Precios, robos y súper-ganancias

Lo ocurrido con baterías Duncan, valga la cuña, nos sirve para desnudar la metodología que ha venido instrumentando la derecha fascista para caotizar la economía nacional y, con ello, procurar desestabilizar la conducta pacífica del pueblo venezolano, indistintamente sea su postura política a favor de la revolución o la oposición. Corresponderá a los medios de oposición, medios impresos, radiales, televisivos y de internet, jugar un rol estelar en su función de desestabilizar la conducta ciudadana. A finales del 2017, los medios de la derecha fascista casi que, al unísono, venían atacando al subconsciente de los propietarios de vehículos con campañas criminales, una verdadera guerra psicológica. Así, por ejemplo, el diario La Prensa del Estado Lara, titulaba en octubre 2017: "Precios de Baterías descargan bolsillos", señalando el comunicador Luis Montes de Oca en su reportaje, que: "Un conductor debe disponer del salario mínimo integral de un mes para comprar una batería para un carro que supera los 300 mil bolívares, la más económica". En su reporte, Montes de Oca ubica al responsable de tamaña agresión a los bolsillos de los propietarios de vehículos, y así lo señala: "Hasta en un 300 por ciento han subido el valor de las baterías desde principios de año. Esto debido a los constantes aumentos que ha tenido el dólar paralelo". Cuando habla de dólar paralelo, sin duda, habla de la web dólar today, mecanismo tecnológico creado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del gobierno de EEUU, para atacar al Gobierno y pueblo venezolano, mediante mecanismos exponenciales de incrementos del valor del dólar estadounidense en relación con el Bolívar, devaluándolo incesamente. Por su parte, la web colombiana: La Patilla, del tóxico Alberto Federico Ravell, se limita a crear la zozobra, sin profundizar en sus causas: "Esta vez les traemos el infartante precio susto de una batería para el carro, un total de 677.217 bolívares, lo que equivale a un aproximado de 4 salarios mínimos, el cual se ubica en 177.507,44 bolívares", acompaña su reporte con fecha 10-11-2017 con una foto de una batería marca Duncan y una factura de compra por un monto de Bs 621.300,00 más un 09 por ciento de IVA, para un total de Bs 677.217,00. La nota de La Patilla, iba titulada: "Este es el precio SUSTO de una batería en Venezuela".

Hasta aquí, es fácil apreciar la metodología desestabilizadora. Se incrementa -artificialmente el valor de la moneda externa- el dólar, en relación a la nacional (el Bolívar), el comerciante incrementa sus precios en esa proporción y de inmediato se activan los medios de comunicación de la derecha con campañas que apuntan a destacar –incisivamente- que los precios suben desproporcionadamente sin que nadie, léase bien: el Gobierno, haga nada para impedirlo. En este momento, es donde intervienen los actores políticos a quienes se les asigna la misión de acusar como responsable de tamaño desastre, al supuesto modelo de economía bolivariana, "impuesto" con expropiaciones y nacionalizaciones por Hugo Chávez, y continuado por Nicolás Maduro. Esas acusaciones, eminentemente políticas, serán reforzadas entonces por sesudos analistas, supuestos "expertos", por lo general economistas a quienes se les encarga la tarea de darle una tonalidad academicistas al desastre creado –artificialmente- por agentes económicos claramente identificados políticamente con la oposición fascista. Es así, que llevado, mejor dicho, empujado por las circunstancias de la matriz de opinión creada en el subconsciente nacional, que se decide actuar el órgano de gobierno creado para atacar esta nueva modalidad de corrupción empresarial: la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).

