Tiene muchísima razón el compatriota Luis Vargas, en su artículo “Promotores de la Revolución” (Aporrea, 20/10/06), cuando, poniendo el dedo en la llaga, señala la inexcusable escasez de funcionarios públicos real y auténticamente identificados con los postulados de la Constitución Bolivariana, los planes de la Nación y las directrices del presidente Chávez. Con el permiso del camarada, procedo a profundizar sobre el tema.
Una de las principales consecuencias del trabajo de la Constituyente, consistió en el cambio de enfoque sobre la figura del servidor público. La noción de soberanía ejercida directamente por el pueblo, el incuestionable sometimiento de los órganos del Poder Público a esa soberanía popular, y la reformulación de los fines esenciales del Estado, entre los cuales destaca el ejercicio democrático de la voluntad popular así como la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, todo bajo un férreo marco democrático y social de Derecho y de Justicia, significan un profundo viraje hacia un nuevo proyecto-país que, en sí mismos, sustentan la motivación del contenido del artículo 141 de nuestro Texto Fundamental: “La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.” La refundación de la República Bolivariana de Venezuela bajo un esquema profundamente humanista y colectivista cuya piedra angular es el Participativismo Popular Protagónico implicaría, pues, un decisivo cambio en la mentalidad y acción cotidiana del Funcionariado Venezolano en todos sus niveles y jerarquías.
No vamos a entrar aquí en detalles sobre el clientelismo, el nepotismo, la codicia desmedida y demás vicios y taras que, habiendo anidado como un tumor en el seno de la Administración puntofijista, sembraron en nuestro funcionariado la anti-cultura de la corrupción y del burocratismo, que mira con despectivo desinterés los requerimientos y necesidades del colectivo y se ocupa casi exclusivamente del atesoramiento de poder político y de beneficios materiales a costa del manejo del erario público. Lo que debe atraer nuestra atención es que, a más de siete años de distancia del arranque de la Revolución Bolivariana, un apreciable sector de nuestro funcionariado alto y medio sigue conduciéndose al más puro estilo puntofijista y cuartarrepublicano, como si la Administración siguiera en manos adecopeyanas.
Hablemos claro. En los comienzos del presente mandato presidencial, todo funcionario de alto nivel en sintonía con el Proceso Revolucionario, precisaba armar su equipo ejecutivo inmediato con personas de su más absoluta confianza y militantes del chavismo, sin tomar especialmente en cuenta su capacidad profesional o experiencia previa en el ramo respectivo, para poder manejar un staff de subalternos veteranos de tendencia verdiblanca (en todo caso, antichavistas), con numerosos años de experiencia burocrática, quienes poseían abundante práctica, experiencia y conocimientos técnico-operativos propios de la Dependencia a que estaban adscritos, pero con muy pocas ganas de colaborar con “esos chavistas recién llegados”. Para colmo de males, en muchas dependencias oficiales existía –y todavía existe- el infaltable grupo de funcionarios rabiosamente opositores a Chávez, desbordantes de malas intenciones, dedicados a sabotear la buena marcha de la Oficina respectiva, con el problema de que, por causa de las normas vigentes en materia Funcionarial, era –y aún es- poco menos que imposible desalojar de allí a los saboteadores y sanear el sector, acto el cual, en muchos y comprobados casos, equivaldría a la extracción de un tumor canceroso cuya presencia compromete la salud y funcionamiento del órgano administrativo.
Era de esperarse que, con el pasar de los años, los empleados y funcionarios afectos al Proceso Revolucionario fueran adquiriendo la experiencia funcionarial de que carecían en sus inicios, y ya, a estas alturas, han tomado las riendas y no dependen de los veteranos como al principio. Pero, en vez de haberse difundido en el seno de la Administración los aspectos orgánicos y funcionales que definen el perfil del ideal Gobierno Bolivariano, pareciera más bien que los funcionarios del Proceso han ido adquiriendo los vicios y malas costumbres del burocratismo cuartarrepublicano. ¿Por qué?
