El caso ha impactado, y escribimos estas líneas cuando aún resuena la voz de la jueza que ha condenado a Álvaro Uribe, el presidente de ultraderecha que gobernó Colombia entre el 2002 y el 2010, pero con poder político desde antes de esos años de gobierno y a posterior. Fue gobernador del departamento de Antioquia, desde donde movía los hilos paramilitares, y su presencia tras su período gubernamental, continuó marcando la política para poner sus alfiles en la presidencia de la República, como Iván Duque, quien se fue con las manos manchadas de sangre durante las últimas revueltas populares del país. Aún se miden las consecuencias políticas de este fallo condenatorio, que de por sí son impredecibles en un país marcado en los últimos años por la polarización política y la revuelta popular.
En la historia de Colombia se trata del primer presidente de la República que no solo ha sido llevado al banquillo de los acusados, sino también condenado; en un país donde históricamente los grandes grupos de poder político y económico dominaron la historia del país con absoluta impunidad. Ha sido el lugar donde cualquier intento de alterar ese histórico régimen político de dominio imperante ha implicado ser asesinado: lo atestiguan centenas de miles de colombianos y colombianas que tuvieron dicho destino o terminaron pudriéndose en las cárceles. Por eso grandes sectores populares festejan el fallo judicial.
Pero Uribe es condenado no por los peores crímenes que carga encima, como sus vínculos con el paramilitarismo y la secuela de asesinatos por estas bandas, los falsos positivos de jóvenes haciéndolos pasar por guerrilleros asesinados en combate en tiempos en los que Uribe impulsaba la política de Seguridad Democrática, las masacres de El Aro y La Granja y toda una estela centenares de crímenes y de grandes violaciones a los derechos humanos. Allí están las Madres de Soacha, que piden justicia por sus hijos asesinados durante el gobierno de Uribe.
Uribe ha sido condenado solamente por intentar, vía sobornos, modificar testimonios que lo vinculan a él y su familia con los grupos armados paramilitares de la ultraderecha. La manipulación de testigos pasó a primer plano en el juicio que se le terminó abriendo. Pero tiene encima centenas de denuncias y otras tantas decenas de acusaciones directas por sus crímenes contra el pueblo ante la justicia que nunca prosperan. Como en el caso de Al Capone, condenado por evasión fiscal y no por sus crímenes como mafioso, Uribe ha sido condenado por delitos menores.
Se trata de una condena a la que Uribe podrá apelar, primero ante la Corte Superior de Bogotá, y en el caso de que se ratifique el fallo condenatorio, aún podrá hacerlo ante la Corte Suprema de Justicia, en un eventual recurso de casación. Este viernes se sabrá la sentencia, donde la Fiscalía ha solicitado 9 años de cárcel, pero que podrá cumplir en su cómoda hacienda antioqueña. Es un largo recorrido que hay todavía, como largo ha sido el camino para llegar a esta condena: prácticamente 13 años, pues el proceso de la investigación arrancó en 2012.
Uribe puede correr la suerte, por su edad, 73 años, de irse con la más grande impunidad, sin ser condenado por sus verdaderos crímenes. Pero hay un pueblo que clama justicia, trabajadores, campesinos, sectores populares, jóvenes, mujeres, estudiantes, que sufrieron el peso de su política de mano dura, represiva y asesina. Aún hay tiempo.
Uribe siempre buscó escapar del banquillo de los acusados, y lo conseguía por la impunidad reinante. Nunca lo quisieron incriminar, sobre todo en el Congreso de la República, donde lo más podrido de Colombia ha tenido su acogida. En los últimos tiempos uno de sus deportes ha sido salir a la defensa de sus aliados o funcionarios que ejercieron en su gobierno, pues uno a uno eran acusados en todo tipo de causas, evitando así que llegaran a su caso.
El senador Iván Cepeda, se atrevió a denunciarlo ante el Congreso, en el año 2012, con una serie de testigos que lo respaldan. Lo acusó de organizar el grupo paramilitar Bloque Metro en los años 90 en Antioquia, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que nació en la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe. Hablamos de uno de los bloques paramilitares más crueles de este departamento colombiano, el que organizó junto con su hermano, Oscar Uribe. Las evidencias son contundentes, su involucramiento es más que evidente. No solo Juan Guillermo Monsalve, ex paramilitar, el testigo al que intentó sobornar lo atestigua, sino muchísimos testimonios, así como sus víctimas.
