En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de reconocerse los Derechos Humanos “universales”, se incluyen derechos a la alimentación, la salud, la educación y la vivienda, gratuitos o en condiciones que garanticen su satisfacción. Ello de por sí implica grandes compromisos para cualquier Estado y sociedad, agravados en el caso de los gobiernos del Comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro por la necesidad de cubrir en paralelo la inmensa deuda social acumulada durante los decenios cuartorepublicanos y las necesidades derivadas del crecimiento de la población. Objetivos que han podido ser satisfecho en grados antes inimaginable por la recuperación y redistribución del ingreso petrolero.
El derecho más atacado por la oposición en este momento es “la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor” (Artículo 305 de la CRBV). Y lo es, porque por distintas razones – el papel del petróleo en nuestra economía, la nulidad productiva del sector privado, la dificultad que implica gobernar bajo fuego permanente del enemigo, la concentración de la población en centros urbanos, etc. - su satisfacción no ha sido lograda gracias a la “agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral” contemplada en el mismo Artículo, sino gracias importaciones que se ha prestado a toda clase de ilícitos.
Por ello chavistas y no chavistas, conscientes del impacto que tiene la reducción coyuntural del ingreso petrolero sobre la capacidad de importación, del saboteo que practica el sector privado que aún conserva el control sobre eslabones claves de la cadena que va de la importación a la venta de alimentos y de las dificultades que enfrenta el Gobierno para satisfacer la seguridad alimentaria de los venezolanos, están pendientes del “golpe de timón” que los liberará del saboteo y la especulación. Están esperando las medidas extraordinarias que el Presidente Maduro anunció iba a tomar antes de tres meses que vencen el próximo 31 de julio.
Garantizar la seguridad alimentaria es proteger la vida y la salud del pueblo.
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