Respuesta: Carencia de adecuada formación ideológica, y por ende, de identificación con los fines y objetivos que, en principio, debe asumir, implantar y difundir el Funcionario Bolivariano. El alto jerarca a cargo de un órgano o ente gubernamental, para armar su tren ejecutivo inmediato (Directores o Coordinadores Generales) suele hacerlo dependiendo de las “recomendaciones” partidistas y no del cuidadoso estudio del grado, apreciable en los aspirantes, de auténtica idoneidad para el cargo, profesionalismo y entrega a los postulados ideológicos y teleológicos de la Revolución en curso. Asimismo, esa deficiencia ocasiona que ese mismo alto funcionario no tenga mayor capacidad para redefinir la visión, misión y objetivos del ente a su cargo y ajustarlos a la nueva realidad administrativa (participativismo popular protagónico: democracia participativa; nuevo enfoque en materia de control; etc.), contentándose con adaptarse al vetusto y estéril marco orgánico/funcional preexistente en el organismo del caso. ¿Qué puede esperarse entonces del aporte, a la Revolución, de los subalternos inmediatos de aquel? Si los funcionarios de alto nivel no reciben directrices revolucionarias claras por parte de su jefe máximo, se encuentran librados a sus propios medios y, en cualquier caso, maniatados por un marco institucional burocrático que no responde a las líneas conductuales dictadas por nuestro Presidente ni, peor aún, a las exigencias de la Constitución Bolivariana. Es frecuente el caso de altos funcionarios que, al querer poner en marcha los mecanismos y procedimientos de participación comunitaria que dicta nuestro actual marco normativo, se dan de bruces con trabas, conflictos y problemas, relacionados con pugnas internas por el poder político, que dificultan y hasta imposibilitan la gestión revolucionaria.
La Revolución Bolivariana se distingue básicamente por conceptualizar cada una de las áreas de atención administrativa (salud, educación, economía, seguridad, infraestructura, etc.) con el correspondiente factor social enfocado en el desarrollo endógeno, la participación popular y la noción de soberanía, todo bajo un marco constitucional igualitario y profundamente humanista. Las Misiones han constituido un modo genial de soslayar y superar los obstáculos habituales del aparato burocrático, para que la acción de gobierno llegue al colectivo. La meta, pues, consiste en lograr que todas las instituciones públicas funcionen de modo parecido a las Misiones.
El rescate ideológico del funcionariado venezolano debe asumirse como un imperativo de Estado, pues sólo a través del mismo se rescatará la institucionalidad perdida. La lucha contra el burocratismo ineficaz y la corrupción requiere de una Contraloría Social enérgica de un lado… pero del otro, debe existir el apoyo de un aparato gubernamental no menos enérgico y decidido a acabar con esos flagelos. Ambas fuerzas, la social y la administrativa, son complementarias y resumen la esencia del participativismo que caracteriza la Revolución Bolivariana. Es urgente que los funcionarios de alto nivel y de nivel medio identificados con el Proceso en marcha tomen conciencia de ello y se unan a la tarea concientizadora y correctiva. La Historia nos enseña que las maquinarias partidistas no asumen ese rol, y el ejemplo patrio así lo confirma. Compete a las bases asumir la tarea de formación ideológica… y, ciertamente, nuestros funcionarios forman parte de las bases, por lo que su responsabilidad en cuanto a depurar el rumbo de la Administración Pública es innegable e ineludible. Si queremos tener un aparato gubernamental mejor y distinto de aquel viciado y corrupto que caracterizó la nefasta Cuarta República, sólo lo lograremos si, pueblo y Administración unidos, tomamos conciencia y nos dedicamos seriamente a lograrlo.-
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* Ex Director General de Control Previo y Consultor Jurídico de la Contraloría del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital – Integrante de la ONG “Fortalecimiento del Poder Local” – Co autor de Manual de Procedimientos de Contraloría Social, en imprenta.-
