chavismos tiene más claridad.