Así tenemos, que pasados siete meses de iniciada esa campaña criminal por la derecha fascista contra los propietarios de vehículos en territorio nacional, es que el pasado 17 de abril de 2018, la Sundde se decide actuar y realiza un proceso de fiscalización contra la comercializadora de baterías para vehículos marca Duncan, ubicada en Los Ruices, Estado Miranda. Los fiscales, detectan entonces diversas irregularidades, entre las cuales destacan, que cada dos semanas incrementaban los precios de las baterías, violentando el estamento jurídico de la Sundde en sus artículos 49, 54 y 56. Además, esa comercializadora de baterías, condicionaba sus ventas, lo cual es penalizado también por la Ley de Precios Justos, pues solicitaban a los compradores, la condición de tener que dejar una batería usada o vieja para poder obtener una nueva. Finalmente, la Sundde anuncia su gran medida en su tuiter @sundde_ve: "Se ha ordenado una medida de ajuste y congelación de Precios en todas las 45 sucursales Duncan a nivel nacional por los ilícitos de ESPECULACIÓN, CONDICIONAMIENTO DE VENTA Y DESESTABILIZACIÓN ECONÓMICA". De inmediato, se activa toda una red de tuiteros revolucionarios que comienzan a celebrar la medida, se agolpan a las puertas toda una red de compradores que aprovechan la supuesta "oferta" a supuesto "precio justo", que de justo no tiene ni los bornes, como lo señala Oscar Guerra, entrevistado por Últimas Noticias, quien aseguró que: "la batería costaba Bs 12 millones y con este bajón la compré en 5 millones de bolívares". ¿Cuesta realmente, una batería para vehículos, 5 millones de bolívares? La impunidad, es la nota resaltante de esa actuación de la Sundde. No hay detenidos, tan solo una simple multa que se convierte en apenas un rasguño a sus enormes ganancias, obtenidas mediante precios súper inflados. En pocas semanas, se reiniciará el ciclo: precios altos, que subirán semana a semana o día a día, nueva campaña mediática atacando al gobierno de no hacer nada, y nueva fiscalización de la Sundde. Toda una campaña de desgaste, en la que los únicos perdedores serán el pueblo y el gobierno. Sobre todo éste último, quien será -en definitiva- el responsable por no hacer nada.

En diciembre de 2015, un escándalo sacude la opinión pública estadounidense, es detenido por el FBI el empresario Martin Shkreli, consejero delegado de Turing Pharmaceuticals. Según los medios, uno de los empresarios más odiados por los estadounidenses, por su decisión de incrementar en un 5.455,00 por ciento el precio de un medicamento esencial para tratar el VIH, Daraprin. De los iniciales 13,50 dólares lo elevó a 750 dólares, tras hacerse de los derechos de propiedad del mencionado medicamento. Su actuación, fue criticada por todos los segmentos de la sociedad política de EEUU, desde Hillary Clinton hasta el propio Donald Trump. Shkreli, fue sentenciado en marzo de 2018, a cumplir pena de prisión por 07 años. La fiscalía, solicitaba 15 años, la jueza de distrito Kiyo Matsumoto, ordenó –adicionalmente- que se confiscaran sus bienes hasta por un monto de 7,36 millones de dólares en activos, para hacer frente a sus responsabilidades civiles por las acusaciones de fraude. Siendo, ésta última, la causa que motivó la sentencia de la jueza. El empresario, defraudó a sus inversionistas en dos fondos de cobertura bajo su responsabilidad y mintió acerca de una compañía que fundó en 2011, llamada Retrophin, para mantener el precio de sus acciones infladas de manera artificial o inducida. Importante apuntar, el trato dado por los medios de comunicación al empresario-especulador, al acusarlo de ser el hombre más odiado de EEUU, imagen negativa, que ya lo colocaba en la mira de los órganos de justicia. Si bien, en EEUU la especulación es algo natural al sistema económico capitalista, la conducta de la sociedad ante quienes abusan con los precios, es reprendida por el pueblo estadounidense.

Una vez que la Sundde ha actuado, los medios actúan entonces en sentido contrario. La campaña mediática, se reorienta a satanizar la Sundde, acusándola de interferir contra la libre competencia y el libre mercado. Interviene entonces, el gran actor: Fedecámaras, a través de su presidente Carlos Larrazábal, a recoger los vidrios rotos y reorientar el discurso que debe unificarse mediáticamente: "El gobierno sigue aplicando la misma estrategia que ha aplicado de ir contra los productores pero no ataca la raíz del problema, que es la falta de insumos, materia prima y el control de precio y de cambio, lo que trae caída de la producción" (talcualdigital, 17-04-2018), concluyendo en que: "El Dicom no asigna nada y esto es otro freno a la producción", dólares y más dólares es lo que exigen. Proponiendo, la ingobernalidad si continúan las fiscalizaciones: "El único que puede trabajar a pérdida es el Estado, los empresarios privados debemos tener ganancias para poder mantener las operatividad, pagar salarios, invertir". Con ese discurso, previenen nuevas actuaciones de la Sundde, actúa la quinta columna -en el seno del gobierno- advirtiéndole al Presidente Maduro de lo inconveniente de seguir con las fiscalizaciones pues podrían cerrar empresas y venir desabastecimiento. Se paraliza, la actuación ofensiva del Gobierno. El pueblo, de nuevo, será objeto de mayores agresiones de la élite empresarial. Se reinicia el ciclo: precios, robos y máximas ganancias. Tanto va el cántaro al río, hasta que se revienta…

Caracas, 22-04-2018



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Henry Escalante


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