Pero el entonces senador Uribe quiso voltear la situación, acusando a Cepeda de difamación, en su confianza en la manipulación de testigos. Pero la estratagema se le vino abajo, al comprobarse el intento de soborno de Guillermo Monsalve, dando la situación un giro de 180 grados. La Corte Suprema de Justicia desestimó el caso contra Cepeda en 2018, y la vuelve contra Uribe. Para evitar que la Corte Suprema lo juzgara, Uribe renunció a su curul de senador que ocupaba desde el 2014, dejando a la instancia superior de la justicia colombiana sin competencia en el caso, pasando a la justicia ordinaria. Que es donde este lunes 28 de julio ha sido condenado.
La ultraderecha continental ha salido en su apoyo, era de esperarse. Emulando el caso de Bolsonaro, desde Estados Unidos y con Trump a la cabeza, se salió en su defensa. "El único crimen del expresidente colombiano Uribe es haber luchado incansablemente por su patria. La instrumentalización del poder judicial por jueces radicales ha sentado un precedente preocupante", escribió en X el secretario de Estado, Marco Rubio. Es que Uribe fue la cabecera de playa de la reacción en la región y del imperialismo, el que profundizó el Plan Colombia, las bases militares estadounidenses, el saqueo y del despojo, en fin, el peón preferido de Washington.
En Venezuela, la trumpista criolla, María Corina Machado, quien aún lo trata de "Presidente Uribe", ha estado en la primera fila entre distintos personajes del continente, calificando a Uribe como un "genuino aliado de la democracia y de la Libertad en Venezuela". A nivel interno, el despliegue ha sido mayor, los grandes grupos que ejercen poder, medios de comunicación incluidos, con la revista Semana a la cabeza, desde antes, iniciaron su guerra en la defensa de Uribe, con la difamación por delante, así como la exposición de la vida personal de la jueza que tenía a su cargo el juicio, todo en claro tono amenazante. Así es la impunidad en Colombia y así se hace sentir el poder.
A pesar de que Uribe no ha sido acusado de sus peores crímenes, por ahora engavetados, las tensiones políticas por su condena podrían escalar. El antioqueño continúa comandando el principal partido de oposición de derecha, el Centro Democrático. El fallo de este lunes se produce a menos de un año antes de las elecciones presidenciales de 2026, en las que varios aliados y protegidos de Uribe compiten por la presidencia del país. El gobierno de Petro no transita su mejor momento político, y aún no tiene un candidato definido. Por su parte Iván Cepeda, con este fallo en sus manos, ya se perfila como futuro candidato presidencial.
En este marco, el uribismo puede levantar la bandera de la persecución política, al estilo Bolsonaro, pero el petrismo puede aprovechar el momento político alegando que en su gobierno no hay impunes, enarbolando la bandera que llevó al banquillo a un ex poderoso presidente de la República. Aún está todo por verse en Colombia, y los escenarios, al momento, son difícil de prever, si es que Uribe termina siendo condenado también ante la Corte Superior de Bogotá o en la Corte Suprema de Justicia. Pero también está el clamor de los que piden justicia y de los que se han manifestado en las últimas grandes revueltas, que pueden volver a entrar en escena.
Los silencios y complicidades perduran en Colombia, y siguen encubriéndose los más aberrantes crímenes contra el pueblo, especialmente por parte de la derecha y las altas jerarquías militares, que constituyen los principales obstáculos para llegar hasta el final en cualquier tipo de condena de los responsables. Esto incluye los lazos y la subordinación absoluta que tuvo con el gobierno estadounidense y el Plan Colombia, principal responsable de las peores atrocidades que se cometieron en Colombia en las últimas décadas.
Es fundamental que se investigue a fondo y se responsabilice a todos aquellos que participaron y encubrieron los horrores de la larga noche colombiana, y Uribe es uno de ellos. Basta de impunidad. Con la organización desde abajo, de las y los trabajadores, campesinos, mujeres, estudiantes y juventudes, de los pueblos originarios, de las organizaciones democráticas y de derechos humanos se puede abrir el camino para llevar al banquillo a todos los responsables de los crímenes contra el pueblo en Colombia.
